Así será golpeada la policía de Los Ángeles por el recorte de fondos federales a las ciudades santuario

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) enfrenta un complejo escenario tras un reciente anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). La administración federal confirmó que las denominadas “ciudades santuario” perderán acceso a importantes subsidios y programas de apoyo financiero. La medida podría afectar directamente la operación de varias iniciativas de seguridad en la ciudad.

La decisión fue comunicada en un memorando oficial del pasado 5 de febrero, firmado por la fiscal general de EE.UU. Pamela Bondi. Entre otras cosas, el documento ordena al departamento que limite el apoyo financiero a las “jurisdicciones santuario” que “se nieguen a cumplir” o “interfieran ilegalmente con las operaciones de aplicación de la ley federal”.

Según datos presupuestarios, Los Ángeles podría dejar de recibir más de 20 millones de dólares por esta decisión del gobierno de Donald Trump. Algunos de los fondos en riesgo incluyen:

• US$6,6 millones para programas de seguridad nacional.
• US$2,3 millones en asistencia judicial.
• US$9,5 millones destinados a la contratación y pago de 20 oficiales entre 2024 y 2027.
• US$1,9 millones para pruebas de ADN.
• US$1,1 millones para el grupo de trabajo sobre delitos contra niños en internet.
• US$500 mil de la Oficina sobre Violencia contra la Mujer del Departamento de Justicia.

Tal como informó NBC Los Ángeles, aún no está claro si estos fondos fueron entregados previamente o si se verán interrumpidos antes de su asignación definitiva. Según reveló un funcionario de policía a ese medio, la ciudad aprobó recientemente recibir esas subvenciones y es posible que algunos de los fondos ya se hayan depositado.

Sin embargo, el impacto podría extenderse más allá de los subsidios directos. Diversas agencias federales proporcionan recursos adicionales a la policía local, como financiamiento de salarios, pago de horas extra y acceso a tecnologías avanzadas. En tanto, la exclusión de estos programas podría debilitar la capacidad operativa del LAPD.

Tras conocerse la medida, el gobierno municipal defendió su posición. “La ciudad de Los Ángeles cumple con la ley federal”, afirmó Zach Seidl, el portavoz de la alcaldesa Karen Bass. El vocero también aseguró que las autoridades locales resistirán frente a cualquier intento de restringir fondos esenciales para la seguridad pública.

El Concejo Municipal de Los Ángeles formalizó a finales del año pasado su política de ciudad santuario, lo que impide a empleados y agencias locales colaborar con las autoridades migratorias federales. Sin embargo, la mayoría de estas disposiciones ya estaban en vigor desde la aprobación de la ley estatal SB-54 en 2017.

La conversión de Los Ángeles en una “ciudad santuario” se formalizó con una ordenanza aprobada de forma unánime por el ayuntamiento en noviembre de 2024. Esta medida refuerza una política de larga data en la que el LAPD no indaga sobre el estatus migratorio de las personas ni colabora activamente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en sus operativos.

Sin embargo, años antes, el exalcalde Eric Garcetti había emitido una directiva en 2019 para proteger a los inmigrantes, recordó Los Angeles Times. En 2017, el exgobernador Jerry Brown firmó una legislación estatal que prohibió a las fuerzas policiales preguntar sobre el estatus migratorio de los residentes.

En tanto, la ordenanza municipal aprobada en noviembre pasado elevó estas medidas a un nuevo nivel al impedir expresamente el uso de recursos de la ciudad para la aplicación de leyes migratorias. También evitó que se compartiera información sobre inmigrantes con las autoridades federales.