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La Corte Suprema lo decidió: el fallo que limita a las ciudades de California ante las devoluciones de impuestos
El conflicto comenzó con un gravamen del 0,25% sobre la actividad comercial, aprobado por los votantes en noviembre de 2017.
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LA NACION
La Corte Suprema de California resolvió el lunes 10 de agosto que los gobiernos locales no pueden exigir trámites adicionales como condición previa para que un contribuyente presente un reclamo de devolución de impuestos bajo la legislación estatal. El fallo favoreció a Marathon Petroleum en su disputa con la ciudad de Carson, al sur del centro de Los Ángeles.
¿Qué resolvió la Corte Suprema de California sobre las devoluciones de impuestos?
El máximo tribunal debía determinar si Marathon estaba obligada a solicitar el reintegro mediante el procedimiento propio de Carson o si podía presentar el reclamo previsto en la legislación estatal, informó CalMatters.
La sentencia autorizó a la compañía a recurrir al mecanismo establecido por la Government Claims Act. También anuló las decisiones de las instancias inferiores: un juez del condado de Los Ángeles y una corte estatal de apelaciones habían respaldado la posición municipal. La resolución representa una victoria procesal para Marathon, pero no ordena que Carson devuelva el dinero ni define si corresponde un reembolso o de qué monto.
El origen del reclamo tributario de Marathon Petroleum
La disputa comenzó con un gravamen sobre las refinerías que los votantes de Carson aprobaron en noviembre de 2017. La medida fijó una tasa del 0,25% sobre la actividad comercial desarrollada dentro de la ciudad.
Tesoro, subsidiaria de Marathon, calculó sus pagos a partir de las operaciones que consideraba realizadas efectivamente en Carson. Años después, el municipio auditó esas liquidaciones y en 2022 notificó a la compañía que adeudaba una suma adicional por el impuesto a las licencias comerciales de la industria petrolera.
Marathon rechazó ese cálculo, abonó el monto exigido y posteriormente presentó una solicitud de reembolso conforme a la normativa estatal. La empresa, con sede en Ohio, había adquirido la refinería de Carson en 2018.
La compañía administra sus plantas de Carson y Wilmington como una sola unidad denominada Los Angeles Refinery, que concentra el 27% de la capacidad de procesamiento de petróleo crudo de California.
¿Qué parte del conflicto continúa sin resolverse?
La sentencia no analizó el reclamo central de Marathon contra Carson. La petrolera sostiene que la ciudad le atribuyó una proporción excesiva de la actividad de la refinería y cobró impuestos por operaciones desarrolladas en Wilmington y otros lugares.
El pronunciamiento quedó limitado al procedimiento que la compañía podía utilizar para solicitar la devolución. Por ese motivo, la discusión sobre la distribución geográfica de las actividades y el monto correspondiente permanece abierta.
Marathon no respondió las consultas sobre la decisión judicial. Un portavoz de Carson tampoco contestó una llamada ni un correo electrónico enviados por CalMatters.
Los argumentos de los gobiernos locales y los grupos empresariales
Distintas ciudades y condados respaldaron a Carson durante el proceso. Sus representantes argumentaron que los contribuyentes debían agotar las instancias locales de apelación antes de acudir a los tribunales y que permitirle a Marathon omitir ese paso debilitaría a los gobiernos municipales.
La petrolera recibió el apoyo de la Western States Petroleum Association, el principal grupo de presión de la industria petrolera en California, y de otras dos organizaciones empresariales.
Esas entidades sostuvieron que la Government Claims Act buscaba evitar que las compañías tuvieran que atravesar un “sistema bizantino de reclamaciones” compuesto por numerosas leyes estatales y ordenanzas locales.
Horas después de la sentencia, el Concejo Municipal de Carson avanzó hacia la finalización de un acuerdo por 370 millones de dólares con Tesoro. Para ello, retiró de manera condicional otra propuesta tributaria destinada a las refinerías.
El organismo había aprobado la semana anterior una medida para incluirla en la boleta electoral. La iniciativa autorizaba al municipio a cobrar hasta US$1 por cada barril de petróleo procesado dentro de Carson.
Jamal T. Kheiry, portavoz de Marathon, había advertido que el gravamen tendría “consecuencias significativas para la instalación”. También señaló que podría llevar a la compañía a reconsiderar sus operaciones en California, a la que describió como “uno de los entornos empresariales más costosos del mundo”. El concejo revocó la propuesta el lunes, pero condicionó esa decisión a la conclusión definitiva del acuerdo con Tesoro.
Carson forma parte del área donde operaba una de las dos refinerías que cerraron en California durante los últimos años. La instalación pertenecía a Phillips 66 y desarrollaba operaciones tanto en esa ciudad como en la vecina Wilmington.
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