Actualización sobre Medicaid en EE.UU.: nuevo fallo judicial da vía libre a la estricta regla de trabajo impuesta por Trump

Un juez federal rechazó el pedido de varios estados gobernados por demócratas para suspender temporalmente las nuevas exigencias laborales de Medicaid impulsadas por la administración de Donald Trump. Aunque la demanda contra la normativa seguirá su curso, la decisión permite que continúen los preparativos para aplicar la regla, como máximo, a partir del 1° de enero de 2027, mientras persiste el debate sobre su alcance y sus consecuencias para millones de beneficiarios del programa.

De acuerdo con el fallo emitido el 29 de julio de 2026 por el juez federal Richard G. Stearns, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, la solicitud de una medida cautelar presentada por 25 estados y el Distrito de Columbia fue rechazada sin perjuicio. Esto significa que los demandantes podrán volver a pedir una orden de suspensión más adelante si aparecen nuevas pruebas que justifiquen una intervención urgente de la Justicia.

La demanda fue presentada por una coalición integrada por Massachusetts, California, Nueva Jersey, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, entre otros.

Los estados demandaron al administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), Mehmet Oz, al organismo y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) por la reglamentación que implementa la ley conocida como “One Big Beautiful Bill Act”.

Según el texto del fallo, los estados cuestionan tres aspectos específicos de la regulación interina emitida por el CMS:

• La incorporación de un requisito laboral dentro de la definición de “persona médicamente frágil”.
• La utilización de un período de revisión retrospectiva de 12 meses para evaluar esa condición médica.
• La imposición de un requisito de trabajo incluso para quienes soliciten la excepción temporal por dificultades derivadas de una declaración de emergencia.

La resolución judicial aclara que la decisión no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del litigio, sino únicamente sobre la solicitud de frenar temporalmente la aplicación de la norma mientras continúa el proceso.

Según el fallo judicial, el análisis se concentró en un aspecto específico: si los estados demostraron que sufrirían un daño irreparable si la normativa seguía adelante antes de resolverse el caso.

Los demandantes sostuvieron que debían destinar millones de dólares a contratar personal, adaptar sistemas tecnológicos y modificar sus procesos administrativos para cumplir con las nuevas exigencias del CMS, gastos que —argumentaron— no podrían recuperar posteriormente debido a la inmunidad del Gobierno federal frente a demandas por daños monetarios.

Sin embargo, el juez concluyó que esa demostración no era suficiente. En su resolución destacó que el Gobierno federal manifestó que cubrirá el 90% de los costos relacionados con el diseño, el desarrollo y la instalación de los sistemas estatales necesarios para implementar la regulación.

Respecto del 10% restante, el magistrado consideró que los estados no acreditaron que esos gastos alcanzaran el nivel de perjuicio extraordinario necesario para justificar una medida cautelar.

Según informó Politico, la decisión judicial llega en un momento de fuerte incertidumbre entre las administraciones estatales sobre la forma de aplicar las nuevas exigencias.

La normativa obliga a determinar qué beneficiarios de la expansión de Medicaid son lo suficientemente frágiles desde el punto de vista médico como para quedar exentos de cumplir actividades laborales, voluntariado u otras formas de participación comunitaria durante al menos 80 horas mensuales.

Frente a esa situación, algunos departamentos estatales de salud comenzaron a advertir a sus residentes que decenas de miles de personas podrían necesitar presentar certificados médicos para conservar su cobertura sanitaria.

Esa perspectiva encendió las alarmas dentro de la comunidad médica, que teme un incremento significativo de la carga administrativa sobre profesionales ya sometidos a una elevada demanda asistencial.

Según Politico, America’s Physician Groups, organización que representa a aproximadamente 260 mil médicos y otros profesionales clínicos, envió una carta al CMS en la que calificó la regulación como “extremadamente perjudicial”.

La entidad sostuvo que obligará a los médicos a actuar como “juez y jurado” respecto de la capacidad laboral de sus pacientes y que esa función entra en conflicto con los principios fundamentales de la ética médica.