“No hay perdón”: Lula pidió un castigo ejemplar contra quienes asaltaron Brasilia hace un año

BRASILIA.– En un acto de aniversario cargado de simbolismo, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, defendió que no haya “perdón” y pidió “castigos ejemplares” contra quienes “atentaron contra la democracia” el 8 de enero de 2023, cuando a una semana de su asunción miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y depredaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

“Democracia inquebrantable” fue el lema del acto institucional preparado por el Palacio presidencial del Planalto en el salón negro del Congreso, para recordar la jornada de los actos vandálicos.

Lula defendió que “todos los que financiaron, planearon y ejecutaron el intento de golpe” sean responsabilizados.

“No hay perdón para quien atenta contra la democracia y su propio pueblo. El perdón sonaría como impunidad. Y la impunidad, como salvoconducto para nuevos actos terroristas”, dijo el presidente de izquierda, principal orador del acto.

Al igual que la noche del 9 enero de 2023, cuando caminó por la central plaza de los tres poderes con autoridades del Supremo, ministros y gobernadores desde el Palacio presidencial del Planalto hasta la Corte, repitió en el primer aniversario una exhibición de unión de los poderes en torno a la defensa de las instituciones democráticas.

El presidente brasileño reunió a los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco; de la Corte, Luis Roberto Barroso; y del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, además de gobernadores y ministros.

“Si el intento de golpe hubiese tenido éxito, la voluntad del pueblo habría sido robada. Y la democracia, destruida. Brasil estaría sumergido en el caos”, aseguró Lula.

Sin nombrarlo, el mandatario calificó al expresidente Bolsonaro –investigado por la corte como posible instigador y autor intelectual del 8 de enero– como “golpista”, y advirtió que “adversarios políticos y autoridades podrían haber sido fusilados” como “alentó y sus seguidores tramaron” en redes sociales.

El 8 de enero de 2023, miles de seguidores de Bolsonaro, furiosos por el resultado del ajustado balotaje en el que Lula se impuso al expresidente por menos de dos puntos, invadieron los predios de los tres poderes y clamaron por una intervención militar.

“Las personas que dudan de las elecciones y de la legalidad de la urna brasileña porque perdió las elecciones... ¿por qué no piden que sus diputados y senadores renuncien? Los tres hijos de él [Bolsonaro] fueron electos, ¿por qué no renuncian en protesta a la urna fraudulenta”, cuestionó el presidente de Brasil.

Tras asegurar que la respuesta de las instituciones permitió “salvar la democracia”, Lula pidió una reglamentación de las redes sociales, apuntadas por su presunta laxitud en la moderación de discursos de odio.

Poco antes había hablado Moraes, que conduce las investigaciones en la Corte y prometió que no habrá “apaciguamiento” en los procesos.

“El fortalecimiento de la democracia no permite confundirnos paz y unión con impunidad u olvido. Un apaciguador es alguien que alimenta un cocodrilo esperando ser el último a ser devorado”, apuntó el juez, que hasta ahora propuso penas de hasta 17 años contra los primeros condenados por los actos golpistas.

De los 2170 que llegaron a quedar presos por la asonada, 30 ya fueron condenados por haber participado en los actos antidemocráticos, por delitos como golpe de estado y asociación criminal. La corte brasileña prevé juzgar a 146 reos hasta abril de este año.

Moraes, que también preside actualmente el TSE, reiteró la necesidad de reglamentar las redes sociales, ámbito que ha permitido el avance de “un nuevo populismo digital extremista y sus aspirantes a dictadores”.

Una vez que concluyeron los discursos, Lula caminó con el presidente del Senado hasta la entrada del Congreso y posaron juntos, dándose un apretón de manos, delante de la maqueta de una Constitución Federal, instalada ayer como símbolo de la victoria de la democracia.

En la explanada de los ministerios, la avenida central de Brasilia donde se levantan los ministerios y las sedes de los tres poderes, se desplegaron unos 2000 agentes de seguridad –casi cuatro veces el número de efectivos la tarde de los ataques–, ante la posibilidad de manifestaciones, que finalmente no ocurrieron.

Polarización

Por la mañana, antes del acto, la policía federal brasileña realizó una nueva fase de la operación Lesa Patria, contra financistas e instigadores del asalto a las sedes de los tres poderes un año atrás.

Fueron cumplidas una orden de arresto en Bahía y 46 de allanamiento en el Distrito Federal y once estados por orden del juez de Moraes, relator de las investigaciones en el STF. Además se determinó el bloqueo de bienes de los investigados.

Las autoridades calculan que los destrozos de un año atrás, con rotura de puertas y ventanas y daños en valiosos muebles y obras de arte, causaron un perjuicio de 40 millones de reales (unos 8 millones de dólares).

Un año después de los hechos, la polarización perdura.

Mientras el expresidente Bolsonaro el fin de semana acusó sin pruebas a la “izquierda” de haber tendido una trampa con infiltrados en los actos del 8 de enero, gobernadores del sur y sureste brasileño, identificados al bolsonarismo, como el de San Pablo, exministro Tarcísio de Freitas, se ausentaron del acto en la capital. En su mayoría, alegaron estar de vacaciones o incompatibilidad de agendas.

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