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La nueva estrategia del ICE en California: por qué compra centros de detención en lugar de alquilarlos
El gobierno federal espera que la propiedad directa ayude a evitar ciertas normas locales y estatales
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LA NACION
Un informe reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) compró dos centros de detención que pertenecían a CoreCivic en California. El gobierno federal pagó casi 1500 millones de dólares por las instalaciones de Otay Mesa y California City.
Por qué el ICE adquirió los centros de detención de California
De acuerdo con CalMatters, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) busca asegurar su capacidad de alojamiento en la costa oeste ante la resistencia de las autoridades estatales. Jason Sweeney, portavoz del ICE, calificó ambos establecimientos como “cruciales” para la red regional del organismo.
El vocero explicó que California no ofrece socios estatales o locales que faciliten espacios para alojar a migrantes, a diferencia de otros estados como Florida y Oklahoma. Sweeney también acusó a los dirigentes que respaldan las políticas santuario de promover leyes destinadas a prohibir las prisiones privadas o volverlas “financieramente inviables”.
Además, la propiedad federal reduce la exposición de los predios a determinadas regulaciones. Según Claire Trickler-McNulty, ex alta funcionaria del ICE durante la administración Biden, el cambio de titularidad podría ayudar a evitar ciertas normas estatales y locales.
La disputa de California con los centros de detención del ICE
El enfrentamiento comenzó durante el primer gobierno de Donald Trump. En 2019, el gobernador Gavin Newsom promulgó una ley que buscaba eliminar de manera gradual las prisiones privadas con fines de lucro y los centros migratorios administrados por empresas hasta 2028.
La empresa GEO Group y el gobierno de EE.UU. demandaron al estado porque consideraron que la norma violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución. Ese principio impide que las autoridades estatales interfieran en las atribuciones federales.
En 2022, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló la prohibición aplicada a los complejos operados por compañías privadas. Tras ese fallo, los legisladores californianos impulsaron otras medidas, entre ellas fuertes impuestos destinados a reducir la viabilidad financiera de esos establecimientos.
En diciembre, el fiscal general Rob Bonta envió una carta al DHS en la que denunció condiciones de vida “peligrosas e inadecuadas” en California City. Por su parte, en el condado de San Diego, los inspectores sanitarios locales mantienen una disputa judicial con CoreCivic por las revisiones de Otay Mesa.
El ICE espera que tener el control de ambos centros de detención en California permita limitar el alcance de este tipo de controles.
Polémica por lo que pagó el ICE por los centros de detención
Los registros de los tasadores de los condados muestran diferencias entre el valor catastral de los inmuebles y los montos abonados. Otay Mesa fue valuado en US$164,9 millones durante el año fiscal vigente, pero el DHS desembolsó US$739,2 millones.
En el condado de Kern, California City tenía una tasación de US$171,5 millones. La administración federal pagó US$732,6 millones. CoreCivic afirmó que los precios surgieron del proceso de tasación exigido por el gobierno para establecer un valor justo de mercado.
Más allá de haber vendido la propiedad, la empresa seguirá involucrada en la administración de los centros. Según CalMatters, CoreCivic prevé obtener ingresos anuales de US$130 millones por la administración de California City.
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