Provoca estupor el exterminio de una familia venezolana

El asesinato hace unos días de Juan José Barrios a manos de supuestos escuadrones parapoliciales amenaza con convertirse en la gota que rebalse el vaso en Venezuela, un país golpeado por una rampante ola de inseguridad y en el que el número de muertes violentas crece día tras día.

¿Por qué? Porque Juan José, de 28 años, fue el séptimo miembro de la familia en ser ultimado desde 1998, cuando los Barrios -mayormente jornaleros que viven en la miseria- empezaron a denunciar abusos de la policía en Guanayén, un pueblo de Aragua (centro-Norte).

Y porque todas estas ejecuciones se produjeron ante la total pasividad del gobierno del presidente Hugo Chávez, y pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, emitió cuatro medidas cautelares que pedían expresamente proteger a la familia. Este organismo había intercedido en favor de los Barrios luego de que se presentó su caso el año pasado, tras la muerte del quinto familiar, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

Ahora, las entidades de derechos humanos venezolanas y regionales están denunciando el "exterminio de la familia" ante la pasividad de las autoridades como parte de una "política de Estado" que asegura la impunidad de funcionarios y uniformados y amedrenta a todos aquellos que quieran elevar la voz para denunciar arbitrariedades.

"La familia Barrios está siendo exterminada frente a la inacción del Estado", señala un reciente comunicado de la CIDH y afirma que "hay elementos suficientes" para concluir que los siete miembros de la familia "han sido ejecutados extrajudicialmente por la policía del estado de Aragua".

Tras el asesinato de Juan José, varios miembros de la familia Barrios han dejado Guanayén para proteger sus vidas mientras evalúan pedir asilo en un país centroamericano, según confirmó Luis Aguilera, secretario general de la Comisión de Derechos Humanos de Aragua, en diálogo telefónico con LA NACION.

Según Aguilera, el caso de la familia muestra que en Venezuela existe una "política de Estado para amedrentar ciudadanos" y evitar que denuncien arbitrariedades.

Los números parecen darle la razón: según datos del Comité de Familiares de Víctimas de Venezuela, de 9131 casos de abusos policiales de los que tuvo conocimiento la Fiscalía Nacional el año pasado, sólo se han llevado 266 ante la justicia. Es decir, apenas el 2,91%.

"En el pueblo de Guanayén, la policía se mete con todo el mundo. Meten presas a las personas porque sí y les quitan plata. Si no tienen dinero, las golpean y las torturan. Es horrible", dijo a LA NACION desde Aragua Beatriz Cabrera Barrios, sobrina de Juan José.

Juan José Barrios fue ejecutado a las 20.30 de la noche del pasado 28 de mayo por dos encapuchados que le dispararon varias veces. Lo interceptaron cuando regresaba a su casa tras dejar a su esposa en un centro médico local. Horas después, su esposa se extrañó de que no estuviera en su vivienda, por lo que pidió ayuda a los hermanos de la víctima, que hallaron al otro día su cuerpo inerte en una zanja. Fue en realidad un episodio más de la truculenta historia que comenzó 13 años antes con el homicidio de Benito Barrios. Este hombre tenía un bar frecuentado por policías de Aragua, que tomaban allí bebidas alcohólicas y se retiraban sin pagar sus consumos. Harto, les reclamó una noche los pagos adeudados y apareció poco después muerto con signos de haber sido torturado.

En diciembre de 2003, varios agentes dejaron sin vida a Narciso Barrios, de 22 años. Luego ultimaron a Luis Alberto, en 2004; a Rigoberto, en 2005; a Oscar, en 2009, y a Wilmer, el año pasado. Todos ellos fueron sacados de sus casas por la fuerza, supuestamente en vehículos de la policía regional.

Por Leandro Uría

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