Operativos migratorios en Los Ángeles: la multa de US$500 diarios por no entregar celulares de más de 800 agentes

Una jueza federal impuso una multa de US$500 diarios al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por incumplir una orden de producción de pruebas en una demanda sobre los operativos migratorios de 2025 en Los Ángeles, California. La controversia involucra comunicaciones almacenadas en teléfonos personales y gubernamentales utilizados por más de 800 agentes.

La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, declaró el martes 4 de agosto al DHS en desacato. La decisión respondió al incumplimiento de una orden previa que exigía acelerar la creación de copias digitales de las comunicaciones almacenadas en teléfonos personales y gubernamentales utilizados por agentes durante los operativos migratorios de 2025 en Los Ángeles.

Ahora, el gobierno federal deberá pagar US$500 diarios hasta que cumpla con la orden de entregar los teléfonos.

En un comunicado citado por CalMatters, el DHS criticó la medida y el tratamiento del caso en los medios. “Nuestros agentes están centrados en proteger al pueblo estadounidense, no en generar indignación fingida”, expresaron las autoridades.

En enero, Frimpong ordenó al gobierno federal que acelerara la digitalización de los teléfonos móviles personales de más de 800 agentes implicados en las redadas de julio de 2025 en Los Ángeles, que desataron protestas a lo largo del país.

Algunos meses después, en mayo, luego de varios pedidos de grupos defensores de los derechos de migrantes, los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) escribieron que el DHS “simplemente frustró” la orden.

En esa línea, agregaron que el gobierno demoró el proceso de toma de imágenes de los dispositivos emitidos por el gobierno y “desafió” abiertamente la medida en lo que respecta a los móviles personales.

El mes siguiente, en junio, abogados del DHS admitieron ante el tribunal que la agencia no había proporcionado los registros. En su explicación, indicaron que estaban procesando los dispositivos del gobierno a un ritmo de tres dispositivos cada dos semanas. Según los demandantes, esto resultaría en una demora de casi cuatro años.

La determinación de Frimpong tiene el objetivo de acelerar el procesamiento de los teléfonos celulares de los agentes, luego de casi siete meses desde su primera orden.

Los operativos de la agencia migratoria en la jurisdicción comenzaron el 6 de junio de 2025, cuando los funcionarios ejecutaron acciones simultáneas en distintos puntos del área metropolitana de Los Ángeles, lo que incluyó estacionamientos de Home Depot donde suelen reunirse jornaleros y centros de trabajo.

Las autoridades federales indicaron que el objetivo era ejecutar órdenes migratorias y detener a personas sujetas a remoción, mientras que organizaciones civiles denunciaron que algunos operativos afectaron también a trabajadores sin antecedentes penales.

La magnitud de la operación generó protestas en todo EE.UU., y el presidente Donald Trump ordenó la federalización y despliegue de la Guardia Nacional de California.

Según cifras registradas por Associated Press semanas después, los agentes arrestaron a más de 300 personas durante esas redadas. El 11 de julio de 2025, la jueza federal Frimpong emitió una orden de restricción temporal al considerar que existían pruebas de que agentes federales estaban realizando detenciones sin una sospecha razonable.