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Para ganar la paz, el gobierno de Aznar no exigirá las armas a ETA
Plan: también liberaría a presos etarras y pagaría las indemnizaciones a los familiares de las víctimas de la violencia.
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MADRID.- El gobierno español prepara un plan de negociaciones destinado a acabar con la violencia de la organización armada independentista vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA), en el que renunciará a exigir la entrega de las armas.
El plan entraría en aplicación a partir del momento en que ETA, que el 18 de septiembre último declaró un cese unilateral del fuego, anuncie que renuncia definitivamente a la violencia.
Los detalles de este plan fueron revelados ayer por el diario El País. En primera instancia, el plan podría ser negociado entre el gobierno y Arnaldo Otegi, vocero de la coalición Herri Batasuna (HB), considerada el brazo político de ETA. El plan estaría inspirado en el proceso que desembocó en la autodisolución de ETA Político-Militar (ETA-PM), el 30 de septiembre de 1982.
ETA-PM surgió en 1974 como resultado de una escisión del grupo independentista madre. En 1982, decidió renunciar a la violencia y reconocer la legitimidad de las instituciones políticas vascas a cambio de medidas de reinserción para sus militantes encarcelados o exiliados.
Los gobiernos de Adolfo Suárez y de Felipe González nunca le exigieron a ETA-PM que entregara las armas.
En los hechos, la entrega de las armas, en lo que el gobierno conservador de José María Aznar ha venido insistiendo, es considerada simbólica y sin valor práctico. Nadie conoce con exactitud la cantidad de armas en poder de ETA y, además, las mismas pueden reponerse con facilidad en el mercado clandestino de armamento.
Factor irritativo
Justamente por su valor simbólico, la exigencia de entregar las armas es contemplada por los observadores como un factor irritativo, que puede trabar el proceso de paz. Entregar las armas significa admitir la derrota militar, algo que ETA no estaría dispuesto a conceder pese a firmar la paz.
Según El País, el gobierno conservador de José María Aznar pretende entablar consultas con el Poder Judicial y con las víctimas de los atentados para llegar a la liberación gradual de 500 presos etarras.
Para facilitar el proceso, el gobierno español se comprometerá a pagar a las víctimas de ETA la totalidad de las cantidades que se les debe por daños y perjuicios causados por los terroristas condenados por la Justicia. Para ello, la Legislatura deberá aprobar un crédito extraordinario.
Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), los etarras condenados deben a sus víctimas un total de 60.000 millones de pesetas (429 millones de dólares). La AVT sólo ha logrado cobrar hasta ahora unos 400 millones de pesetas.
El Parlamento adoptará, por otra parte, una declaración en la que reconocerá oficialmente el valor del sacrificio de los miles de personas heridas en los atentados y de las familias de unas 800 personas asesinadas por ETA desde 1968.
El subsecretario del Interior, Leopoldo Calvo Sotelo, afirmó a El País que el gobierno podría pedirle al Parlamento el préstamo extraordinario para pagar a las víctimas de ETA tan pronto como sea fijada con exactitud la totalidad de esa deuda.
Fase preliminar
"Estamos en una fase preliminar. Esta es una situación delicada y compleja. Hasta el momento, no ha sido tomada ninguna decisión definitiva -indicó Calvo Sotelo-. Lo que está claro para el gobierno es que las víctimas del terrorismo ocuparán un lugar primordial en el proceso de paz."
El plan sale a la luz una semana después de que los nacionalistas moderados fueran reelegidos en las elecciones celebradas en la región autónoma del País Vasco, en las que HB ascendió en la cantidad de sufragios. Los nacionalistas moderados buscan ahora formar un gobierno regional que podría jugar un papel muy importante en el proceso de paz.
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