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El “no” que quebró la relación de María Corina Machado con Washington y las dudas sobre el acuerdo petrolero
La Casa Blanca apuesta a una oposición más sumisa y menos confrontativa con Delcy Rodríguez; la ganadora del Nobel cuestionó el pacto y advirtió sobre sus alcances
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Pasados algunos días del anuncio de un acuerdo petrolero histórico firmado entre Estados Unidos y el gobierno venezolano liderado por la presidenta Delcy Rodríguez, algunas certezas van surgiendo en el horizonte, en medio de muchas dudas: sin conocer la letra chica del acuerdo, analistas consultados por LA NACION que prefieren no ser identificados aseguraron que lo que ambos lados consideran un hito en las relaciones bilaterales es, en realidad, un acto inédito de vulneración de la soberanía venezolana.
Otra certeza que existe en Venezuela es que ninguno de los líderes de la verdadera oposición nacional, es decir, la que no negocia con los Rodríguez –Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional–, jamás habría firmado un acuerdo de estas características.
Muchos se preguntan qué pasó en la relación entre la Casa Blanca y la líder opositora María Corina Machado, que sigue siendo, según encuestas que circulan en Venezuela, la antichavista más popular del país.
Según pudo averiguar LA NACION, el vínculo entró en crisis cuando el gobierno de Donald Trump le planteó a Machado que, para ser parte del proceso de recuperación político y económico en su país, debía sentarse a negociar con Delcy Rodríguez. La respuesta de la mujer fuerte de la oposición venezolana, conocida por su carácter resiliente y también inflexible cuando se trata de poner en valor su capital político, fue un rotundo “no”.
Esta situación colocó a Machado en una posición muy complicada, admiten quienes la conocen bien. Con su base de operaciones en Washington, la líder opositora sigue enviando mensajes políticos y planteando los caminos que cree que deberían seguir para que Venezuela viva una verdadera transición democrática. Pero la voz de Machado ya no es escuchada como antes.
En su lugar, el Departamento de Estado instaló a otra mujer, Dinorah Figuera, que fue presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, en su momento controlada por la oposición después de uno de sus triunfos electorales más importantes en la era chavista. En palabras del secretario de Estado Marco Rubio, esa Asamblea Nacional representa el poder legislativo legítimo de Venezuela, y es quien debe negociar con el gobierno de los Rodríguez.
Figuera, oficialmente la jefa de la delegación opositora en las conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez, ha mantenido una línea de cautela y hermetismo sobre los detalles del pacto petrolero. No hay declaraciones a la prensa, pero sí muchos rumores sobre la preocupación que este acuerdo, negociado a espaldas de la sociedad venezolana y de líderes opositores de peso, también despierta en la oposición tolerada por Washington.
Prudencia y sumisión
La opción de la oposición que dialoga con el Palacio de Miraflores es, por ahora, la prudencia y la sumisión. Exactamente lo que buscaba Rubio cuando alejó a Machado del centro de la escena política y convocó a Dinorah, que estaba exiliada en España. La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 respondió al llamado del gobierno Trump, viajó a Venezuela y, desde entonces, ocupa un lugar desde el cual poco ha podido hacer por una verdadera transición política en Venezuela, país donde, al día de hoy, siguen existiendo casi 400 presos políticos.
Machado, por su parte, se pronunció mediante un mensaje en video, en el cual plantea una crítica centrada en la legitimidad y la transparencia del acuerdo, y no en la idea de asociarse con Estados Unidos en materia energética.
La mujer que logró una incuestionable victoria opositora en las elecciones presidenciales de 2024 afirmó que “aún no se conoce el verdadero alcance de este acuerdo, quién firma, qué es lo que realmente se firma, quién pone el dinero, quién da las garantías, cómo beneficia esto a los venezolanos”. Para cerrar con broche de oro, la que es considerada por muchos líder de la oposición más radical de Venezuela, alertó a Washington afirmando que “los enemigos que Estados Unidos tiene en Venezuela están en Miraflores”.
En palabras de una analista política venezolana que sigue dentro de su país y por eso teme dar declaraciones on the record: “María Corina ya no es más funcional al gobierno de Trump. Ningún presidente electo democráticamente habría firmado un acuerdo como ese. Venezuela no es hoy un país soberano; su soberanía está siendo claramente vulnerada”. La misma analista afirmó que “el acuerdo aún no es conocido en su letra chica, y no satisface a los expertos que lo han analizado en profundidad. Un acuerdo como este debería ser firmado por un gobierno legítimo”.
Otros analistas no quisieron opinar ni siquiera off the record, lo que confirma que aún existe miedo dentro del país. Muchos temen que el acuerdo petrolero pueda demorar aún más un todavía hipotético proceso de transición democrática. El chavismo, o el rodriguismo, como algunos plantean, está en el poder, pero el poder lo manejan los Estados Unidos de Trump. Eso está cada día más claro.
Lo que se sabe del acuerdo petrolero es poco. Se le otorgó a Washington el acceso preferencial a 65 millones de barriles de crudo de las reservas venezolanas, las mayores del mundo. El convenio establece el desarrollo de 17 campos estratégicos, con el objetivo de superar una producción de 1,5 millones de barriles diarios. Se proyectó una inversión privada de 100.000 millones de dólares y una recaudación estimada de 209.000 millones de dólares en tributos que la Asamblea Nacional venezolana asegura destinará a la inversión social. Pero todos saben en Venezuela que las finanzas del país son administradas por Washington.
Concesión por 100 años
Los Rodríguez sostienen que el acuerdo tendrá vigencia de 25 años, pero el comunicado oficial de la Casa Blanca habla de una concesión que se extenderá por más de 100 años.
Además de algunas divergencias y puntos no conocidos, el acuerdo le dio destaque a un personaje oscuro: Alejandro Betancourt, propietario y principal accionista de North American Blue Energy Partners (NABEP), según informaron medios locales, la segunda empresa petrolera más grande de Venezuela. A pesar de eso, Betancourt no era conocido por la gran mayoría de los venezolanos. Ahora, el empresario, investigado en Europa por blanqueo de capitales, operará los campos cedidos por Venezuela a Estados Unidos, bajo control del gobierno Trump.
Ante críticas y dudas, Rubio defendió la transparencia de la operación, asegurando que el empresario que muchos definen como un “bolichico”, por el crecimiento de su fortuna durante los últimos años, no enfrenta cargos formales activos en el sistema judicial americano.
Algunos en la oposición venezolana afirman que Betancourt es el nuevo Alex Saab, deportado por el gobierno de Delcy Rodríguez a Estados Unidos después del ataque militar norteamericano a Caracas. Saab fue uno de los hombres de mayor confianza del madurismo. Estuvo involucrado en operaciones financieras que permitieron al madurismo superar sanciones económicas, exportar e importar en medio del cerco impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros.
Fue detenido en Cabo Verde en 2019 y deportado a Estados Unidos en 2021. En diciembre de 2023, fue liberado y devuelto a Venezuela como parte de un acuerdo de intercambio de presos entre Caracas y Washington. Su cabeza fue entregada a Estados Unidos por la presidenta Rodríguez, después de la captura de Maduro.
Ahora se instaló un nuevo esquema de poder, en el cual la dominación de Estados Unidos es total. No son tiempos fáciles para la oposición venezolana que, en un primer momento, creyó que el ataque militar del 3 de enero sería el inicio de una nueva etapa política, sin el chavismo. Grave error. Nació el rodriguismo, dócil y disciplinado.
Trump consiguió algo que parecía imposible: unir la oposición más dura con el chavismo más radical, que soporta en silencio la tutela americana, pero con un profundo malestar.
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