Trump se lanza contra Colorado y Denver: son demandados por interferir en sus leyes contra migrantes

Un nuevo enfrentamiento legal entre la administración federal y autoridades estatales reaviva el debate sobre el control migratorio en Estados Unidos. En el centro de la disputa se encuentran Colorado y Denver, donde acusan a las autoridades locales de interferir en el trabajo federal para aplicar medidas más energéticas contra migrantes en las denominadas ciudades “santuario”.

Denver y Colorado en la mira de Trump por proteger a migrantes

El gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda federal contra el estado de Colorado y la ciudad de Denver, alegando que sus leyes de protección a inmigrantes interfieren con la aplicación de las leyes migratorias federales en Estados Unidos.

La demanda, presentada el pasado 2 de mayo de 2025 en un tribunal federal de Denver, y se sostiene que tanto el estado como su capital violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que las leyes federales prevalecen sobre las estatales.

Según el documento legal, Colorado ha implementado normativas que dificultan la colaboración de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Qué reclama la administración Trump?

El Departamento de Justicia argumenta que las llamadas “políticas santuario” de Colorado impiden que la policía local coopere con las agencias federales de inmigración, limitando arrestos y detenciones solicitadas por ICE.

Esta falta de cooperación, dice la demanda, compromete la seguridad nacional y obstaculiza los esfuerzos para deportar a inmigrantes indocumentados. La administración señala el caso del complejo de viviendas The Edge at Lowry, ubicado en Aurora, donde supuestamente la pandilla venezolana Tren de Aragua tomó control de las instalaciones.

Funcionarios locales admitieron problemas de intimidación y crimen en el sitio, aunque negaron que la banda controle grandes zonas de la ciudad.

Jared Polis y Mike Johnston entre los demandados por la administración Trump

La demanda federal nombra a varias figuras clave del gobierno estatal y local:

• Jared Polis, gobernador de Colorado
• Phil Weiser, fiscal general del estado
• Mike Johnston, alcalde de Denver
• Elias Diggins, sheriff de Denver

Un portavoz del gobernador Polis aseguró que Colorado no es un estado santuario y que colabora de forma regular con agencias policiales estatales y federales. Además, declaró que el gobierno estatal respetará cualquier fallo judicial, pero evitó comentar sobre los méritos de la demanda.

Desde la alcaldía de Denver, también respondieron con firmeza: “Denver cumple con todas las leyes locales, estatales y federales y está lista para defender sus valores. No nos dejaremos intimidar por una administración que tiene poco respeto por la ley y menos por la verdad”, dijo un portavoz de la oficina del alcalde Johnston.

El fiscal general Phil Weiser afirmó que su oficina está lista para defender las leyes de Colorado, como lo ha hecho en otras ocasiones.

Esta acción judicial forma parte de una ofensiva nacional del gobierno de Trump contra las llamadas ciudades santuario, un término que describe jurisdicciones que limitan su colaboración con ICE. Demandas similares ya han sido presentadas contra Chicago y Rochester (Nueva York).

En paralelo, el Congreso —bajo control republicano— ha presionado a ciudades como Denver, Nueva York y Boston para que cooperen con las autoridades migratorias. Los alcaldes, sin embargo, defienden sus políticas como una forma de proteger la cohesión social y la seguridad comunitaria.

¿Qué puede pasar ahora tras la demanda a Colorado y Denver?

Una decisión favorable al gobierno federal abriría la puerta a la aplicación de sanciones, como la retención de fondos federales destinados a programas de seguridad pública, salud y asistencia social, lo que tendría un impacto directo en los presupuestos locales.

Este tipo de demandas es una estrategia recurrente en gobiernos federales que buscan reforzar el control migratorio. Por ejemplo, durante la primera presidencia de Trump, se intentó condicionar la entrega de subvenciones federales a que las jurisdicciones colaboraran con ICE, lo cual fue impugnado y debatido en tribunales federales en varios estados.

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