Sánchez niega una “corrupción generalizada” en su gobierno y rechaza adelantar las elecciones
El presidente defendió su gestión en el Congreso en medio de la presión por causas judiciales en su entorno
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LA NACION
MADRID.– El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, negó este miércoles la existencia de una “corrupción generalizada” en su Ejecutivo y defendió su gestión ante el Congreso de los Diputados, en una comparecencia marcada por la presión política y judicial sobre su entorno más cercano.
“Determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que ya les digo, señorías, no existe”, afirmó Sánchez ante la Cámara baja, en una sesión especial convocada en medio de una creciente polémica.
La intervención del jefe del Ejecutivo se produjo apenas dos días después de la condena a 24 años de prisión por corrupción contra quien fuera su mano derecha y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, una figura clave en su ascenso al liderazgo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y posteriormente al poder en 2018.
“Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas”, aseguró Sánchez, de 54 años, quien insistió en que su gobierno no se ha financiado irregularmente y pidió no “prejuzgar” el resto de los casos que afectan a su entorno.
El mandatario identificó lo que definió como un “nubarrón” sobre el debate público, compuesto por tres factores: la condena a Ábalos, la investigación judicial que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y las causas que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.
“Sobrepasan los límites de lo razonable”
En ese sentido, el jefe del Ejecutivo cuestionó especialmente la instrucción judicial contra su esposa, investigada por presunto tráfico de influencias. “La instrucción contra mi mujer, también contra mi hermano, se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía”, afirmó, al tiempo que consideró que medidas cautelares como la prohibición de salir del país “sobrepasan todos los límites de lo razonable”.
El juez Juan Carlos Peinado citó este miércoles a Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla, para que entregue su pasaporte, en el marco de las medidas cautelares dictadas tras la apertura de juicio oral en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La esposa del líder socialista efectuó la entrega esta tarde ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La defensa de Gómez recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid y cuestionó su fundamento, al considerar que la prohibición de salida del país, la obligación de comparecer periódicamente y la retirada del pasaporte carecen de sentido, ya que su custodia policial haría inviable cualquier intento de fuga.
Si bien Sánchez mantuvo un tono combativo durante buena parte de su intervención, reconoció que aún queda “muchísimo por hacer” en materia de lucha contra la corrupción y se comprometió a seguir avanzando en ese terreno.
Críticas de la oposición
La oposición, sin embargo, redobló sus críticas. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, exigió al presidente que disuelva el Parlamento y convoque elecciones anticipadas, previstas en principio para 2027.
“Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva, disuelva usted las Cortes y vayamos a votar”, reclamó Feijóo, quien cuestionó la legitimidad política del jefe del Gobierno.
“La pregunta ya no es si reúne confianza suficiente para gobernar, es evidente que no. La pregunta es por qué tenemos que aguantar que siga actuando como si dispusiese de ello”, agregó el dirigente conservador, que llegó a calificar a Sánchez como “el uno” de un gobierno “corrupto”.
El presidente rechazó de plano esas demandas y ratificó su intención de completar la legislatura. “Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es, ¿cómo no vamos a continuar?”, respondió.
La comparecencia tuvo lugar en un contexto de debilidad política para el Ejecutivo, que gobierna en minoría parlamentaria y enfrenta crecientes dificultades para aprobar leyes clave, incluidos los presupuestos generales del Estado.
Incluso algunos de sus socios habituales en el Congreso expresaron reparos. El vocero de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, cuestionó la continuidad del Gobierno. “Usted ha dicho ‘¿cómo no continuar?’. Vale, bien. Pero, ¿para hacer qué?”, cuestionó.
Múltiples frentes judiciales abiertos
Aunque Sánchez no está formalmente imputado, los frentes judiciales en su entorno se han multiplicado en los últimos meses. Además de la condena a Ábalos, su hermano aguarda sentencia por un presunto caso de tráfico de influencias, mientras que el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, está imputado en diversas causas.
A ello se suma la investigación de una presunta trama destinada a interferir en procesos judiciales contra dirigentes socialistas y la reciente condena e inhabilitación del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una filtración vinculada a un caso de fraude fiscal que afecta al entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
También el expresidente Rodríguez Zapatero, aliado político de Sánchez, se encuentra imputado en una causa por presunta influencia indebida en el rescate de una aerolínea con fondos públicos.
El jefe del gobierno defendió la honorabilidad de su esposa, su hermano y Zapatero, pero marcó distancias con otros investigados, incluidos Ábalos y Cerdán, pese a que ambos formaron parte del reducido grupo que impulsó su liderazgo interno en el PSOE, conocido como el “clan del Peugeot”.
Nuevo informe contra Zapatero
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sostiene en un nuevo informe incorporado al caso Plus Ultra que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero habría cobrado 200.000 euros por interceder en favor del Grupo Gloria, un conglomerado peruano con problemas judiciales en Bolivia. Según los investigadores, el pago se habría canalizado de forma encubierta a través de la empresa Focus Social Research bajo la apariencia de servicios de consultoría, aunque en realidad respondería a gestiones destinadas a evitar el pago de una multa de 107 millones de dólares impuesta a una de sus filiales.
El documento, remitido al juez José Luis Calama y basado en material incautado, incluye el análisis del teléfono móvil de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, y de la agenda personal del exmandatario. A partir de estos elementos, la UDEF detalla contactos y reuniones con altas autoridades bolivianas, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, así como ministros y funcionarios clave. Los agentes concluyen que las tareas atribuidas al contrato de consultoría no se corresponden con la actividad real de la empresa pagadora, orientada al marketing, y apuntan a un supuesto ejercicio de influencia para resolver el litigio que afectaba a Soboce, la filial del Grupo Gloria en Bolivia.
En su informe, la UDEF afirma que estos elementos refuerzan los indicios sobre la posible existencia de una organización orientada al tráfico de influencias, que estaría liderada por Zapatero y operaría aprovechando su proyección internacional y su red de contactos. Los investigadores también atribuyen un rol relevante a Alcázar en la gestión de comunicaciones y documentación.
Desde el entorno del expresidente, sin embargo, rechazan las acusaciones y sostienen que se trató de una consultoría legal legítima, al tiempo que denuncian como “inaceptable” la difusión de agendas y conversaciones privadas en el marco de lo que califican como una investigación prospectiva.
Agencias AFP y ANSA y diario El País
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