Un informe revela cómo Trump busca ceder una franja del parque Yosemite en California a un promotor inmobiliario

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa una propuesta que busca ceder una pequeña parcela de terreno en el Parque Nacional Yosemite, en California, a un promotor privado, según un informe de fuentes familiarizadas con el asunto. El objetivo es permitir que el desarrollador construya una carretera de conexión a través de los límites del parque para acceder y urbanizar dos terrenos de 40 acres (16 hectáreas) cada una que posee en las inmediaciones.

En un nuevo movimiento que despertó la polémica en Estados Unidos, la administración busca transferir una pequeña parcela ubicada justo dentro del límite occidental de Yosemite a una empresa controlada por Kingsbarn Realty Capital, una firma de inversión y desarrollo inmobiliario, según reveló The New York Times.

La empresa, a través de una corporación de responsabilidad limitada llamada “Sanctuary at Yosemite”, adquirió los terrenos colindantes a principios de 2024 por 4 millones de dólares. Su intención es construir un complejo de “gama alta” compuesto por cabañas, viviendas y locales comerciales.

Ahora, de acuerdo con el informe, Kingsbarn pretende construir una carretera y urbanizar dos parcelas de 40 acres (16 hectáreas) cada una de su propiedad cerca del parque. A cambio, la compañía compraría terrenos de valor equivalente -cerca de Yosemite o en cualquier otro lugar de California- y los entregaría al Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés).

El representante de Kingsbarn y exasesor de Bill Clinton, Lanny Davis, indicó que la carretera de conexión acortaría el trayecto hacia el parque, lo que, según sus palabras, disminuiría la contaminación y convertiría el proyecto en un desarrollo “ambientalmente superior”.

Ante la difusión de los planes de Trump, conservacionistas y exfuncionarios del parque rechazaron la propuesta. Cicely Muldoon, superintendente de Yosemite hasta febrero de 2025, señaló que los intercambios de tierras deben ofrecer un beneficio neto claro para el parque (como hábitats de vida silvestre adicionales), algo que no está claro en este acuerdo.

Asimismo, advirtió que, de concretarse, la propuesta sentaría un precedente peligroso. “Yosemite es una especie de indicador para los parques nacionales. Si esto puede suceder en Yosemite, realmente puede suceder en cualquier lugar del sistema de parques nacionales”, comentó. Junto con el Parque Yosemite, hay más de 400 áreas protegidas en el país norteamericano.

Por su parte, Don Neubacher, exsupervisor de Yosemite y actual miembro del consejo ejecutivo de la organización sin fines de lucro Coalición para la Protección de los Parques Nacionales de Estados Unidos, expresó: “Esto es tan ridículo que da asco”. Según Neubacher, una propuesta similar fue presentada en el principio de la década de los 2000, pero no logró avanzar.

En California, dos senadores demócratas, Alex Padilla y Adam Schiff, adelantaron que trabajan con el Comité de Asignaciones del Senado para intentar bloquearla. “Esta es la administración más corrupta de la historia”, declaró Padilla en un comunicado publicado en X.

“El Fondo de Conservación de Tierras y Aguas existe para adquirir terrenos y derechos sobre ellos con el fin de salvaguardar las áreas naturales, los recursos hídricos y el patrimonio cultural, y para brindar oportunidades recreativas a todos los estadounidenses”, agregó.

En sus declaraciones, Davis detalló que ya completaron un estudio topográfico del terreno y se encuentran en las etapas finales para evaluar el valor de las parcelas. Según su testimonio, la propuesta formal está “casi terminada”. No obstante, el Departamento del Interior aseguró que aún no tomó una decisión.

Aubrie Spady, portavoz del Departamento del Interior (DOI, por sus siglas en inglés), la agencia matriz del Servicio de Parques Nacionales, sostuvo que aún no hay nada definido.

“Cualquier propuesta de intercambio o acceso a terrenos que involucre tierras del Servicio de Parques Nacionales estaría sujeta a todas las leyes, regulaciones y políticas departamentales federales aplicables, incluidos los procesos obligatorios de revisión ambiental y notificación pública”, manifestó.