Ron DeSantis revela un objetivo de los federales en Florida: el empleo de inmigrantes indocumentados

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que los esfuerzos de control migratorio que realizan agencias federales y locales en el estado no solo están en contra de los inmigrantes indocumentados. Hay empleadores que también están en la mira de la administración federal.

A través de su cuenta oficial en la red social X, DeSantis respondió a una usuaria que cuestionó las acciones estatales contra los empleadores que dan trabajo a inmigrantes no autorizados. “Los federales están persiguiendo a los subcontratistas responsables de contratar a los trabajadores inmigrantes ilegales”, explicó el gobernador.

En otro mensaje, aseguró que las fuerzas del orden estatales tienen un gran impacto en las iniciativas de control migratorio. “¡Gran redada en Tallahassee!“, celebró.

Las declaraciones del gobernador ocurrieron después de que más de 100 inmigrantes indocumentados fueran arrestados durante una operación en un sitio de construcción en Tallahassee.

El operativo fue liderado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), y contó con la colaboración de múltiples agencias, que incluyeron el FBI, el Servicio de Sheriffs de EE.UU., la DEA, la Patrulla de Carreteras de Florida y el Departamento de Cumplimiento de la Ley estatal.

Según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los detenidos eran originarios de países como México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Honduras y Venezuela. Algunos tenían antecedentes penales o habían sido deportados previamente. Uno de los arrestados fue acusado de agredir a agentes del orden y otro de amenazar con un arma durante el operativo.

Un funcionario de ICE explicó que estas acciones buscan desmantelar redes de empleo ilegal, responsabilizar a quienes dan trabajo sin cumplir con las leyes migratorias y proteger los empleos de ciudadanos y residentes con estatus legal.

En Florida, la contratación de personas sin autorización de empleo está regulada bajo el Estatuto 448.09, el cual establece que cualquier persona que, a sabiendas, emplee o recomiende para empleo a un extranjero sin autorización, incurre en una violación.

Las sanciones por esta práctica están estructuradas de la siguiente forma:

• Primera infracción: multa civil de hasta US$500, sin implicación penal.
• Segunda infracción: delito menor de segundo grado, que puede implicar hasta 60 días de cárcel y una nueva multa de hasta US$500.
• Infracciones subsiguientes: cada nuevo caso se trata como un delito separado por cada trabajador sin autorización, con consecuencias penales.

Adicionalmente, desde 2023, los empleadores públicos y contratistas del gobierno deben utilizar el sistema E-Verify para verificar el estatus legal de sus trabajadores. Si se detecta que violaron la ley, el contrato puede ser cancelado sin que se considere un incumplimiento contractual, y la empresa podría quedar inhabilitada para recibir contratos públicos durante al menos un año.

En el caso de empleadores privados, la falta de verificación puede derivar en la suspensión o revocación de licencias comerciales si hay múltiples violaciones documentadas en un plazo de 36 meses.

Florida tiene una de las mayores poblaciones de inmigrantes en EE.UU. Un análisis de la Kaiser Family Foundation reveló que cerca del 12% de la fuerza laboral del estado corresponde a personas no ciudadanas, y que su participación es particularmente significativa en sectores como la construcción (34%), la agricultura y pesca (47%) y el transporte (17%).

Sin embargo, muchos trabajadores sin papeles son contratados sin registro formal y reciben pagos en efectivo, lo que dificulta rastrear el volumen exacto de empleo no autorizado. Las autoridades han señalado que hasta hace pocos años, pocas empresas eran sancionadas por estas prácticas, pero eso ha comenzado a cambiar con la intensificación de operativos y nuevas legislaciones estatales.