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Moreno Ocampo ya es fiscal jefe de la Corte Penal Internacional
El abogado argentino fue elegido ayer por unanimidad; era el único candidato
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NUEVA YORK.- El abogado argentino Luis Moreno Ocampo fue elegido ayer por unanimidad como el primer fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que queda así lista para comenzar a enjuiciar pronto a Estados y personas sospechosos de haber cometido crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o genocidio.
La designación de Moreno Ocampo como fiscal jefe se daba por descontada ya que, tras varios meses de intensas negociaciones, fue el único candidato que salió por consenso.
Ayer, en la sede de Naciones Unidas, la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma (1998, que dio origen a la CPI) aprobó a este especialista en legislación penal y derechos humanos, conocido por haber sido fiscal asistente en la investigación y el procesamiento de la junta militar que gobernó la Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983).
"Es un momento histórico para la Corte Penal Internacional", señaló Richard Dicker, uno de los directores del grupo defensor de los derechos humanos Human Rights Watch, que junto a representantes de unas 200 organizaciones no gubernamentales estuvo presente en la votación. "La elección de un experimentado fiscal y profesor de Harvard es una prueba adicional de que la Corte será una institución seria, responsable y efectiva", agregó con respecto a quien fue cofundador de la organización de participación cívica Poder Ciudadano, es consejero de Transparencia Internacional y enseña en la Escuela de Leyes de Harvard, después de haber dado clases también en la Universidad de Stanford.
Graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Moreno Ocampo, de 50 años, tendrá ante sí un enorme desafío a escala global, sólo comparable con los juicios de Nuremberg y Tokio después de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene como precedente inmediato los tribunales especiales establecidos para investigar los genocidios en la ex Yugoslavia y en Ruanda. Desde la entrada en vigor del Tratado de Roma, el 1° de julio de 2002, la CPI ya ha recibido más de 200 denuncias, muchas de ellas relacionadas con la situación que se vive en Colombia y en el Congo, ambos signatarios del Tratado.
Socio del estudio Moreno Ocampo & Wortman Jofre, el flamante fiscal jefe ha participado en muchos de los casos más relevantes de la historia penal argentina. En 1986, como fiscal asistente, estuvo a cargo del juicio contra el ex jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Ramón Camps; al año siguiente participó en la extradición de Guillermo Suárez Mason de Estados Unidos; fue fiscal en los juicios por los levantamientos militares de 1987 y 1990; en 2001 representó a las víctimas italianas del ex jerarca nazi Erich Priebke, y en 2002 estuvo a cargo de la representación de los familiares del general chileno Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires en 1974.
En La Haya
"Se trata de un hombre de reconocida integridad", dijo el presidente de la Asamblea, el embajador jordano ante la ONU, príncipe Zeid al-Hussein, que anunció que Moreno Ocampo asumirá el próximo 9 de junio en la sede de la CPI, en La Haya, y estará en el cargo nueve años. Otros fiscales irán siendo nombrados más adelante, cuando surjan los primeros casos.
El principal obstáculo que se le presenta a Moreno Ocampo en su nuevo cargo es el hecho de que varios países importantes, como Estados Unidos, China, Rusia, Israel e India, no son actualmente parte del Tratado de Roma y por lo tanto no quedan bajo la jurisdicción de la Corte. De hecho, Estados Unidos, que había firmado el Tratado con el presidente Bill Clinton, no sólo retiró su firma de la mano de George W. Bush, sino que ha lanzado una agresiva campaña para proteger a los militares norteamericanos que sirven en el extranjero, y ha firmado 27 pactos bilaterales para que sus ciudadanos no estén sujetos a la jurisdicción de la CPI cuando se encuentren en misión en otros países. La ausencia del respaldo de EE.UU. ha despertado dudas sobre la efectividad que tendrá la Corte, que entrará a funcionar en los próximos meses.
"Estados Unidos debería observar el trabajo del fiscal en los primeros años de su mandato -señaló Dicker, de Human Rights Watch-. En vez de un fiscal "paria" con una agenda antinorteamericana, verán un profesional responsable e independiente."
El tribunal, compuesto por 18 jueces, no tiene poder retroactivo y se ocupará sólo de los casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos después del 1° de julio de 2002 que las cortes nacionales no puedan o no quieran tratar. El fiscal podrá iniciar casos a partir de denuncias privadas, de Estados parte, de investigaciones propias o por referencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que es independiente. Un total de 139 países firmaron el estatuto y hasta ahora sólo lo han ratificado 89.
Es muy improbable que la Corte trate la reciente invasión a Irak, ya que ni Estados Unidos ni Irak son parte del tratado. Puede sí esperarse que Gran Bretaña -que es parte del estatuto- permita que sus propios tribunales analicen cualquier denuncia.
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