“Caja negra” en el ICE: el cierre de una oficina del DHS facilita una menor supervisión
Abogados y organizaciones advierten que la clausura de OIDO reduce los canales para denunciar abusos y revisar condiciones dentro de los centros de detención
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LA NACION
En mayo de 2026, el gobierno de Donald Trump confirmó el cierre de la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes (OIDO, por sus siglas en inglés), que supervisaba los centros de detención, investigaba denuncias y revisaba las condiciones de confinamiento. La medida profundizó un proceso de recortes que organizaciones y abogados asocian con una menor transparencia dentro de estas instalaciones.
¿Qué función cumplía la OIDO en los centros de detención?
La OIDO fue establecida por el Congreso en 2019 como una oficina independiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Entre sus tareas figuraban:
- Las inspecciones sin previo aviso a centros de detención migratoria.
- La investigación de muertes bajo custodia.
- La revisión de las condiciones de alojamiento.
- La recepción de reclamos de personas detenidas.
Según informó NJ Spotlight News, la oficina también hacía informes sobre problemas detectados en las instalaciones. Una inspección realizada en 2022 en el Moshannon Valley Processing Center, en Pensilvania, identificó deficiencias en la atención física y mental, insuficiencia de simulacros de emergencia y problemas en las traducciones al español destinadas a los detenidos.
El desmantelamiento de la oficina de supervisión
El cierre de la OIDO quedó confirmado por el DHS en mayo en declaraciones a medios como NPR, después de meses de recortes y una reducción de personal. La administración atribuyó la medida a la falta de fondos aprobados por el Congreso, aunque organizaciones defensoras de migrantes sostienen que la oficina fue creada por ley y que el parlamento no derogó su mandato.
Según datos citados por NJ Spotlight News, OIDO llegó a tener más de 120 empleados antes de los recortes recientes. En contraste, documentos judiciales revisados por The Guardian revelaron que a comienzos de 2026 apenas conservaba cinco trabajadores.
Adam Isacson, especialista de la organización Washington Office on Latin America (WOLA), afirmó que incluso los recursos de asistencia en línea desaparecieron. “Ahora no hay nada en el sitio web” del DHS, señaló al medio.
Isacson definió a los centros de detención como una “caja negra” porque, según sostuvo, cada vez existen menos mecanismos independientes para supervisar lo que ocurre en su interior y menos canales para que los detenidos soliciten ayuda o denuncien situaciones irregulares.
En una demanda presentada para frenar el cierre, organizaciones de derechos civiles argumentaron que la reducción de personal eliminó la posibilidad de contar con intermediarios dentro de los centros de detención para canalizar reclamos y solicitudes de asistencia.
¿Por qué el DHS defiende los recortes?
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que las oficinas de supervisión agregaban obstáculos burocráticos a las tareas de control migratorio. Un portavoz de la agencia afirmó a NJ Spotlight News en mayo que el DHS continuaba comprometido con la protección de los derechos civiles, pero necesita optimizar los mecanismos de supervisión.
La misma fuente aseguró que algunas de estas oficinas actuaban como “adversarios internos” que ralentizaban las operaciones del departamento. La administración también intentó cerrar otras dos instancias de supervisión dentro del DHS: la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Defensor del Pueblo para Servicios de Ciudadanía e Inmigración (CIS Ombudsman).
Más detenciones y menos mecanismos de control
El debate sobre la supervisión ocurre mientras crece la población detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). De acuerdo con datos de TRAC Immigration, más de 60.000 personas permanecen bajo custodia migratoria en Estados Unidos, frente a niveles cercanos a 40.000 registrados a comienzos de 2025.
Las organizaciones demandantes sostienen que las investigaciones y denuncias gestionadas por la OIDO cumplían una función de control sobre las actuaciones de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Raul Pinto, director legal adjunto para transparencia del American Immigration Council, consideró que la reducción de la oficina forma parte de un debilitamiento más amplio de los mecanismos de supervisión del DHS. También advirtió que la situación coincide con restricciones a las visitas de legisladores a instalaciones de detención y con un incremento de la capacidad de alojamiento de ICE.
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