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Un movimiento campesino que se opone a metas medioambientales revolucionó el escenario político en Holanda
El gobierno del primer ministro Mark Rutte se enfrentó ayer a una moción de censura por sus planes para reducir a la mitad las emisiones de nitrógeno
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LA NACION
Cuando el primer ministro Mark Rutte se comprometió a reducir a la mitad las emisiones de nitrógeno de Holanda para 2030, jamás pensó que esa decisión desataría una tormenta política que desembocó ayer en una moción de censura en contra de su gobierno.
Presionado por los grupos ecologistas y tras una condena del Tribunal de Cuentas en 2019, el gobierno de Rutte se dispuso a revisar sus metas medioambientales ya que los niveles de óxidos de nitrógeno en el aire y el agua de Holanda, el segundo mayor exportador de productos agrícolas en valor del mundo, superan los límites permitidos por la normativa de la Unión Europea (UE).
La contaminación por nitrógeno en Holanda procede sobre todo de la agricultura, en particular de la ganadería intensiva para carne y productos lácteos, así como del transporte. Provoca acidificación del suelo y, en las aguas, un proceso llamado eutrofización, que se produce cuando la escorrentía de nutrientes reduce la concentración de oxígeno en el agua y da lugar a un denso crecimiento de las plantas.
Frente a este escenario, el sector agrícola debe, según los expertos, reducir la contaminación por nitrógeno hasta en un 70%, lo que ha obligado a la administración de Rutte a considerar medidas radicales.
El año pasado, el gobierno ofreció comprar hasta 3000 granjas y grandes industrias contaminantes en un intento de reducir las emisiones de amoniaco y óxido de nitrógeno.
La ministra de Nitrógeno, Christianne van der Wal, declaró entonces que se ofrecería a los agricultores más del 100% del valor de sus granjas para que las cierren por completo y anunció que en 2023 se llevarían a cabo compras forzosas si fracasaban las medidas voluntarias. La Haya ya ha destinado 25.000 millones de euros a financiar técnicas de reducción del nitrógeno o a comprar determinadas fincas.
“La realidad es que no todos los agricultores podrán seguir con su negocio”, dijo el Gobierno en junio, provocando indignación entre los agricultores, que acusaron a la nueva política medioambiental de amenazar sus medios de subsistencia y estar injustamente equilibrada en su contra.
“Todos los agricultores pueden enfrentarse a la expropiación ahora mismo. Es una situación estúpida, porque no se fijan en mí, sino en la reducción total del nitrógeno. Un algoritmo determina en un mapa que yo tengo que reducir un 47% y otro, un 95″, dijo a Euronews, Jan Arie, propietario de una granja de 120 vacas.
Holanda es un modelo de intensificación agraria. La agricultura y la horticultura holandesas representan el 10% de la economía nacional y el 17,5% de las exportaciones (65.000 millones de euros al año).
El descontento de los granjeros holandeses desembocó en protestas masivas y fue capitalizado por el partido Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB) en las elecciones provinciales de marzo de 2023.
El partido de centroderecha, fundado en 2019, ganó la mayor cantidad de escaños en las 12 provincias del país. Dichas elecciones, que determinan la composición del Senado holandés, supusieron una revolución del escenario político resultando en un duro golpe para Rutte y su partido liberal, el Partido Popular por la Libertad y la Democracia.
La victoria del BBB también ha puesto en entredicho el apoyo a las políticas climáticas y los avances del gobierno en materia medioambiental.
En este contexto, la coalición de centro-derecha de Rutte se ha enfrentado a una moción de censura el miércoles impulsada por el BBB. Aunque se espera que el oficialismo sobreviva a la votación, ya que el conjunto de los cuatro partidos que lo integran tienen una ajustada mayoría en el Parlamento de 150 escaños, el movimiento de la oposición pone de manifiesto la vulnerabilidad del Gobierno tras las elecciones provinciales.
Durante el debate parlamentario del miércoles, la oposición argumentó que el oficialismo no ha ofrecido ninguna política convincente para hacer frente a las emisiones de nitrógeno, así como a otros problemas como la elevada inflación y la inmigración.
“Antepongan el interés del país y dimitan hoy”, dijo Geert Wilders, líder del ultraderechista Partido de la Libertad (PVV).
Sin embargo, el primer ministro no ha dado el brazo a torcer y aseguró ayer que la política del nitrógeno no se paralizará. “No hay varita mágica. Los cuatro partidos de la coalición quieren acelerar (el plan de reducir las emisiones) a corto plazo y lo haremos”, afirmó Rutte.
La crisis del nitrógeno ocupó un lugar central en el debate, ya que ha paralizado la construcción en Holanda, quinta economía de la zona del euro. Esto es así porque una serie de victorias judiciales desde 2019 de los ecologistas obligaron al Gobierno a limitar las emisiones de nitrógeno y preservar la naturaleza antes de que se puedan conceder nuevos permisos de construcción.
No es la primera sentencia favorable que consigue el movimiento ecologista, que está detrás de que se hayan limitado los vuelos que llegan a los principales aeropuertos holandeses y se haya reducido la velocidad en las autopistas.
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