Al menos 20.000 niños migrantes podrían quedar sin abogado en la corte a partir de este viernes: muchos no hablan inglés

Miles de niños migrantes no acompañados podrían quedar sin representación legal en Estados Unidos a partir de este viernes, cuando venza el contrato federal administrado por Acacia Center for Justice, que financia a la red de organizaciones que los representa ante las cortes de inmigración. Los proveedores sostuvieron que la falta de renovación dejaría a unos 20.000 menores sin acceso a abogados especializados.

En una conferencia realizada el 29 de julio por el Fondo para la Defensa de Nuestros Vecinos, representantes de organizaciones que trabajan con menores señalaron que el sistema podría comenzar a reducir sus servicios o cerrar a partir de este viernes. En conjunto, estas entidades atienden a aproximadamente 20.000 niños que llegaron a la frontera sur sin sus padres.

Michael Lukens, director ejecutivo de Amica Center for Immigrant Rights, una de las organizaciones afectadas, sostuvo que contar con un abogado constituye una garantía fundamental del derecho de los menores al debido proceso. “Al negarse a pagar por los servicios ya prestados, el gobierno está socavando deliberadamente las protecciones a las que estos niños tienen derecho”, aseguró.

Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, otra de las organizaciones afectadas, señaló que la red de proveedores acumuló experiencia durante dos décadas en la atención de menores que atravesaron situaciones de trauma. Según explicó, esa estructura podría desaparecer si no se restablece el financiamiento federal.

“No hay forma de reemplazar a las organizaciones que brindan estos servicios. Sabemos lo que les sucede a los niños que acuden a los tribunales sin un abogado. En una palabra: deportación”, señaló. “El gobierno está intentando eliminar nuestro trabajo y este programa porque sabe que, sin abogados, los niños serán deportados”, aseguró.

Las organizaciones señalaron que el gobierno federal dejó de reembolsar sus servicios desde noviembre de 2025. La deuda acumulada rondaría los US$65 millones, según lo retomado por The Washington Post. Para mantener la atención, varias entidades recurrieron a sus reservas, redujeron personal o aplicaron licencias sin sueldo.

“Trump está reteniendo los fondos y está intentando eliminar por completo la financiación del programa”, publicó en Facebook Amica Center for Immigrant Rights. “Esto dejaría a 20.000 niños en EE.UU. sin un padre o tutor legal, quienes tendrían que defenderse solos en los procesos de deportación contra un abogado capacitado por el gobierno. Los niños deberían ser niños, no abogados”, señaló.

El conflicto se centra además en las condiciones planteadas para extender el acuerdo. Según afirmaron las organizaciones sin fines de lucro a The Washington Post, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) ofreció prolongar el contrato si los proveedores entregaban información sobre los menores y sus patrocinadores. Las entidades rechazaron esa posibilidad por considerar que los datos están protegidos por obligaciones legales y éticas.

Ante el vencimiento del contrato, los abogados advirtieron que los niños deberán presentarse ante jueces de inmigración sin la asistencia de profesionales que conozcan sus expedientes y las alternativas disponibles. Muchos no dominan el inglés y algunos tienen edades que les impiden comprender conceptos jurídicos relacionados con una deportación, el asilo o la salida voluntaria.

“Esto tiene una consecuencia gravísima y podría ser un ataque directo al debido proceso”, dijo el abogado de inmigración Haim Vásquez a Univision. “Estos niños son menores de edad, en ocasiones de ocho, nueve o diez años, y estarían al frente de un juez y un abogado del gobierno que tendría el poder y la autoridad de tratar de forzarlos a tomar una salida voluntaria“, señaló.

La ausencia de representación puede afectar especialmente a quienes tienen posibles vías para permanecer en EE.UU. Según los defensores, algunos menores podrían reunir las condiciones para solicitar asilo u obtener visas especiales para jóvenes, mientras que otros pueden optar por regresar a sus países. Determinar cuál alternativa corresponde requiere evaluar cada situación individual.

El caso de Estrella del Paso reflejó las consecuencias de la falta de recursos. La organización tenía hace un año unos 30 trabajadores y abogados, pero prevé quedarse con tres empleados para atender a 243 niños durante las próximas semanas. Además, espera cobrar alrededor de US$1,2 millones correspondientes a servicios prestados hasta julio.

Los abogados también cumplen funciones relacionadas con la supervisión de las condiciones de los albergues federales donde permanecen los menores. Muchos esperan allí hasta ser entregados a padres o familiares que deben proporcionar información de identificación, financiera y biométrica para demostrar el vínculo.

“No podemos esperar que un niño comprenda las diferencias legales. Es absurdo”, señaló López. “No se trata de si la filantropía puede cubrir la brecha. El problema es que el gobierno federal no está cumpliendo con sus obligaciones legales”, reiteró.