El gobernador Newsom de California vetó una ley que compensaba a familias latinas en Los Ángeles

El gobernador de California, Gavin Newsom, vetó el pasado 20 de septiembre un proyecto de ley que compensaría a miles de familias latinas que fueron desplazadas a mediados de la década de 1950 de la zona conocida como Chavez Ravine, ubicada en Los Ángeles.

En un documento oficial, el demócrata señaló que no firmó la propuesta, aunque apoya “la intención del autor de evaluar y abordar la injusticia que tuvo lugar en la comunidad”. El argumento para vetar el proyecto, fue que “se debería establecer un grupo de trabajo para estudiar los hechos que ocurrieron a nivel local”, y que la “compensación a los desplazados es una cuestión que mejor pueden abordar las partes interesadas más cercanas a la comunidad”.

“Animo al autor a trabajar con los líderes locales para alcanzar con éxito el objetivo de proporcionar una compensación equitativa a los residentes desplazados”, sugirió Newsom.

La asambleísta Wendy Carrillo, de Los Ángeles, fue quien presentó el Proyecto de Ley de la Asamblea AB 1950, la Ley de Responsabilidad de Chavez Ravine. Luego de que se diera a conocer la negativa del gobernador, señaló en un comunicado que la decisión era una decepción “para quienes buscan la verdad y la reconciliación para las familias predominantemente mexicanas afectadas por la venta de tierras”.

Además, Carrillo señaló que el gobernador desaprobó la medida con el razonamiento de un tratamiento del tema a nivel local; sin embargo, cuando se presentó por primera vez, requería que la ciudad de Los Ángeles creara un grupo de trabajo para estudiar el desplazamiento y hacer recomendaciones, lo que luego fue enmendado por el Comité de Gobierno Local del Senado para establecer un equipo estatal.

El proyecto tenía como objetivo abordar la injusticia histórica de la comunidad de Chavez Ravine, que se estableció a principios del siglo XX, abarcaba aproximadamente 130 hectáreas y tenía tres vecindarios principales: Palo Verde, La Loma y Bishop.

• Exigía un informe completo que detalle los eventos que rodearon la adquisición de tierras y el desplazamiento, y disponía que se pusiera a disposición del público para fomentar la transparencia y la educación sobre el momento crucial en la historia de Los Ángeles.
• Proponía diversas formas de compensación, entre ellas ofrecer bienes inmuebles de propiedad municipal comparables a los de los propietarios originales de la comunidad o proporcionar una compensación por el valor justo de mercado ajustado por la inflación.
• También establecía vías para que los residentes desplazados que no son propietarios de tierras recibieran asistencia para la reubicación, acceso a atención médica, apoyo laboral, oportunidades educativas y otras formas de compensación que se consideraran apropiadas por el grupo de trabajo recientemente creado.
• Requería la construcción de un monumento en el área o en la propiedad adyacente para honrar a los residentes desplazados y su legado.

Acerca de lo ocurrido, la asambleísta señaló que fue a mediados de la década de 1950, cuando la comunidad de Chavez Ravine, que era habitada por familias en su mayoría mexicano-americanas, así como de italoamericanas y chino-americanas, sufrió una conmoción cuando fueron desarraigadas y desplazadas en nombre del progreso. “A las familias se les prometió regresar a una vivienda mejor, pero en cambio, se quedaron en la indigencia”.

La ciudad de Los Ángeles inició planes para adquirir tierras en el área con el pretexto de construir viviendas públicas. Sin embargo, finalmente abandonó el proyecto y, en su lugar, vendió el terreno a un desarrollador privado que construyó el Dodger Stadium. “Este desplazamiento obligó a más de 1800 familias a abandonar sus hogares y negocios, dispersando a una comunidad muy unida y dejando un impacto duradero en sus vidas y medios de subsistencia”, precisó Carrillo.