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Arrestos migratorios sin orden judicial: el dato del 80% que quedó bajo la lupa de una jueza en Los Ángeles
El falló determinó que los agentes federales omitieron una regla obligatoria sobre sobre la probabilidad de fuga en informes de detenciones
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LA NACION
Una jueza federal ordenó a los agentes migratorios dejar de realizar arrestos sin orden judicial en el área de Los Ángeles cuando no hayan determinado que la persona probablemente escapará antes de que pueda obtenerse una orden.
La decisión se produjo después de que los abogados de los demandantes detectaran que cerca del 80% de los informes analizados no incluían una evaluación del riesgo de fuga o utilizaban argumentos genéricos.
El análisis del 80% de los informes de arresto que fue evaluado por la jueza
Los abogados de los demandantes analizaron 113 informes de arresto y sostuvieron que cerca del 80% no contenía una evaluación del riesgo de fuga o utilizaba lenguaje genérico para justificarla.
La ley federal autoriza los arrestos sin orden judicial únicamente si el agente tiene motivos fundados para creer que la persona indocumentada puede escapar antes de obtener el documento oficial. Sin embargo, los defensores demostraron que los relatos escritos en las carpetas omitían esta evaluación obligatoria.
Según CalMatters, la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong citó inconsistencias en los informes gubernamentales y las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.
En un caso específico, el informe oficial afirmó que un trabajador al que llamaron “EGG” intentó huir durante una inspección en un lavadero de coches.
El video del arresto contradijo esa descripción: mostró que EGG permaneció en el mismo lugar desde que el agente ingresó al lavadero hasta que lo llamó.
Qué establece la orden dictada por la jueza federal en Los Ángeles
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong formalizó la decisión tentativa anunciada en agosto y concedió una medida cautelar que impide realizar arrestos migratorios sin orden cuando los agentes no hayan establecido previamente una causa probable individualizada de riesgo de fuga.
El tribunal concluyó que existen pruebas suficientes de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mantiene una política continua de arrestos irregulares en la zona.
En ese marco, la resolución frena las operaciones de la Patrulla Fronteriza que afectan a residentes e indocumentados dentro de la jurisdicción del distrito.
La orden exige que los agentes consideren las circunstancias conocidas antes del arresto y documenten los hechos específicos que sustentan la conclusión de que la persona probablemente escaparía antes de obtener una orden.
Asimismo, la magistrada estableció que la sola presencia irregular en el país no justifica un arresto automático sin la evaluación previa exigida por el estatuto federal.
Antecedentes de las redadas y estadísticas de deportación
La demanda colectiva contra el DHS surgió tras las redadas dirigidas en Los Ángeles por el exfuncionario Gregory Bovino. Los abogados del gobierno federal argumentaron ante la corte que esas operaciones masivas de captura cesaron desde febrero de este año.
Los abogados de los demandantes también presentaron grabaciones en las que agentes hablaban de detener a personas que ya tenían citaciones ante tribunales migratorios.
Según los demandantes, algunos arrestos alcanzaron a personas cuyos antecedentes procesales indicaban que ya habían sido consideradas de bajo riesgo de fuga.
Las estadísticas del Deportation Data Project registraron casi 50.000 detenciones migratorias a nivel nacional durante el mes de julio de 2026. Ese volumen representa la cifra más alta de arrestos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
En otro operativo documentado en agosto de 2025, agentes federales descendieron de un camión comercial y arrestaron a personas en el estacionamiento de Home Depot en Los Ángeles.
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