Qué establece la SB 153, la ley que amplía la cooperación con el ICE en Carolina del Norte

La entrada en vigor de la SB 153, el pasado 24 de junio, marcó un cambio en la política migratoria de Carolina del Norte al ampliar la colaboración entre agencias estatales y las autoridades federales de inmigración. La norma establece nuevas obligaciones para distintos organismos del estado, modifica los requisitos para acceder a determinados beneficios públicos y endurece las consecuencias para los gobiernos locales y las instituciones públicas que limiten la aplicación de las leyes migratorias federales.

La ley, denominada oficialmente “An Act to Protect the Borders of the State”, tiene como objetivo reforzar la participación del estado en la aplicación de la legislación migratoria federal.

Entre sus principales ejes se encuentran la obligación de colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la revisión de programas financiados con fondos estatales, nuevas exigencias para los gobiernos locales y la prohibición de que las instituciones pertenecientes al sistema universitario estatal adopten políticas de tipo santuario.

El texto sostiene que, si bien la aplicación de las leyes migratorias corresponde al gobierno federal, los estados y las administraciones locales también tienen un papel relevante en el cumplimiento de esas normas.

Ahora, varias agencias estatales deben firmar un Memorando de Acuerdo (MOA, por sus siglas en inglés) con el ICE bajo el programa federal 287(g). Ese mecanismo permite que determinados agentes estatales, tras recibir capacitación específica y actuar bajo supervisión federal, desempeñen funciones relacionadas con la aplicación de las leyes de inmigración.

La obligación alcanza a:

• Department of Public Safety
• Department of Adult Correction
• State Highway Patrol
• State Bureau of Investigation

Además de celebrar esos acuerdos, cada organismo deberá desarrollar políticas internas para verificar, cuando una persona se encuentre bajo su custodia o supervisión, si es ciudadana estadounidense o residente legal. Para ello, los empleados podrán realizar consultas a la persona involucrada, revisar la documentación disponible o utilizar ambos mecanismos.

La ley también fija obligaciones administrativas. Los responsables de esos organismos deben informar al comité legislativo correspondiente sobre los memorandos firmados y las políticas adoptadas para implementar las nuevas exigencias.

Otro de los capítulos de la SB 153 dispone que, en la medida permitida por la legislación federal, el Department of Health and Human Services (DHHS, por sus siglas en inglés) deberá dejar de otorgar beneficios financiados con recursos estatales a personas que residan en Estados Unidos sin autorización legal.

Además, tendrá que revisar los criterios de elegibilidad de esos programas e implementar mecanismos para verificar el estatus migratorio de los solicitantes antes de conceder las prestaciones.

La norma incluye dentro de ese proceso programas como Medicaid, asistencia temporal para familias necesitadas, subsidios para el cuidado infantil, ayudas para vivienda, asistencia energética, programas de medicamentos, servicios para refugiados y otras iniciativas administradas por el departamento.

En materia de vivienda, el Department of Commerce, la North Carolina Housing Finance Agency y las autoridades locales deberán aplicar procedimientos similares para verificar el estatus migratorio antes de conceder beneficios financiados con recursos públicos, siempre que ello sea compatible con las normas federales.

La legislación incorpora además un nuevo requisito para las prestaciones por desempleo. El Department of Commerce, a través de la Division of Employment Security, deberá verificar que todos los solicitantes estén legalmente autorizados para residir en Estados Unidos antes de efectuar el primer pago del beneficio.

La ley modifica las consecuencias para los gobiernos locales que incumplan la prohibición vigente de adoptar políticas santuario. En esos casos, tanto los condados como las ciudades podrán perder la inmunidad frente a determinadas demandas civiles si una persona considerada inmigrante no autorizada comete un delito contra otra o contra una propiedad dentro de su jurisdicción.

Otro apartado incorpora restricciones para las instituciones que integran el sistema de la University of North Carolina (UNC). La norma establece que esas universidades no podrán adoptar políticas o reglamentos que limiten la aplicación de las leyes federales de inmigración por debajo del máximo permitido por la legislación federal.

Asimismo, les prohíbe impedir que las autoridades obtengan información sobre el estatus migratorio de una persona o restrinjan la comunicación de esos datos con las agencias federales competentes.

La SB 153 fue ratificada por la Asamblea General el 10 de junio de 2025 y enviada al gobernador Josh Stein, quien vetó el proyecto el 20 de junio de ese año.

Posteriormente, el Senado anuló el veto el 29 de julio de 2025 con una votación de 30 a 19, mientras que la Cámara hizo lo mismo el 24 de junio de 2026 por 71 votos contra 47. Como consecuencia de esa decisión legislativa, el proyecto se convirtió en ley ese mismo día, pese a las objeciones del gobernador.