Una historia que vuelve a empezar

Casa Rosada, 14 de junio de 1974. El Presidente observa con fatiga mal disimulada a los representantes de dos sectores en pugna, uno más duro y el otro más blando. Como un viejo rey, sabe que en un momento dado todos se callarán para ver por qué lado de la balanza se inclina. El tema es qué hacer con la televisión, si estatizar de un saque los canales privados de TV o ir más gradualmente.

El general Alejandro Agustín Lanusse había pasado esa brasa caliente al gobierno que lo sucedía, en la normalización democrática de 1973, para que las nuevas autoridades resolviesen si las licencias de los canales privados debían dar se por terminadas ese año o en 1975 (según se contaran los quince años que ya habían pasado desde la adjudicación de los permisos en 1958, o bien desde que salieron al aire, dos años más tarde).

Julio González, secretario general de la Presidencia, tiene en sus manos el proyecto de intervención; Gustavo Caraballo, secretario técnico, lleva en una carpeta el de expropiación. Ambos se adelantan para que el Presidente los firme. El general Juan Domingo Perón frunce el ceño y les lanza un sermón, con su voz cascada pero todavía con autoridad:

-El Estado tiene una continuidad y por los actos de un gobierno responde no sólo ese gobierno, sino también los que lo suceden y esto es así porque, si no, se rompería la continuidad y un gobernante podría excusarse de hacer lo que corresponde en determinada área, diciendo que lo debió hacer su antecesor. Este es el caso de la televisión. Lanusse no tomó medidas, Cámpora tampoco y así se llega hasta ahora, y el Estado sigue en mora sin hacer lo que debe hacer. Por eso, como el Estado es el culpable, al tomar estas medidas hay que obrar con cautela, sin afectar indebidamente los derechos de los permisionarios. Hay que obrar paso a paso para evitar problemas.

El fugaz presidente provisional Raúl Lastiri, que había cubierto el interregno entre la renuncia de Héctor Cámpora, el 13 de julio, y la asunción de la tercera presidencia por parte de Perón, el 12 de octubre, estampó su firma cuatro días antes al decreto 1761, que declaraba vencidas las licencias de los canales 9, 11 y 13 de la Capital Federal, el 7 de Mendoza y el 8 de Mar del Plata.

Los interventores nombrados sólo habían ejercido algún grado de influencia sobre los noticieros, pero el destino de las emisoras seguía en poder de los dueños. Perón mantiene un par de reuniones públicas con representantes de gremios relacionados con esa industria, pero no acaba por tomar ninguna decisión en concreto, mientras a su alrededor ya cunde la impaciencia.

El secretario de Prensa y Difusión, Emilio Abras, mira un tanto desolado al general y se atreve a preguntarle si a pesar de lo que acaba de decir no es posible llevar adelante la estatización de la TV.

-Sí, la vamos a llevar adelante -responde Perón-, pero empezando con un canal y luego siguiendo con otro, paso a paso, si no los radicales se vienen en "patota", haciéndome bochinche en un momento en que lo más importante para mí es mantener la unidad y la tranquilidad.

Es que el líder de la UCR, Ricardo Balbín, y Carlos Perette, presidente del bloque partidario en el Senado, lo habían visitado en la quinta de Olivos para pedirle que les pusiera un freno a los planes de estatización de los canales.

-Pero, general -interrumpe la vocecita aflautada e inquietante de su secretario privado y también ministro de Bienestar Social, José López Rega, allí presente-, ¿y la educación del pueblo? ¿Cómo la vamos a hacer si no tenemos los canales?

Perón lo mira y de inmediato lo ignora, respondiendo para el lado de Abras:

-Las cosas hay que hacerlas poco a poco y bien. Tomar un canal y demostrar que el Estado lo sabe administrar y es capaz de prestar un buen servicio. Después, al tiempo, tomar otro y afirmar en ambos una buena administración y nada más.

Abras quiere convencerlo de intervenir primero Canal 11 y a los quince días, el 9. Perón menea la cabeza y reconviene a Caraballo:

-No se puede hacer todo de golpe -se fastidia, mientras empuja con sus dedos enérgicamente hacia un costado los proyectos que le han llevado porque "están mal".

El episodio que se acaba de relatar lo cuenta con lujo de detalles el doctor Arturo Pellet Lastra, experto en temas de legislación de radiodifusión en su libro Mi aventura en el siglo XX. Memorias de un escritor (Editorial Dunken, Buenos Aires, 2004), testigo presencial del episodio por ser en aquella época administrador de las 36 emisoras comerciales que entonces todavía estaban en manos del Estado, repartidas en las tres cadenas radiales organizadas durante el peronismo de los años 50. El autor de esta nota tomó contacto días atrás con Pellet Lastra, quien ahora tiene 77 años y quien ratificó y amplió lo que escribió en su libro acerca de esta reunión clave.

Lo que siguió después es bien conocido: Perón muere 17 días después. En el mediodía del 22 de julio de 1974 patotas sindicales toman los canales 9 y 11 y a fin de ese mes la presidenta María Estela Martínez de Perón firma el decreto 340, que amplía las facultades de los interventores extendiéndolas, incluso, sobre las productoras que abastecían sus pantallas. El 1º de agosto, la TV pasa totalmente a manos estatales, sus licenciatarios son eyectados y sus líneas gerenciales desmembradas en pocas semanas.

La ley de expropiación tardaría más de un año en salir del Congreso (18/7/75), pero en realidad se trata de una confiscación lisa y llana, puesto que el gobierno no tiene voluntad de resarcir nada. En 1951, el Parlamento firmó la expropiación del diario opositor La Prensa para entregarlo a la CGT, lo que fue su ruina, y los avisadores salieron corriendo hacia un nuevo tabloide que los inquilinos actuales del peronismo, los kirchneristas, aborrecerían casi sesenta años después: Clarín.

Sólo durante la dictadura militar, los ex permisionarios de los canales 13 y 11 cobran una indemnización por el despojo, no así el del 9 (Alejandro Romay), que no acepta ningún acuerdo en una paciente estrategia que rendirá sus frutos varios años después, cuando antes de irse, a fines de 1983, los uniformados le concedan volver a su onda (decisión que, sin muchas ganas, deberá ejecutar Raúl Alfonsín, ya en democracia, en mayo de 1984).

No resultó mejor la TV estatizada que la privada y fue manipulada por los gobiernos que la detentaron (los peronistas primero; los militares después y, por último, los radicales, que abrieron bastante más el juego que sus predecesores). Y a fines de 1989, lo que había sido estatizado por un gobierno peronista volvió a la órbita privada cuando Carlos Menem decidió adjudicarle Canal 13 al Grupo Clarín y el 11 a Editorial Atlántida y otros socios, hasta pasar, años después, a ser propiedad de Telefónica.

Cuando hacia fines de los años 40, el primer gobierno peronista se dio a la "caza" de las radios independientes, su meta de hegemonizar la opinión pública se sirvió de un original atajo: retener como directores, gerentes generales o administradores de esas emisoras a los antiguos propietarios que habían sido presionados a vender. En una palabra: de dueños pasaban a ser empleados jerarquizados del Estado con grandes sueldos. El dinero lo facilitaba el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), pero este tipo de compras no era publicado en el Boletín Oficial.

El caso más emblemático fue el de Jaime Yankelevich, pope de la radiofonía privada argentina, cuya Radio Belgrano terminó en la órbita estatal, desde donde también supo convertirse en el fundador de la TV local, pero ya contando con el respaldo de los dineros públicos.

Se olvidan los que afirman que los multimedios surgieron en la Argentina en los años 90, que fue el primer Perón (bastante más autoritario que el último) el gran precursor del holding gubernamental de comunicación, que en estos días se intenta recrear por otros caminos (ya ensayados, también, en la década menemista, con el CEI).

El jueves, mientras el juez Daniel Rafecas era apartado del caso Ciccone, se confirmaba que el poderoso empresario kirchnerista del juego y del petróleo Cristóbal López se quedaba con la apetecible (y líder) Radio 10, cuatro FM y el cable de noticias C5N, del Grupo Hadad, que, a cambio, recibió 40 millones de dólares.

La tan mentada diversidad que iba a traer la ley de medios no sólo no impide que no aumente la cantidad de medios audiovisuales afines al Gobierno, sino que se constituyen desatendiendo algunos de sus artículos más neurálgicos. La revista Noticias lo acaba de definir en una frase: "Modelo Putin: negocios públicos a cambio de invertir en radios, diarios y TV".

Anteayer, el diario Clarín daba a conocer que Sergio Szpolski tiene a nombre de parientes y empleados los medios ultra-K que forman parte de su holding . Sorprendentemente, lejos de desmentirlo, el empresario que hasta ahora recibía más pauta oficial confirmó muy suelto de cuerpo en Twitter que ni lo hizo ni lo hará en el futuro.

Por lo visto, las épocas cambian, pero las mañas no sólo quedan, sino que se perfeccionan.

Por Pablo Sirvén

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