Qué dice la ley sobre la lectura de matrículas y cámaras que afectaría la privacidad de los conductores en California

Miles de conductores circulan cada día por carreteras y calles de California sin advertir que sus vehículos pueden ser registrados por cámaras de lectura automática de matrículas. Esta tecnología se convirtió en una herramienta habitual para las fuerzas de seguridad, pero también abrió un debate sobre los límites de la vigilancia, el resguardo de los datos personales y la privacidad. En ese contexto, un proyecto de ley busca endurecer las reglas sobre el uso de esa información y sobre el tiempo en que los datos pueden permanecer en uso antes de ser eliminados.

El proyecto SB 1013, denominado Automated License Plate Recognition Data Accountability Act, continúa su trámite legislativo y propone modificar diversas disposiciones del Código Civil estatal relacionadas con los sistemas automatizados de lectura de matrículas.

La iniciativa redefine qué se entiende por un sistema de reconocimiento automático de placas (ALPR, por sus siglas en inglés), al describirlo como una base de datos informática generada por una o varias cámaras fijas o móviles que, mediante algoritmos, capturan las imágenes de las matrículas y convierten sus caracteres en información digital que puede ser consultada posteriormente.

Según el texto del proyecto, también se precisan las categorías de operadores, usuarios y organismos alcanzados por la normativa, al tiempo que se excluye a determinados organismos de transporte y operadores aeroportuarios cuando utilizan esta tecnología únicamente para funciones vinculadas con estacionamientos.

La propuesta también actualiza la definición de las denominadas “listas calientes” o hot lists, es decir, las bases de datos con las que el sistema compara las matrículas registradas en tiempo real. Entre ellas se incluyen registros nacionales de vehículos robados, alertas oficiales como Amber, Silver, Blue, Yellow, Ebony y otras autorizadas por la Legislatura, además de listas específicas vinculadas con personas desaparecidas, robos, hurtos de gran magnitud y delitos violentos.

Además, el proyecto de ley fija un límite general para la conservación de los registros. La información obtenida mediante lectores automáticos no podría conservarse durante más de 30 días, salvo que forme parte del archivo probatorio de una investigación activa o un proceso penal, o coincida con una lista de alerta autorizada..

Sumado a lo anterior, a partir del 1° de enero de 2027, las agencias públicas tendrían un plazo de 14 días para borrar cualquier dato que supere ese límite temporal y no se encuentre comprendido dentro de las excepciones previstas por la ley.

Uno de los principales objetivos del proyecto consiste en imponer mayores obligaciones a las agencias públicas que operan o utilizan estos sistemas.

El texto exige que los operadores implementen medidas razonables de seguridad para proteger la información contra accesos no autorizados, alteraciones, destrucción o divulgaciones indebidas.

Entre otras obligaciones, deberán restringir qué empleados pueden consultar los datos, exigir autorización de supervisores para determinados accesos, utilizar sistemas robustos de autenticación y mantener un registro de las búsquedas realizadas por el personal autorizado. Además, todos los empleados con acceso a la información deberán recibir capacitación tanto en seguridad informática como en protección de datos personales.

La iniciativa también obliga a que cada operador y usuario cuente con una política pública de uso y privacidad disponible por escrito y publicada en su sitio web, cuando disponga de uno. Esa política deberá detallar:

• Los fines autorizados para utilizar el sistema
• Qué cargos o empleados pueden acceder a la información
• Los requisitos de capacitación del personal autorizado
• Los mecanismos de supervisión y auditoría
• Las reglas para compartir, vender o transferir los datos
• El responsable oficial del sistema
• Las medidas para corregir errores en la información
• El tiempo de conservación de los registros y el procedimiento para su eliminación

Otro de los cambios centrales consiste en fortalecer la trazabilidad de cada consulta realizada dentro del sistema. Cada vez que una agencia acceda a información obtenida mediante un lector automático de matrículas, deberá conservar un registro que incluya la fecha y hora de la búsqueda, la matrícula consultada u otros datos utilizados, el nombre de usuario de quien realizó la consulta, la organización a la que pertenece y, como regla general, un número de expediente que justifique esa búsqueda.

La única excepción prevista corresponde a determinadas investigaciones desarrolladas por grupos de trabajo interinstitucionales dirigidos por la Departamento de Justicia de California, donde podrá consignarse el nombre de la fuerza de tarea y del responsable correspondiente en lugar del número de expediente.

Además, el proyecto dispone que el Departamento de Justicia realice auditorías aleatorias anuales para verificar que las agencias públicas cumplan con las políticas de privacidad exigidas. Sin embargo, esa obligación solo entraría en vigor si la Legislatura aprueba una asignación presupuestaria específica para financiar esos controles.

El debate sobre esta tecnología no es nuevo. De acuerdo con CalMatters, desde 2019 distintos legisladores demócratas intentaron imponer mayores restricciones al uso policial de los lectores automáticos de matrículas, aunque sin éxito definitivo.

La autora del proyecto actual, la senadora demócrata Sabrina Cervantes, sostiene que la iniciativa busca proteger la privacidad de los habitantes de California sin eliminar una herramienta utilizada por las fuerzas de seguridad.

En cambio, asociaciones policiales y sindicatos sostienen que estos sistemas resultaron fundamentales para esclarecer homicidios, robos, atropellos con fuga, recuperar vehículos robados y localizar personas buscadas. Según CalMatters, al menos 230 departamentos policiales y oficinas de sheriff del estado utilizan miles de cámaras instaladas tanto en carreteras como en patrulleros.

El año pasado, el gobernador Gavin Newsom vetó una propuesta similar impulsada también por Sabrina Cervantes. En su mensaje, el mandatario sostuvo que obligar a eliminar rápidamente la información y limitar el intercambio de datos podía dificultar investigaciones complejas, la resolución de casos sin resolver y la búsqueda de personas desaparecidas.

También señaló que el presupuesto estatal no contemplaba recursos para financiar las auditorías obligatorias previstas en aquella versión del proyecto.