Oficial en California: nueva ley restringe el uso de propiedades estatales para operativos migratorios del ICE

El gobernador Gavin Newsom firmó la AB 1807, una norma que impide utilizar propiedades y recursos estatales para preparar o ejecutar operativos de control migratorio federal. La legislación también establece mecanismos de identificación, señalización, documentación y reporte de posibles intervenciones.

• La legislación fue impulsada por los asambleístas Juan Carrillo y Jesse Gabriel y forma parte de un paquete de medidas firmado por Newsom.
• La ley también contempla disposiciones relacionadas con centros privados de detención, procedimientos policiales y vehículos empleados durante arrestos o traslados.

Uno de los principales puntos de la AB 1807 es la obligación de identificar los inmuebles públicos que fueron utilizados o pueden ser empleados en el futuro para operaciones migratorias.

El Departamento de Servicios Generales (DGS, por sus siglas en inglés) y las distintas agencias estatales deberán coordinar esa tarea.

Una vez identificados esos espacios, las autoridades tendrán que implementar medidas para impedir accesos no autorizados.

Entre ellas se encuentran la colocación de barreras físicas y de carteles estandarizados que informen sobre las restricciones establecidas por la legislación.

La Oficina del Fiscal General de California tendrá a su cargo el diseño de la señalización correspondiente y deberá poner los modelos a disposición para su descarga gratuita.

De esta manera, las distintas dependencias podrán utilizar un formato común para informar sobre la prohibición.

“California toma medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en materia de control migratorio en nuestro estado”, dijo Newsom en un comunicado.

“Se trata de asumir la responsabilidad donde el gobierno federal ha fallado a nuestras comunidades”, agregó.

La AB 1807 también incorpora obligaciones de documentación, por lo que las agencias estatales deberán establecer procedimientos para dejar constancia escrita de cualquier intento o utilización efectiva de una propiedad estatal por parte de agentes federales vinculados con la aplicación de las leyes migratorias.

Los registros deberán incluir, cuando corresponda, fotografías o videos como evidencia. Además, las dependencias tendrán que informar de manera inmediata a la Oficina del Fiscal General sobre estos episodios, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la nueva norma.

Otro componente de la legislación es la información sobre derechos; los empleados, inquilinos y trabajadores de seguridad de los recintos estatales tendrán que recibir materiales educativos que expliquen sus derechos frente al ingreso de agentes federales a esas instalaciones.

La AB 1807 no es la única medida promulgada por Newsom. El paquete legislativo también establece un impuesto del 25% para los centros privados de detención que operen en California.

Otra disposición prohíbe que las fuerzas del orden utilicen guantes capaces de producir descargas eléctricas durante actividades de aplicación de la ley. Además, se establecen requisitos para identificar de forma clara los vehículos de alquiler empleados en arrestos o traslados.

Tras la firma del paquete, Newsom sostuvo que el Estado no puede determinar la política federal, pero sí establecer las condiciones bajo las cuales determinadas actividades se desarrollan dentro de su territorio.

Según su declaración, las nuevas leyes buscan que las actuaciones vinculadas con el control migratorio estén sujetas a las normas estatales y cuenten con mecanismos de supervisión.

“Se trata de dar un paso al frente; dar un paso al frente donde el gobierno federal le ha fallado a nuestras diversas comunidades”, dijo el gobernador.

“California continuará protegiendo a nuestra gente, haciendo cumplir el estado de derecho y dejando en claro que el gobierno federal debe operar en nuestro estado con la rendición de cuentas y la transparencia que todos merecemos”, reiteró.