Revisará España la permanencia de 578 argentinos

MADRID.- No son los únicos argentinos que están en situación irregular en España. Pero para los 578 a quienes en diciembre se les rechazó su pedido de residencia en la península comenzó ayer una nueva instancia que podría revertir aquel dictamen y liberarlos del riesgo de ser expulsados.

Así lo afirmó ayer a La Nación el secretario de Estado español para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda. "No puedo anticipar cuál será el dictamen que se dará a esos casos específicos. Se resolverán en buena lógica. Pero sí dejar en claro que se trata de la revisión de expedientes que forman parte de un proceso extraordinario de regularización y que esos programas se hacen siempre con un espíritu de beneficio al inmigrante", dijo el funcionario.

Más allá de la eventual flexibilidad en estos casos, el dato de que las situaciones son analizada una a una confirma el rigor con que el gobierno español pretende hacer cumplir su controvertida nueva ley para aceptar extranjeros.

El eje de la normativa es que para residir y trabajar en España es necesario llegar al país con un contrato de empleo. Y la sanción máxima para quienes no cumplan con esa norma es la expulsión.

"Ya no vale entrar con la visa de turista y luego tratar de quedarse. Eso no es lo que quiere España y la ley nos da los instrumentos y sanciones para consentirlo", dijo el funcionario.

Insistió en precisar el alcance de la nueva legislación en lo referente a la Argentina. Los turistas que llegan a España no necesitan visado. Ingresan libremente y el sello de entrada vale para permanecer por un máximo de 90 días.

Pero los argentinos que aspiren a residir y trabajar en la península -y no tengan ciudadanía española- deben llegar con un visado que se expide en los consulados ibéricos en nuestro país. Para obtenerlo, la exigencia es la presentación de un contrato que garantice que el extranjero tiene un puesto de trabajo aguardándolo.

Tema clave

Médico de profesión y asturiano de nacimiento, hace un año que Fernández Miranda recibió del presidente del gobierno, José María Aznar, el pedido de tomar entre manos la máxima responsabilidad en materia de inmigración, uno de los temas que más inquieta a la administración española.

Para eso, se creó una delegación especial dentro del Ministerio del Interior que Fernández Miranda lidera con rango de secretario de Estado. En su despacho, ayer confirmó a La Nación que acababa de empezar la revisión de 60.000 expedientes de extranjeros a quienes en diciembre último se les rechazó su pedido de residencia laboral en la península. Entre ellos, hay 578 argentinos.

-¿Sabe en qué situación están esos argentinos ahora? ¿Sabe si permanecen en España o han regresado?

-No sé. En la medida en que nos vayamos comunicando con ellos lo sabremos. Pero si han pedido una regularización, razonablemente podemos pensar que aún están en España.

-¿Cuántos son los argentinos que hay en la península?

-Los datos que nosotros tenemos dan una cifra de 18.369, que son los que legalmente figuran inscriptos. Es un número muy pequeño sobre una población de 1.000.000 de extranjeros.

-¿Y cuántos con los que están en situación irregular?

-Eso no lo sabemos. Son irregulares y esa condición hace que no los podamos registrar de ninguna manera. Ni a los argentinos ni a los de ninguna otra nacionalidad.

-¿Pero cuántos se sospecha?

-En general, lo que temo es que sean demasiados. Yo desearía que fueran los menos posible. Pero temo que no es así. En España, lamentablemente, ha cuajado una cultura que dice "tu vete para España que tarde o temprano se te regularizarán las cosas". Y el mensaje claro que nosotros queremos dar es que con el permiso de turista, el que se da por 90 días, ya no se puede trabajar en España.

-¿En cuánto tiempo sabrán esos argentinos cuál es la suerte que han corrido?

-El compromiso nuestro es que en un plazo máximo de tres meses tengamos una respuesta para los 60.000 expedientes. Si todos los argentinos que vieron negada su solicitud pueden calificar para la revisión, tendrán su respuesta en ese plazo, dijo Fernández Miranda.

La calificación a la que se refirió es muy precisa: la revisión en marcha considera solamente a los extranjeros inscriptos en la regularización extraordinaria que terminó en julio último y que, al momento de entregar su expediente, no hayan podido probar que estaban en España con anterioridad a junio de 1999.

Tan precisa y rigurosa como el articulado de la nueva ley.

Por Silvia Pisani

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