Nueva ley de DeSantis en Florida: así impacta en los migrantes la Save Act

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el 1° de abril la versión estatal de la SAVE Act (Safeguard American Voter Eligibility), que exige prueba documental de ciudadanía estadounidense para registrarse como votante y para permanecer en el padrón electoral. La norma, aprobada previamente por ambas cámaras de la Legislatura de Florida, entrará en vigor el 1° de enero de 2027, después de las elecciones de medio término de 2026. La firma se realizó en The Villages, una comunidad de retiro en el centro del estado, minutos antes de que organizaciones de derechos civiles presentaran dos demandas federales para bloquear su aplicación.

Toda persona que se inscriba en el padrón electoral deberá presentar documentación que acredite su ciudadanía, como pasaporte estadounidense o certificado de nacimiento.

La inscripción no se completará hasta que el supervisor electoral confirme ese estatus a través de la documentación aportada o mediante bases de datos gubernamentales.

Para quienes ya se encuentran registrados, el estado verificará la ciudadanía cruzando información con registros del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados.

Las personas que hayan presentado su pasaporte o acta de nacimiento al obtener la licencia de conducir serán confirmadas automáticamente.

Quienes no cuenten con esa información en los registros estatales recibirán una notificación y tendrán aproximadamente 30 días para presentar prueba de ciudadanía. De no hacerlo, podrían ser eliminados del padrón.

La norma también prohíbe el uso de credenciales estudiantiles como identificación válida para votar y exige documentos emitidos por el gobierno con foto y residencia en Florida.

Entre las identificaciones aceptadas figuran:

• Licencia de conducir de Florida
• Pasaporte estadounidense
• Tarjeta de identificación estatal
• Licencia para portar armas
• Credencial de empleado de organismos gubernamentales

La principal preocupación de las organizaciones civiles se centra en los ciudadanos naturalizados, los votantes jóvenes y las comunidades de bajos ingresos.

En Arizona, donde existe una ley similar, los datos muestran que los votantes afectados por la exigencia de prueba de ciudadanía son en su mayoría personas sin acceso inmediato a sus documentos.

La ley también requiere que las autoridades electorales de Florida revisen los registros de los 13,3 millones de votantes inscritos y que inicien procesos de remoción contra quienes sean considerados “potencialmente inelegibles” si no presentan prueba documental en un plazo de 30 días.

Las demandas judiciales presentadas buscan un fallo que impida la aplicación de los requisitos de prueba de ciudadanía antes de que la ley entre en vigor.

Organizaciones como la League of Women Voters of Florida, Florida Immigrant Coalition, Florida Rising, Common Cause, Hispanic Federation y UnidosUS presentaron una demanda en la Corte de Distrito del Sur de Florida.

Afirman que la ley viola la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución al imponer barreras innecesarias al derecho a voto.

Según un estudio comisionado por el Brennan Center for Justice, más del 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar carecen de documentos de ciudadanía de fácil acceso.

En 2025, la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad de Florida identificó 198 presuntos no ciudadanos en un padrón de más de 13 millones de electores, una cifra que los críticos consideran marginal y que, según señalan, pone en evidencia que el problema que la ley busca resolver es mínimo.

DeSantis defendió la normativa como una medida para garantizar que únicamente ciudadanos participen en las elecciones y anticipó impugnaciones judiciales.

Los promotores de la ley sostienen que la mayoría de los residentes de Florida posee licencia de conducir con Real ID.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA