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"Patriotas cooperantes": otra arma del chavismo contra los opositores
Las denuncias de estos ciudadanos anónimos que responden al gobierno de Maduro son suficientes para iniciar causas legales; los casos aumentaron desde las protestas de 2014
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CARACAS.- Una nueva clase de ciudadanos está emergiendo en Venezuela: los "patriotas cooperantes". Para el gobierno de Nicolás Maduro son los garantes de la revolución socialista que ponen a raya el ala más radical de la oposición. Pero sus adversarios sostienen que el término no es más que un eufemismo para el ejército de soplones con el que las autoridades buscan sembrar el miedo y evitar la disidencia.
No tienen rostro, ni identidad, pero sus testimonios son suficientes para iniciar causas legales plagadas de irregularidades, que erosionan la imparcialidad del sistema de justicia y el equilibrio de poderes de la democracia venezolana.
Documentos de los juicios donde fueron testigos principales muestran que su número y los detenidos por sus delaciones van en aumento. En contravención a las leyes locales, decenas de venezolanos han sido procesados por estas denuncias anónimas, acusados de tener la voluntad de perpetrar un delito aun antes de intentar cometerlo.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Rodolfo González. Al regresar del cine, una noche de abril del 2014, funcionarios del servicio de inteligencia allanaron su departamento en el este de Caracas y se lo llevaron esposado bajo cargos de ser "uno de los cerebros" de las protestas contra Maduro que, a principios de ese año, dejaron 43 muertos.
El llamado que alertó a los agentes provino de un "patriota cooperante" anónimo que les suministró una grabación de audio de González que no fue presentada en el juicio y en la que, supuestamente, el ex piloto comercial planeaba "actos de-sestabilizadores" contra el gobierno. Esa misma noche, González, de 63 años, fue encerrado en un oscuro calabozo del servicio de inteligencia (Sebin), donde, casi un año después y sin que hasta ese momento se hubiese iniciado el juicio en su contra, se quitó la vida al ahorcarse con su cinturón cuando estaban a punto de trasladarlo a una cárcel.
El gobierno en varias oportunidades elogió a los "patriotas cooperantes" y hasta el propio Maduro invitó a sus huestes a sumarse. "Llamo al pueblo venezolano a estar alerta y a que nos convirtamos en millones de «patriotas cooperantes» para garantizar la paz de este país, la estabilidad", dijo recientemente, ante miles de adeptos.
Desde el retorno de la democracia a Venezuela, en 1958, nunca se había fomentado desde el Estado la vigilancia y la delación entre ciudadanos. Pero todo cambió el 31 de marzo de 2011. Ese día, tras una caminata de seis horas a través de la espesa selva venezolana, miembros del ejército detuvieron a dos nacionales y dos colombianos supuestamente dedicados a la minería ilegal. Los uniformados llegaron al lugar, en el corazón del estado sureño de Amazonas, gracias al aviso de dos "patriotas cooperantes", según consta en el expediente del juicio. Ése fue el primer proceso en el que aparecieron individuos protegidos bajo aquella figura anónima.
Desde ese momento hasta 2013 fueron iniciados menos de una decena de casos judiciales por estos delatores sin nombre. Pero fue a partir de 2014, durante las violentas protestas contra Maduro, cuando los casos originados por "patriotas cooperantes" empezaron a multiplicarse. Desde entonces y hasta ahora ha habido por lo menos 20 casos, según un recuento de Reuters ante la falta de estadísticas oficiales o de organizaciones civiles.
Más juicios
"Sin duda están aumentando" los juicios por delaciones de "patriotas cooperantes", dijo el abogado José Vicente Haro, que defendió a una veintena de personas inculpadas. "Antes no había visto esa figura", agregó. Para Haro y otros juristas ese incremento es igual de preocupante que su actuación al margen de la ley. En las decenas de expedientes se afirma que los denunciantes, identificados como "patriota cooperante", "testigo" o "informante", no aportaron datos filiatorios en "resguardo de su identidad física" y por temor a "represalias".
"Eso impide que el defensor pueda interrogar a esa persona en juicio para verificar sus dichos y contrastarlos con la realidad", se quejó Haro. De hecho, tal procedimiento va en contra de la legislación venezolana, que estipula que toda denuncia debe acompañarse de la identificación completa del acusador. La única excepción aplica para operaciones encubiertas en casos de delincuencia organizada o terrorismo, y siempre, previa autorización judicial.
Una madrugada de abril de 2014, en plena efervescencia de las protestas opositoras, un grupo de funcionarios de la policía de investigaciones se apostó en la puerta del departamento de la poetisa Balvina Muñoz, en Caracas. Los agentes tocaron el timbre y, al no obtener respuesta, empezaron a golpear la puerta con ferocidad hasta que Muñoz, en bata y desconcertada, les abrió.
"¡Dame la novela!", le gritó uno. "La que estás escribiendo... ¡Dámela!", le espetaron, según una de sus abogadas, Elenis Rodríguez. Los uniformados buscaban el borrador de El amor en tiempos de guarimba, la primera novela de Muñoz, que cuenta el devenir de los jóvenes venezolanos durante las protestas. Acusada de "instigar al terrorismo y al odio social", Muñoz, madre de dos chicos, fue encerrada durante 11 meses en una cárcel de mujeres en las afueras de Caracas. Allí, según su defensa, fue golpeada brutalmente.
Semanas antes de su detención, una joven delgada y muy atractiva llegó al campamento de estudiantes que Muñoz frecuentaba en busca de inspiración para su novela. Después de ganarse su confianza, la literata le contó sobre su ópera prima, sin sospechar lo que le costaría esa confidencia.
Quienes padecieron sus delaciones creen que existirían dos tipos de "patriotas cooperantes": los "amateurs", que cobran por la información suministrada, y los "profesionales", que pertenecen a los servicios de seguridad del Estado. Los primeros suelen ser esporádicos y espontáneos, mientras que a los segundos se les asigna una labor específica. "El «patriota cooperante» es un «sapo», puede que exista, que se convierta para ganar indulgencias con el gobierno. Dicen que les dan dinero", señaló Theresly Malavé, abogada de otro acusado por "patriotas cooperantes".
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