Las leyes migratorias vigentes en Illinois en julio 2025: en defensa de las ciudades santuario

En medio de un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas de la administración Donald Trump contra los extranjeros, Illinois se mantiene un estado santuario para inmigrantes. A partir de julio de 2025, rigen varias normativas que refuerzan los derechos de quienes residen en esa jurisdicción sin importar su estatus migratorio.

La ley HB 5172, que entrará en vigor el 1° de julio de 2025, introdujo una ampliación significativa de derechos para personas no angloparlantes en audiencias administrativas. Esta nueva normativa se enfocó especialmente en quienes comparecen sin representación legal o enfrentan barreras económicas o lingüísticas.

Bajo esta ley, firmada por el gobernador JB Pritzker, se establece que:

• Toda notificación de audiencia debe incluir una advertencia que informe al destinatario sobre su derecho a solicitar asistencia interpretativa y traducción de documentos.
• Los jueces administrativos tienen la obligación de investigar si los participantes en las audiencias necesitan servicios de traducción, y actuar en consecuencia.
• Cualquier persona indigente, testigo o parte que comparezca por su cuenta puede pedir en cualquier momento un intérprete sin costo.
• Las agencias administrativas deben asignar intérpretes certificados para audiencias de fondo cuando se solicite o cuando el juez lo considere necesario.
• En audiencias sin carácter sustantivo, puede usarse un intérprete no profesional, siempre que el juez verifique su competencia.
• Todos los intérpretes, sin importar el tipo de audiencia, deben prestar un juramento que garantice fidelidad y confidencialidad.

El eje central del compromiso estatal con las comunidades inmigrantes es la Illinois TRUST Act (Ley de Confianza), vigente desde 2017 y reforzada por nuevas enmiendas. Esta legislación establece una línea clara entre las funciones de las autoridades locales y los operativos de inmigración federal.

Entre sus aspectos más relevantes:

• Prohibición expresa a la colaboración local en arrestos civiles de inmigración: ningún oficial o agencia de seguridad del Estado puede detener a una persona únicamente porque haya recibido una orden civil de inmigración, como los formularios I-200, I-203 o I-205 del ICE.
• Imposibilidad de arresto por estatus migratorio: los oficiales no pueden detener, registrar o investigar a alguien solo por su situación migratoria.
• Protección contra represalias migratorias: una persona detenida no puede ser excluida de programas educativos, de rehabilitación o de clasificación de seguridad por tener una orden de inmigración pendiente.
• Prohibición de contratos con el ICE: desde el 1° de enero de 2022, quedó vetada la posibilidad de que agencias estatales o locales firmen acuerdos con el gobierno federal para detener a personas por infracciones migratorias civiles.

Una de las innovaciones más firmes del TRUST Act radica en las limitaciones concretas impuestas a la actuación de agentes federales dentro del territorio estatal. A partir de la entrada en vigor de sus reformas más recientes, el personal del ICE no puede operar dentro de instalaciones locales sin obstáculos.

En particular, la ley establece que:

• Las agencias locales no pueden apoyar ni asistir en detenciones realizadas por el ICE, ni siquiera en tareas logísticas como establecer perímetros de seguridad o proveer equipos.
• Está prohibido dar acceso telefónico o físico a personas en custodia.
• No se permite el traslado de detenidos a manos de agentes de inmigración.
• Las bases de datos y registros policiales no pueden ser compartidos con el gobierno federal si no son públicos.
• No se puede informar sobre fechas de liberación o datos de contacto de personas detenidas con el fin de facilitar su arresto por parte del ICE.

La única excepción es la colaboración en investigaciones criminales federales, como lo prevé la ley penal o convenios internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.