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Un poderoso ministro de Israel le pide a Netanyahu que reconozca la soberanía argentina sobre Malvinas
Itamar Ben Gvir, titular de Seguridad Nacional, acusó a Londres de apropiarse de los recursos del archipiélago; reclamó sanciones mientras continúe la ocupación británica
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LA NACION
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, instó este lunes al primer ministro Benjamin Netanyahu a reconocer la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.
El funcionario hizo el pedido a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que cuestionó la presencia británica en el archipiélago y acusó al Reino Unido de explotar sus recursos naturales.
“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, escribió Ben Gvir.
En el mismo mensaje, el funcionario israelí sostuvo que el Reino Unido “no solo se conforma con ocupar el territorio, sino que también realiza allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”.
Por ese motivo, reclamó directamente a Netanyahu que tome una posición sobre el conflicto. “Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”, agregó.
Gvir es uno de los principales referentes de la ultraderecha israelí y forma parte del ala más extrema del Gobierno. Es líder del partido Poder Judío (Otzma Yehudit), una fuerza diferente del Likud, que encabeza el primer ministro.
En la misma línea, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich -también de ultraderecha-, pidió por la remoción del embajador británico en el país. “No seremos un escape pisoteado de un gobierno antisemita, en un país conquistado por el islam radical, que intenta salvarse de un colapso económico y social mediante el ataque a los judíos y al Estado de Israel. El mandato británico en la tierra de Israel terminó”, sostuvo.
Sus declaraciones se producen días después de que el presidente Javier Milei dedicara una cadena nacional a reivindicar el reclamo argentino sobre las islas y anunciara una serie de medidas vinculadas con las actividades de empresas y Estados extranjeros en la zona.
En un discurso de 15 minutos, pregrabado y emitido desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei puso el foco en la explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en las cercanías del archipiélago y anticipó nuevas iniciativas para reforzar la posición argentina.
El endurecimiento de la postura del Ejecutivo responde también al avance de Sea Lion, un proyecto offshore en Malvinas. La iniciativa está en manos de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, dos compañías de exploración y producción de una escala considerablemente menor que la de las grandes petroleras internacionales. La israelí Navitas es la operadora del proyecto y controla el 65% de las licencias, mientras que Rockhopper, una empresa británica que cotiza en el mercado AIM de Londres, posee el 35% restante.
La participación de Navitas en Malvinas comenzó en 2022, cuando adquirió de Harbour Energy el 65% de las licencias y asumió la operación del área. Desde entonces, se convirtió en la principal impulsora de Sea Lion, que en diciembre de 2025 obtuvo junto con Rockhopper la decisión final de inversión para avanzar con una primera etapa valuada en US$1800 millones. La compañía prevé iniciar la producción en el primer trimestre de 2028.
A modo de respuesta, el mandatario informó que el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de incrementar las capacidades de telecomunicaciones en el sur.
Además, anunció la publicación de un decreto reglamentario destinado a reunir en la Cancillería la información necesaria para impulsar sanciones contra compañías o Estados que realicen actividades ilegales en la zona.
Milei también adelantó que se incorporarán declaraciones juradas en trámites vinculados con hidrocarburos y con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de “asegurar el cumplimiento de la ley” y evitar que se autoricen actividades de empresas que exploten recursos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional.
A su vez, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar la Ley N° 26.659 y establecer sanciones para compañías vinculadas con operaciones no autorizadas.
La iniciativa también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a coordinar políticas para la protección del territorio aeroespacial y marítimo. “Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Malvinas”, explicó el jefe de Estado.
Por último, el proyecto establecerá un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima, con el objetivo de reforzar la protección del territorio ante amenazas.
LA NACION
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