Un rechazo a principios y valores de la Argentina

El 10 del actual, Venezuela comunicó oficialmente a la OEA su decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, la instancia más importante a nivel regional de protección de los derechos humanos. Por medio de ella, los países se comprometieron a "respetar los derechos y libertades reconocidos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas... sin discriminación alguna".

A lo largo de su historia, la convención, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido instrumentos vitales para la consolidación de los derechos humanos. Es indiscutido el trascendental papel que jugó la Comisión durante los terribles años de la dictadura, al realizar una histórica visita al país en 1979 y denunciar la existencia de un plan sistemático de exterminio.

Al retornar la democracia, el presidente Alfonsín firmó la incorporación a la Convención, en 1984, que fue ratificada por el Congreso pocos meses después y obtuvo jerarquía constitucional en la reforma de 1994. Este reconocimiento no es casual, ya que nuestro compromiso con el sistema interamericano es hijo del dolor y de la experiencia ganada acerca de la necesidad de contar con recursos de petición como garantía de prevención y denuncia de las violaciones de derechos humanos.

La denuncia de Venezuela, además, es absolutamente incompatible con su ingreso al Mercosur.

La decisión de Caracas de retirarse de este instrumento de garantía de los derechos humanos no puede tomarse a la ligera. Nunca es ingenuo ni trivial el destrato a las instituciones de tutela de derechos. Con este camino, Venezuela no sólo niega a sus ciudadanos la protección de una serie de instituciones supranacionales sino que rechaza abiertamente los valores y principios que la Argentina y el Mercosur toman como propios.

Por ello, el gobierno argentino tiene la obligación constitucional y moral de hacer lo posible para lograr que Caracas revierta esta denuncia, y de reafirmar en todos los foros internacionales su plena vigencia en la Argentina y en todos los países de América latina.

Por Ricardo Gil Lavedra

• Derechos Humanos

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