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Urdangarin, frente a una pena histórica
El fiscal pedirá 18 años de cárcel para el cuñado del rey; exculparían a la infanta
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LA NACIONMartín Rodríguez Yebra
MADRID.- Sin apoyo político, con sus trampas expuestas a la luz, Iñaki Urdangarin se arriesga a sufrir una condena por corrupción de una magnitud nunca vista en la historia de España.
La Fiscalía Anticorrupción pedirá una pena de 18 años de cárcel para el cuñado del rey Felipe VI por su implicación en el fraude que le permitió desviar a sus cuentas personales partidas millonarias de dinero público obtenidas con el Instituto Nóos, una falsa entidad benéfica.
Su suerte parece echada. Lo procesó el juez José Castro, el tribunal de apelación confirmó los cargos y ahora el fiscal Pedro Horrach le endilgará ocho delitos en su escrito final, previo al auto de elevación a juicio. La gran incógnita del caso que derrumbó el prestigio de la casa real es qué pasará con la esposa de Urdangarin, Cristina de Borbón, hija de Juan Carlos I.
Horrach exculpará a la infanta de todo delito en el documento de 500 páginas que prevé depositar hoy en el juzgado de Palma de Mallorca que lleva la causa y cuyas líneas centrales adelantaron ayer los diarios españoles El País y El Mundo, a partir de fuentes de los tribunales.
De todos modos, la considerará responsable "título lucrativo", por lo que -si se cumpliera su voluntad- la infanta debería devolver el dinero defraudado. Podría corresponderle pagar unos 550.000 euros.
Ése sería el mejor escenario para ella. Después de tres años de investigar juntos, el fiscal y el juez entraron en guerra por sus disidencias respecto de la culpabilidad de Cristina.
Castro la procesó por lavado de dinero y evasión fiscal, pese a la oposición del acusador y de la Abogacía del Estado. La Audiencia de Palma de Mallorca la libró del delito de blanqueo, pero mantuvo el de evasión.
Sin embargo, la hermana del rey podría beneficiarse de una jurisprudencia que impide enviar a juicio a alguien si no lo acusan el fiscal ni la víctima (que en el caso de un delito fiscal sería la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado).
El juez Castro deberá decidir en las próximas semanas si ignora esa doctrina y la obliga a sentarse igual en el banquillo de los acusados, en el que seguramente estarán Urdangarin, su socio Diego Torres y media docena de funcionarios públicos que concedieron contratos con el Instituto Nóos.
El desenlace del caso tiene en vilo a la casa real, a pesar de que el rey Felipe VI se desmarcó de su cuñado y de su hermana apenas se destapó el fraude.
Los asesores del Palacio de la Zarzuela siguen de cerca los movimientos del expediente judicial: su objetivo es conseguir que la infanta Cristina escape al banquillo. A Urdangarin -de 46 años y ex jugador profesional de handball- lo dan por caído.
El daño que produjo este escándalo en la imagen pública de la monarquía española fue uno de los principales motivos que precipitaron en junio pasado la abdicación de Juan Carlos I, después de 38 años de reinado.
Ajena a todas las presiones familiares y políticas, la infanta Cristina se negó a separarse de Urdangarin. Sólo aceptó alejarse del ruido español: hace un año y medio que la pareja vive en Ginebra (Suiza), junto con sus cuatro hijos.
Cristina tampoco ofreció nunca el gesto simbólico de renunciar a sus derechos dinásticos (es sexta en la línea de sucesión del trono español).
Desvíos
Los dos esposos figuraban en el directorio de Nóos, la entidad que entre 2003 y 2006 obtuvo 6,4 millones de euros por organizar eventos deportivos de carácter supuestamente benéfico.
Según la acusación del juez Castro, la infanta Cristina colaboró de manera activa en el desvío de esos fondos a cuentas privadas del matrimonio, luego de pasar por un complejo entramado de empresas fantasma.
Parte del dinero se canalizó hacia la sociedad Aizoon, registrada a nombre de Cristina y de Urdangarin en partes iguales. Un peritaje incluido en la causa sostiene que volcaron en el balance de esa firma por lo menos 700.000 euros que en realidad eran gastos personales: fiestas de la familia, la remodelación de su palacete en Barcelona, viajes de placer y hasta clases de salsa y merengue.
La hija de Juan Carlos I declaró una sola vez ante el juez, en febrero pasado. En ese momento dijo desconocer cuál era la actividad real del Instituto Nóos, se despegó de la gestión de Aizoon y juró que confiaba ciegamente en Urdangarin "por amor".
Los abogados de Cristina se centran en probar ese desconocimiento de los manejos económicos del marido de la infanta, a quien no intentan desligar del escándalo. Saben que tendrá muy difícil evitar la cárcel una vez que se sustente el juicio.
El fiscal lo acusa de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, blanqueo de capitales, falsedad de documento público, falsedad de documento mercantil y dos delitos de evasión. La Abogacía del Estado respalda la querella. Y el juez todavía analiza achacarle algunos cargos más.
En la causa también están imputados la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, responsable de personal del entramado de Nóos, y sus hermanos Marco Antonio, ex contable del Instituto Nóos, y Miguel, secretario de la institución.
En cuanto al ex presidente balear Jaume Matas, involucrado en el caso de corrupción, el fiscal tiene previsto reclamar hoy 11 años de prisión, según adelantaron los diarios españoles.
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