El mito de la falta de fondos y el miedo del sector privado para invertir en películas argentinas
Los números del Incaa muestran que podrían realizarse cerca de 100 películas, pero existen requisitos más altos para acceder; la discusión vacía de eslogans y la pelea entre el cine comercial y el de culto
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La frase es “No hay plata”, inaugural para el actual gobierno en la boca del Presidente de la República. Sin embargo, amigos, en algunos campos no es tan así. En los últimos tiempos, se ha hablado bastante del desfinanciamiento del Incaa, por ejemplo, que sería un caso claro de ese “no hay plata”.
Se dijo que se le habían quitado partidas, que se le habían sacado ingresos (por ejemplo, del Enacom, ese 25% de su recaudación que, por ley, va para el Instituto y que representa la mayor de sus partidas). Ante tanto ruido y tantas declaraciones, hay que ir a ver el Presupuesto -aprobado por ambas cámaras- para el Incaa en 2026. La conclusión es “sí, hay plata”: de hecho, varios miles de millones de pesos para el fomento de la actividad cinematográfica en la Argentina. No es una declaración ideológica, por cierto, sino una lectura de las siete páginas de planillas de las que consta el documento.
Que, para más precisión, se encuentra fácilmente en Internet y es de acceso simple por cualquiera que sepa googlear. Veamos algunos números, no todos. El presupuesto completo del Incaa para 2026 es de apenas poco más de 47.000 millones de pesos. Es decir, a cotización del dólar de hoy, unos 33,4 millones en moneda estadounidense. De ese dinero, poco más de un 40% va a fomento cinematográfico. Como lo aclara el presidente del Instituto, Carlos Pirovano, “fomento” no es sólo subsidios y créditos para la creación de películas, sino también Enerc, Festivales, Cinemateca, etcétera.
En sí, para realizar películas, hay un tope presupuestario (no puede exceder el 20% del presupuesto operativo). Hoy son unos 14.000 millones en subsidios y 12.000 millones para créditos, aproximadamente.
Hay, además, aportes al fondo Ibermedia, que es indirectamente para coproducciones. Las mismas planillas muestran claramente que figuran los ingresos de Enacom y del impuesto al ticket cinematográfico como fuentes del Instituto, que tiene otros gastos operativos y programas. Es decir, hay dinero para apoyar la producción de cine.
Comparemos con el último presupuesto de la administración anterior, el de 2023. El dinero total con el que contó el Instituto fue de casi 11.000 millones de pesos. A un dólar promedio de $ 300, da poco menos de 37 millones de dólares. Menor al presupuesto actual, y el tope entonces era de 44 millones de pesos para una ficción. Es decir, poco más de US$146.000, cuando ya entonces los sindicatos planteaban un piso de un millón de dólares para una producción media nacional. Sin embargo, ese dinero podía servir para una película muy chica, un documental por ejemplo sin demasiada producción.
Pero no todos esos 11.000 millones eran para fomento, por supuesto. Hoy, si se aplicara el mismo criterio que entonces, con los 14.000 millones se podrían hacer poco menos de 100 películas de “tope de subsidio”. Es decir, hay más dinero en realidad para el fomento cinematográfico, y hay que sumar los recortes de gastos en personal y en diferentes programas.
Hay concursos en los que el Incaa financia producción (aunque aún está pendiente el de este año) y lo que ha cambiado es que el Instituto no hace algunas cosas que eran moneda corriente con las administraciones anteriores. La primera, que el dinero que podía otorgar cubra todo el costo de una película. La segunda, que el dinero del Incaa se emplee en pagar salarios técnicos o artísticos de una producción. La tercera, que aquel productor beneficiado por subsidio no puede volver a pedirlo hasta el segundo año después del estreno de la película subsidiada. Lo primero es exactamente como funcionan los equivalentes al Incaa en España, Francia y Brasil: el Estado no paga toda la producción sino que ofrece diferentes porcentajes de acuerdo con el país (en el nuestro, no puede superar el 50% del presupuesto para una película).
Esto se ha dicho muchas veces, pero si hay dinero, ¿en qué consiste el problema? En que el cine es caro y lo que estas medidas buscan es que los privados inviertan a su propio riesgo, como en cualquier otro negocio. De allí que se diga -y esto no es falso pero es falaz- que las nuevas políticas “benefician a las producciones netamente comerciales”, o se llegue al absurdo diciendo que “se deja la producción cinematográfica en manos de los privados”, algo que netamente es así salvo en países donde absolutamente todo pertenece al Estado.
En la Argentina, hasta que en 1946 el primer gobierno de Juan D. Perón crease la Dirección Nacional de Cinematografía Educativa (cuyo fin era usar el cine como medio didáctico y, no sería honesto negarlo, propaganda estatal), era una industria netamente privada.
El INC, antecesor del Incaa, de paso, es de 1957, y la primera Ley de Cine, modificada en los años noventa, producto de acuerdos con sindicatos en la dictadura del general Juan Carlos Onganía en 1968. Es interesante notar que, salvo en el período peronista, la intervención del Gobierno sobre el cine nacional no fue nunca directa -salvo respecto de la censura, siempre idiota y muchas veces feroz- y permaneció como una actividad netamente privada.
Eso cambió sobre todo en las últimas dos décadas. Los mecanismos del Incaa permitieron que una producción pequeña se financiase prácticamente entera con dinero del ente estatal. Y los mismos productores entraban en una rueda de subsidios que les permitía financiar otra película. Producía trabajo, es cierto, pero las películas se acumulaban con muy poco público. De hecho, como hemos mostrado en otras notas, se estrenan más de 200 películas argentinas desde 2019, aunque la cuota del mercado (es decir, la cantidad de entradas vendidas por el cine nacional) es cada vez menor, más allá de algunos éxitos excepcionales. También en otras notas hemos aclarado que, para que exista un cine nacional competitivo y con potencial exportable, es necesaria la ayuda estatal. Lo que no suele decirse es que también es imprescindible el aporte privado.
Más allá de si son acertadas o no, las medidas que tomó el gobierno respecto del funcionamiento del Incaa y la reglamentación de esas ayudas tiene como fin que los privados pongan su parte. No suele ser, hoy, el reclamo más fuerte.
También se dice que esta política sólo favorece al cine de gran público. Hay algo de razón: si es imprescindible el aporte privado para acceder a un subsidio o crédito (blando, aclaremos), se puede deducir que quien arriesga capital querrá apostar por un film que tenga potencial para vender entradas. Sin embargo, se puede responder que si una película está pensada para algún tipo de público (grande o pequeño), si está hecha “para alguien”, ese potencial existirá incluso para producciones chicas. Y que “gran” o “pequeño” público no implican ni éxito ni calidad: películas malas pueden tener éxito, películas buenas pueden pasar inadvertidas. El problema de los últimos años ha sido, más bien, el segundo.
Así que si hay un problema con la producción cinematográfica argentina, este consiste en el grado de participación del capital privado, y en que el sistema funcionó cuando la mayoría de las películas se financiaban (mal o bien, con austeridad y esfuerzo, es cierto) con el aporte principal del Incaa.
Por cierto, el capital privado es el que financió los tres films que se llevaron el 90% de la porción de taquilla del cine argentino en 2024 (Homo Argentum, Mazel Tov y Belén). Y, cosa curiosa, ninguna tuvo subsidios Incaa.
Pero, dado que el cine es caro y además un negocio de gran riesgo, son pocos los privados que apuestan por él. Y esa es otra cuestión sobre la que la comunidad cinematográfica nacional debería preguntarse: por qué tan pocos privados quieren arriesgarse con el cine argentino (y no, no hablamos de los grandes estudios de origen extranjero: esos son justamente los que más apuestan al gran público local).
Eso y si el asunto real no es tanto si queremos tener cine argentino como si queremos cine estatal. Si queremos que el Instituto fomente la actividad cinematográfica o que, simplemente, la pague (y en ese caso se abre otro problema: ¿qué películas haría cada gobierno? ¿Qué riesgo asumirían? ¿Qué cuestionarían?).
Hay hoy demasiado ruido alrededor de la cuestión y ciertos problemas (quiénes deberían ser los prioritarios receptores de ese fomento, por ejemplo), quedan eclipsadas por lo que, en última instancia, parece más tirar slogans, posar de gurú o gritar desaforado. Total, ¿cuánta gente va a mirar con ecuanimidad ese tedioso conjunto de casillas de Excel que llamamos “presupuesto”?
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