Revés oficial para el ICE: un centro de detención deberá pagar más de US$100 mil en California

El estado de California y una empresa privada que administra un centro de detención para migrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron a un acuerdo judicial que obliga a la compañía a pagar más de US$100 mil por incumplimientos relacionados con la seguridad de personas detenidas que realizaban tareas laborales dentro de las instalaciones.

Según informó CalMatters, la empresa The GEO Group, operadora privada de centros de detención migratoria, llegó a un acuerdo con Cal/OSHA, la división estatal encargada de la seguridad y salud ocupacional. El objetivo es poner fin a un caso considerado histórico sobre las condiciones laborales dentro del Golden State Annex, un centro de detención ubicado en McFarland, en el Valle Central de California.

El convenio, firmado en mayo y dado a conocer esta semana, establece que la compañía abonará más de US$100 mil luego de que las autoridades estatales concluyeran que no protegió adecuadamente a las personas detenidas que trabajaban dentro del establecimiento.

Además del pago, la empresa aceptó modificar sus planes de control de enfermedades y dejó de impugnar una resolución previa que la sometía a las leyes laborales estatales.

Para organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, el desenlace constituye una victoria importante. Durante los últimos años impulsaron distintas iniciativas para que el Estado pudiera supervisar las condiciones existentes en los centros de detención administrados por contratistas privados del gobierno federal.

Actualmente funcionan ocho establecimientos de este tipo en California y la cantidad de personas detenidas aumentó durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

De acuerdo con Los Angeles Times, el conflicto comenzó en 2023, cuando Cal/OSHA impuso multas por un total de US$104.510 a The GEO Group tras detectar seis infracciones a la normativa estatal. La investigación se inició luego de denuncias presentadas por personas detenidas que participaban del programa de trabajo voluntario impulsado por el ICE.

Las inspecciones concluyeron que los trabajadores no contaban con el equipamiento de protección adecuado ni recibían capacitación suficiente para desarrollar tareas de limpieza dentro del establecimiento, pese a que percibían apenas US$1 por día.

Entre las situaciones denunciadas figuraban:

• La limpieza habitual de moho negro en las paredes de las duchas.
• La presencia de polvo negro que salía de los conductos de ventilación.
• El uso de productos químicos de limpieza sin instrucciones adecuadas.
• Deficiencias en los protocolos implementados durante la pandemia de COVID-19.

La sanción más importante estuvo relacionada con la ausencia de procedimientos escritos eficaces destinados a reducir la exposición de los trabajadores a enfermedades transmisibles por aerosoles, una obligación prevista en la legislación de California.

Uno de los aspectos centrales del caso fue determinar si las personas detenidas que participan del denominado “programa de trabajo voluntario” pueden ser consideradas empleados a efectos de la legislación estatal.

Según explicó CalMatters, quienes permanecen bajo custodia migratoria del ICE no cumplen condenas penales, sino que están detenidos por procedimientos civiles vinculados con inmigración. Dentro de las instalaciones pueden optar por realizar tareas como limpieza, preparación de alimentos o corte de cabello para otros detenidos.

Aunque el programa es voluntario, muchas personas aceptan participar porque el pago de US$1 diario les permite comprar alimentos adicionales en las tiendas internas del centro o costear llamadas telefónicas para comunicarse con sus familiares.

La importancia jurídica de esta discusión radica en que, si son considerados trabajadores, pasan a estar protegidos por las leyes estatales de seguridad laboral, independientemente de que permanezcan bajo custodia migratoria.

Según publicó Los Angeles Times, tras analizar el caso, la Junta de Apelaciones de Seguridad y Salud Ocupacional de California rechazó los argumentos presentados por The GEO Group. La empresa sostenía que los detenidos elegían libremente cuándo trabajar, no eran empleados y, por lo tanto, no podían invocar las protecciones previstas para los trabajadores por la legislación estatal.

El organismo determinó, sin embargo, que las personas detenidas debían ser consideradas “trabajadores afectados” para la aplicación de las normas de seguridad.

Poco antes de que un tribunal superior de California analizara la demanda presentada por la empresa contra esa decisión, ambas partes alcanzaron el acuerdo que puso fin al litigio.

Además del pago de las multas, The GEO Group aceptó elaborar planes destinados a prevenir enfermedades transmisibles por aerosoles en 12 establecimientos seguros y de reinserción ubicados en California, entre ellos cinco centros de detención para inmigrantes.

El convenio también mantiene vigente otra decisión relevante: las personas detenidas que denuncien riesgos laborales podrán participar de los procedimientos administrativos de forma anónima, una medida orientada a reducir el temor a posibles represalias.

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