Operativos del ICE en Tampa: los carteles que colocan negocios para proteger sus áreas privadas

La presencia de agentes migratorios en los alrededores de comercios de la avenida Fletcher, en Tampa, Florida, generó preocupación entre propietarios, empleados y clientes. Algunos negocios colocaron carteles para identificar sus áreas privadas y advertir que no autorizan el ingreso de agentes sin una orden judicial válida.

Durante un recorrido, N+ Univision registró varios avisos dirigidos a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Uno de ellos, colocado en la puerta de la taquería El Rey de Oros, advierte que los agentes no tienen consentimiento para ingresar al local sin una orden judicial válida. También aclara que los empleados no están autorizados a permitirles la entrada.

Los comerciantes de la zona señalaron que colocaron esos mensajes a partir de la información que recibieron sobre el ingreso de agentes a espacios privados.

• Una comerciante relató que agentes permanecieron frente a su restaurante poco antes del inicio de la jornada.
• “Hace dos días había migración afuera del restaurante alrededor de las 4.30 hs y nosotros abrimos a las 5 hs, cuando llega la mayoría de nuestros clientes”, explicó.
• La mujer indicó que algunas personas evitaron acercarse por temor a una posible detención.

Los propietarios y empleados aseguraron que durante los últimos días disminuyó de forma considerable la concurrencia. La caída alcanzó a restaurantes, tiendas y otros establecimientos ubicados sobre esta avenida del norte de Tampa. Los comerciantes describieron el escenario como una situación sin precedentes para la actividad empresarial local.

Algunos empleados explicaron que varias personas prefieren permanecer en sus casas o evitar determinados sectores por miedo a encontrarse con agentes migratorios durante sus desplazamientos.

La menor cantidad de clientes llevó a algunos empleadores a recortar turnos. “Nos han bajado horas. La clientela ya no es la misma que hace seis meses. Ya es poca la gente que está llegando a comprar”, señaló un empleado. Pese a las dificultades, los dueños de los locales afirmaron que continuarán con sus negocios abiertos y buscarán alternativas para sostener la actividad.

• El National Immigration Law Center (NILC) y el National Employment Law Project (NELP) recomiendan que los empleadores elaboren con anticipación un protocolo para responder ante la llegada de autoridades migratorias. El plan debe establecer quién hablará con los funcionarios, cómo actuará el personal y qué sectores del establecimiento están restringidos al público.
• Las organizaciones explican que los funcionarios pueden acceder a las zonas abiertas, como el comedor de un restaurante, el estacionamiento, el vestíbulo o una sala de espera. Sin embargo, encontrarse en esos espacios no les otorga automáticamente facultades para interrogar, detener o arrestar a cualquier persona.
• El acceso a sectores privados requiere el consentimiento del propietario o una orden firmada por un juez. La guía aconseja señalizar esas áreas, mantener las puertas cerradas y contar con una política que prohíba el ingreso de visitantes sin autorización.
• El documento también distingue las órdenes judiciales de las administrativas. Estas últimas son emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y pueden aparecer en los formularios I-200 o I-205. Según las entidades, esos documentos no permiten entrar en zonas restringidas sin el permiso del responsable del establecimiento.

Ante la presentación de una orden, el empleador puede pedir una copia, leerla y comprobar qué lugares o personas incluye. También debe observar si los agentes respetan los límites fijados en el documento. La guía recomienda que los trabajadores permanezcan tranquilos, guarden silencio y soliciten hablar con un abogado antes de responder preguntas.

Después de una intervención, las organizaciones aconsejan registrar cuántos funcionarios participaron, cómo actuaron y si detuvieron a algún empleado. Además, sugieren comunicarse con un abogado especializado y notificar al sindicato correspondiente.