Fianza para migrantes en California: el fallo que diferencia detenciones en la frontera y dentro de EE.UU.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos resolvió el jueves 30 de julio que la administración de Donald Trump no puede negar de forma general una audiencia de fianza a determinados inmigrantes arrestados dentro del país norteamericano. La corte tiene sede en San Francisco, California.

El panel tomó la decisión por dos votos contra uno. Con ese fallo, rechazó la ampliación de la detención obligatoria a personas arrestadas dentro de Estados Unidos, informó Associated Press (AP).

La mayoría estuvo integrada por Daniel Bress y M. Margaret McKeown. Bress fue nombrado por el presidente Donald Trump. McKeown fue designada por el expresidente Bill Clinton. Ambos concluyeron que los inmigrantes alcanzados por el fallo tienen derecho a solicitar una audiencia de fianza. Allí podrán solicitar su liberación bajo fianza.

La decisión no ordena una liberación automática. Solo permite presentar el pedido ante un juez. Luego, el juez deberá evaluar en cada caso el riesgo de fuga y el posible peligro para la comunidad. El fallo tampoco incluye a quienes están sujetos a detención obligatoria por determinados antecedentes o causales penales.

Durante administraciones anteriores, la mayoría de los extranjeros sin antecedentes penales arrestados dentro del país norteamericano podía solicitar una audiencia de fianza. Esto ocurría cuando no estaban alcanzadas por una causal específica de detención obligatoria.

La situación era distinta en la frontera. Allí, la medida se aplicaba, por lo general, a las personas interceptadas al ingresar. En julio de 2025, las autoridades migratorias emitieron una nueva directriz. La medida amplió esta modalidad para inmigrantes arrestados en el interior.

La decisión formó parte de la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump. La nueva política también derivó en la presentación de miles de peticiones de habeas corpus en tribunales federales. En esas presentaciones, los detenidos reclamaban salir de custodia. Algunos jueces federales ordenaron audiencias para analizar esos pedidos.

Las autoridades federales sostuvieron que el Congreso había modificado la legislación migratoria en 1996. Según el gobierno, ese cambio permitía extender la detención obligatoria más allá de la frontera.

A su vez, el gobierno argumentó que las administraciones anteriores no habían aplicado la norma con todo su alcance. Bress, autor de la opinión mayoritaria, rechazó esa interpretación.

En su voto, reconoció que las normas del caso eran complejas. Sin embargo, concluyó que la interpretación histórica de la ley era la más adecuada. El juez Carlos Bea, que fue nombrado por el expresidente George W. Bush, votó en contra. En su disidencia, Bea sostuvo que el texto y el propósito de la reforma respaldaban la posición de Trump.

La decisión profundizó una disputa entre distintas jurisdicciones federales. Otros cuatro tribunales de apelaciones también rechazaron la política de detención obligatoria aplicada a inmigrantes arrestados dentro de Estados Unidos.

En cambio, el Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, y el Octavo Circuito, con sede en St. Louis, respaldaron la postura del gobierno. La diferencia de criterios aumenta la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga para resolver la controversia. El Ejecutivo nacional solicitó en junio que el máximo tribunal examine el asunto.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) expresó en un comunicado de prensa que “discrepa firmemente” con el panel del Noveno Circuito.

La agencia también aseguró que mantiene su confianza en la interpretación jurídica del gobierno sobre la detención obligatoria. El organismo sostuvo que el presidente Donald Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aplican la legislación “tal como fue escrita para mantener seguro a Estados Unidos”.