Activista Brockovich lanza plataforma para rastrear centros de datos en EE.UU.

La activista ambiental estadounidense Erin Brockovich, famosa por la película de Hollywood que lleva su nombre, inició una nueva cruzada con el lanzamiento de una plataforma ciudadana para rastrear proyectos de centros de datos en todo Estados Unidos.

Esta asistente legal autodidacta se dio a conocer al ayudar a destapar un escándalo de contaminación del agua en Hinkley, California, a principios de la década de 1990, cuando se descubrió que el gigante energético Pacific Gas and Electric Company (PG&E) había intoxicado el suministro local.

La demanda colectiva resultante terminó en un acuerdo de 333 millones de US$ para los demandantes.

"Les observo, a ustedes, las colectividades que se reúnen y alzan la voz", señala Brockovich en su nuevo sitio brockovichdatacenter.com.

La plataforma incluye un mapa en tiempo real de los centros de datos propuestos y en construcción en todo Estados Unidos, alimentado por aportes del público y reportes de prensa, e invita a los usuarios a actualizar esa información.

Por ahora, solo recoge unas pocas decenas de proyectos, una fracción de los cientos de centros que se estima que están en preparación o en construcción en todo el país.

La plataforma no se declara favorable a una moratoria ni a una prohibición, pero subraya "la necesidad de prácticas sostenibles, seguras y eficaces para los centros de datos de IA (inteligencia artificial)".

El cineasta Steven Soderbergh adaptó la historia de esta activista en la película "Erin Brockovich" (2000), que le valió un Óscar como mejor actriz a su protagonista Julia Roberts.

Desde entonces, Brockovich ha trabajado en otras acciones judiciales relacionadas con las consecuencias de vertidos contaminantes por parte de empresas.

Ya muy demandados por el auge de internet y también de la informática en la nube, estos centros atraviesan una nueva fase de expansión como consecuencia del desarrollo de la inteligencia artificial generativa.

En todo Estados Unidos, comunidades y funcionarios electos avanzan para regular, limitar o incluso bloquear por completo la construcción de nuevos centros de datos.

Sus preocupaciones van desde el aumento de los precios de la electricidad y el uso de combustibles fósiles hasta el consumo de agua, el ruido y los residuos.

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