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Aprueba el Senado uruguayo el fin de la ley de amnistía
La votación abrió fisuras en el Frente Amplio; la iniciativa ahora pasará a la Cámara baja
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MONTEVIDEO.– Después de un tenso debate que abrió fisuras en el oficialismo uruguayo, el Senado de ese país votó ayer a favor de poner fin a la norma que, en 1986, estableció una amnistía para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1973-1985).
Al conocerse el resultado de la votación del proyecto en general, los militantes de izquierda que estaban en el recinto explotaron de júbilo, lo que obligó al presidente del Senado, Danilo Astori, a desalojar la sala para continuar con el debate del proyecto en particular, que también fue aprobado. La iniciativa será debatida ahora en la Cámara de Diputados.
La aprobación de la norma golpeó de lleno en la unidad del oficialista Frente Amplio. Antes de la votación, el histórico líder tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro renunció a su banca en señal de rechazo.
El senador, único dirigente con vida del triunvirato que dirigió al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en su primera época, acusó a sus compañeros del Frente Amplio de desconocer el pronunciamiento popular de dos plebiscitos, realizados en los últimos 20 años.
"Cuando fuimos a pedir las firmas [para plebiscitar esa ley], los tupamaros dijimos que íbamos a acatar a la mayoría. No vale argumentar otra cosa", dijo el senador frenteamplista, ante el desconcierto de sus compañeros de bancada, que no creían que la discrepancia fuera a llegar tan lejos.
La renuncia de Fernández Huidobro sacudió tanto al Frente que el presidente, José Mujica, se dirigió anoche al Parlamento para convencer al legislador de que no dimitiera.
Por su parte, otro senador del oficialismo, Jorge Saravia, anunció que permanecerá en su banca, pero votó en contra del cuestionado proyecto. "¿Soluciona el tema esta flagrante violación a la Constitución?", se preguntó el senador, descendiente del caudillo blanco Aparicio Saravia, que en los 90 dejó el Partido Nacional para sumarse a la coalición de izquierda.
Para el Frente, fue una jornada dura porque quedó en el centro de las críticas de los partidos tradicionales, pero también de dirigentes de sus propias filas. "La urna es sagrada, aunque esté en contra de uno mismo", dijo el senador Saravia.
La iniciativa recibió 16 votos a favor (todos los frenteamplistas menos Saravia) y 15 en contra. El ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, del Frente Amplio, pidió licencia para no votar el proyecto por estar en desacuerdo. Su suplente votó a favor.
La oposición planteó que el voto del suplente no era válido porque el reglamento impide votar a legisladores que tienen interés en el tema, y el reemplazante en cuestión, Oscar López Goldaracena, es abogado de familiares de desaparecidos.
El oficialismo, sorprendido, pidió cuarto intermedio para buscar una solución a las objeciones del bloque opositor.
La coalición oficialista discutió mucho tiempo la forma de revocar los efectos de la ley que dio amparo legal a militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos. De todos modos, con la norma vigente fueron a prisión los dos dictadores, Juan María Bordaberry (1973-76) y el general Gregorio Alvarez (1981-85), así como los principales agentes de la represión de aquellos años.
El argumento del Frente para votar esta ley interpretativa es que la norma debe ser eliminada para habilitar investigaciones sobre denuncias de la dictadura que fueron archivadas. Además, sostiene que eso es necesario para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, hace unas semanas, condenó a Uruguay por no haber aclarado el caso de la argentina María Claudia García, nieta del escritor Juan Gelman, desaparecida en 1976.
"Los organismos internacionales nos señalan con el dedo porque no respetamos los aspectos básicos de los derechos humanos", dijo el senador oficialista Ernesto Agazzi, del sector de Mujica. El jefe de Estado mostró reparos a esta solución legislativa, pero aclaró que no aplicará el veto contra lo que vote su propia bancada.
Fernández Huidobro hizo un discurso muy duro, destinado al corazón de la izquierda, que durante años aplicó con éxito la estrategia de recolección de firmas para impulsar consultas populares. En esa línea, logró forzar un referéndum para derogar esta ley en 1989 y un plebiscito constitucional para anularla en octubre de 2009; en ninguna de esas votaciones tuvo éxito.
"La legitimidad depende de lo que digan las mayorías, y este pueblo puede necesitar vitalmente el mismo instrumento que hoy estamos desacreditando", dijo el senador tupamaro al anunciar su alejamiento del Parlamento.
Con la restauración democrática, el Parlamento votó, en marzo de 1985, una amnistía para presos políticos que alcanzó a ex guerrilleros. Meses después, cuando la justicia comenzaba a citar a militares acusados de violar derechos humanos, los partidos debatieron una fórmula similar para éstos. Con votos del oficialista Partido Colorado y la mayoría del Partido Nacional, se votó en diciembre de 1986 la ley de caducidad, lo que suspendió los juicios.
Por Nelson Fernández <br/> Corresponsal en Uruguay
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