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Otro escándalo de corrupción sacude a Washington
Involucra a legisladores republicanos
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WASHINGTON.- En momentos en que la Casa Blanca intenta sobreponerse al escándalo desatado en Estados Unidos por las escuchas secretas autorizadas por el presidente George W. Bush, un nuevo terremoto político sacude al gobierno republicano y amenaza con complicar aún más al mandatario en el comienzo de este año electoral.
En lo que podría generar el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente en Washington, el principal lobbista republicano, Jack Abramoff, aceptó anteayer desenmascarar ante la Justicia una amplia red de sobornos en la cual estarían involucrados por lo menos 20 parlamentarios y sus asesores, la mayoría pertenecientes al partido de Bush.
La noticia hizo temblar a todo Washington y, especialmente, a la Casa Blanca, ya que los amigos republicanos del presidente eran el blanco preferido del lobby de Abramoff. Además, el lobbista recaudó más de 100.000 dólares para la campaña por la reelección de Bush, en 2004.
Abramoff, que era uno de los lobbistas más poderosos de Washington -cobraba 750 dólares por hora-, se declaró anteayer culpable de conspiración, evasión fiscal y fraude. Está acusado de "corrupción de funcionarios públicos" para su enriquecimiento personal y para beneficiar a los clientes que representaba, entre ellos, una compañía telefónica y varias tribus indígenas dueñas de casinos, que donaron millones de dólares a las campañas de legisladores republicanos.
Según las autoridades, Abramoff, un judío ortodoxo de 46 años, regaló a varios congresistas y a sus asesores viajes al exterior, cenas en restaurantes de lujo y codiciadas entradas a eventos deportivos, a cambio de "ciertas acciones legislativas" favorables a sus clientes, a quienes también defraudó por millones de dólares. "Lo único que espero es poder obtener el perdón del Todopoderoso y de aquellos a los que hice daño", dijo el otrora poderoso lobbista.
La admisión de culpa abre el camino para que Abramoff coopere con los fiscales en una investigación que se cree que podría involucrar por lo menos a 20 miembros del Congreso y posiblemente a funcionarios del gobierno. Según el diario The Wall Street Journal, 60 legisladores gozaron de los beneficios de Abramoff. Entre ellos, se encuentra el ex líder republicano de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, amigo personal de Bush, quien debió dejar su cargo en septiembre pasado, acusado de fraude electoral
Abramoff accedió a colaborar con las autoridades a cambio de una reducción de su condena, que podría llegar a 30 años de prisión. A cambio de sus testimonios, el lobbista podría recibir entre nueve y once años de cárcel. Ese acuerdo le ha quitado el sueño a más de un político en Washington y amenaza con develar un escándalo de mucha mayor proporción.
Ante esta negra perspectiva, muchos legisladores comenzaron a deshacerse de las contribuciones de Abramoff y donaron el dinero a organizaciones caritativas. También la Casa Blanca se apresuró a distanciarse del creciente escándalo. El vocero de Bush, Scott McClellan, afirmó ayer que el presidente no conocía personalmente al lobbista, aunque reconoció que éste había asistido a tres recepciones en la Casa Blanca en los últimos años. Asimismo, McClellan dijo que el mandatario donará 6000 dólares que recibió en 2004 del lobbista.
Los demócratas no tardaron en reaccionar. "La cultura de corrupción y de abuso de poder, signo distintivo de la administración Bush y de los republicanos de Bush, no se tomó pausas en las Fiestas de fin de año", dijo la vocera del Partido Demócrata, Karen Finney. El partido opositor pretende aprovechar el escándalo y colocar este año el tema de la ética en el centro de la campaña electoral.
El momento político no podría ser peor para los republicanos, cuando faltan once meses para las elecciones legislativas de noviembre, que decidirán el control del Congreso. Además, ocurre mientras la Casa Blanca se ve cada vez más complicada por otro escándalo, el de las escuchas telefónicas a miles de estadounidenses, autorizadas por Bush sin una orden judicial. El vicepresidente Dick Cheney defendió ayer las escuchas, que, dijo, "han ayudado a detectar e impedir posibles actos de terrorismo contra el pueblo estadounidense".
Agencias AP, DPA, ANSA y EFE
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