Arrestan a exjefa de grupo de derechos civiles de EE.UU. por presunto pago a informantes con donaciones
Una exejecutiva de una reconocida organización de derechos civiles estadounidense fue arrestada el miércoles por su presunta relación con el desvío de dinero de donantes para pagar en secreto a informantes dentro;
Una exejecutiva de una reconocida organización de derechos civiles estadounidense fue arrestada el miércoles por su presunta relación con el desvío de dinero de donantes para pagar en secreto a informantes dentro de grupos extremistas, informaron las autoridades.
Heidi Beirich, de 59 años, es exdirectora de inteligencia del Southern Poverty Law Center (SPLC). Está acusada de fraude electrónico, conspiración para presentar declaraciones falsas a un banco y conspiración para cometer lavado de dinero, dijo el director del FBI, Kash Patel.
El Departamento de Justicia de Trump ya había imputado en abril al SPLC, con sede en Alabama, cuya misión es combatir la supremacía blanca y crear una democracia multirracial. Los cargos contra Beirich aparecen en una acusación sustitutiva que se hizo pública este miércoles.
"La segunda acusación sustitutiva alega que, entre 2007 y 2023, más de 4 millones de dólares en fondos donados se canalizaron en secreto hacia individuos vinculados a varios grupos extremistas violentos", señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.
Michael Proctor, abogado de Beirich, dijo que el caso contra su clienta "carece de fundamento".
"Creemos que los cargos contra ella y el SPLC están políticamente motivados, y que la Dra. Beirich ha sido objeto de este caso debido al importante trabajo que ha realizado para combatir a los grupos de odio y a los extremistas", dijo Proctor en un comunicado a medios.
El SPLC ha reconocido que en el pasado utilizó informantes confidenciales para recabar información sobre grupos extremistas como el Ku Klux Klan y el National Socialist Party of America, pero asegura que ya no lo hace.
También ha señalado que compartió información obtenida de informantes con fuerzas del orden locales y federales.
El presidente Donald Trump ha sido acusado por críticos, desde que asumió el cargo por segunda vez, de iniciar investigaciones penales contra personas y grupos que considera como adversarios políticos o ideológicos.
