Las nuevas leyes en California que entran en vigor en 2026 y que cambian la vida de los migrantes
El gobernador autorizó en los últimos meses varias normativas que impactan en los extranjeros del Estado Dorado y cuya implementación total o parcial ocurrirá el próximo año
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LA NACION
California se prepara para varios cambios en su marco legal a partir de 2026. Una serie de leyes estatales aprobadas entre septiembre y octubre de 2025 introducirán nuevas protecciones para migrantes, además de reforzar la transparencia policial y la seguridad en instituciones educativas.
AB 49: la California Safe Haven Schools Act refuerza la seguridad para migrantes en las escuelas
- La AB 49, conocida como California Safe Haven Schools Act, consolidó a las escuelas públicas como espacios seguros frente a las acciones de control migratorio.
- La ley prohíbe a funcionarios o empleados de agencias educativas permitir el ingreso de agentes de inmigración a zonas no públicas de los establecimientos escolares sin una orden judicial o citación válida.
- También impide la divulgación de registros estudiantiles o información familiar sin el consentimiento escrito del interesado o sin mandato judicial.
Aprobada como una medida de urgencia el 20 de septiembre de 2025, la norma ya está en vigor, aunque establece etapas de cumplimiento que se extienden hasta 2026. Estas son las fechas más relevantes:
- El Fiscal General de California deberá actualizar las políticas modelo de protección escolar antes del 1° de diciembre de 2025.
- Las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) tendrán hasta el 1° de marzo de 2026 para adaptar sus reglamentos internos y alinearse con estas nuevas disposiciones.
Esta ley busca garantizar que ningún estudiante o familia sea víctima de acciones migratorias dentro del sistema educativo estatal.
SB 98: alerta migratoria en las escuelas y universidades
La SB 98 amplía el enfoque de seguridad en los establecimientos educativos, tanto de nivel básico como universitario.
Su objetivo central es que cada escuela cuente con un protocolo específico para notificar de inmediato a padres, tutores y personal cuando haya presencia confirmada de agentes de inmigración en el campus.
Además, exige que las universidades estatales y los colegios comunitarios informen a su alumnado y personal en circunstancias similares.
Esta ley fue aprobada también el 20 de septiembre de 2025, pero gran parte de su implementación se concretará a lo largo de 2026 y 2027. Las disposiciones incluyen:
- Desde el 1° de marzo de 2026, los planes de seguridad escolar deberán integrar los procedimientos de notificación por acciones migratorias.
- A partir del año fiscal 2026–27, cada escuela pública ubicada en zonas de riesgo de incendio alto deberá tener un plan de comunicación y evacuación que contemple tiempos suficientes para proteger a todo el alumnado y al personal.
- Estas normas permanecerán vigentes hasta enero de 2031, fecha en la que las secciones modificadas serán derogadas para evaluar su impacto.
De acuerdo con los registros legislativos, la SB 98 no solo refuerza la seguridad física de las comunidades escolares, sino que introduce un nuevo tipo de “alerta” institucional: la alerta migratoria, que apunta a la transparencia y la protección de los derechos familiares.
SB 627: prohibición de máscaras y rostro cubierto para las fuerzas de seguridad
La SB 627 establece que ningún oficial de la ley podrá utilizar una cubierta facial que oculte su identidad mientras desempeñe sus funciones, salvo en operaciones secretas o en situaciones de riesgo físico.
Esta medida apunta a fortalecer la rendición de cuentas y la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden.
Aunque la ley fue promulgada el 20 de septiembre de 2025, los plazos de cumplimiento se fijaron para el 1° de julio de 2026, fecha en la que todas las agencias policiales deberán tener publicada su política escrita sobre el uso de cubiertas faciales.
Las sanciones penales para los oficiales que no respeten la norma solo se aplicarán después de esa fecha, lo que da tiempo a las agencias para ajustar sus protocolos internos.
AB 1261: asesoría legal para jóvenes inmigrantes
La AB 1261 garantiza acceso a asesoramiento legal para jóvenes inmigrantes en California. Bajo esta ley, el Departamento de Servicios Sociales del Estado podrá asignar fondos para contratar a organizaciones sin fines de lucro o defensores públicos que ofrezcan representación legal a menores en situación migratoria.
La norma fue aprobada el 12 de octubre de 2025 y no establece fechas específicas posteriores a 2026, ya que su aplicación dependerá de la disponibilidad presupuestaria estatal.
Sin embargo, el espíritu de la ley abre una nueva etapa de asistencia legal gratuita, con prioridad para los menores no acompañados o en procesos de deportación.
SB 805: identificación visible y responsabilidad policial
La SB 805 introduce una modificación significativa en la actuación de los agentes de la ley que no portan uniforme.
A partir del 1° de enero de 2026, los oficiales deberán mostrar visiblemente una identificación que incluya su nombre o número de placa, además del nombre de la agencia a la que pertenecen, al realizar detenciones, arrestos o tareas de control de multitudes.
Además, cada agencia policial del estado deberá publicar y mantener una política escrita sobre la identificación visible de su personal juramentado antes de esa misma fecha. La ley busca evitar casos de suplantación y reforzar la transparencia en los operativos, en especial en contextos de protesta o movilización social.
SB 81: privacidad en los hospitales para migrantes
La SB 81 amplía la protección de la privacidad médica al incorporar el estado migratorio y el lugar de nacimiento de los pacientes dentro de la definición de “información médica confidencial”. Desde su promulgación, el 20 de septiembre de 2025, los proveedores de salud tienen prohibido divulgar datos a las autoridades migratorias, salvo con consentimiento expreso o por orden judicial.
Además, las instituciones sanitarias deben establecer procedimientos para impedir el ingreso de agentes de inmigración a áreas no públicas sin una orden específica.
Los hospitales y clínicas tuvieron 45 días desde la entrada en vigor —es decir, hasta noviembre de 2025— para implementar los nuevos protocolos.
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