Kilmar Ábrego García dice que ya no está detenido en el CECOT de El Salvador, pero sí en otra cárcel
LA NACION
WASHINGTON (AP) — Kilmar Ábrego García, quien fue deportado el mes pasado por Estados Unidos por lo que describió como un “error administrativo”, le dijo a un senador estadounidense que lo visitó que fue trasladado de una prisión salvadoreña de máxima seguridad a otra cárcel con mejores condiciones, una declaración hecha durante una reunión que el legislador estadounidense dijo que fue organizada por el gobierno del país centroamericano para que pareciera que estaba en un retiro.
El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, dijo el viernes que el salvadoreño, quien vivía en Maryland, le contó durante su encuentro el jueves que había compartido una celda con 25 prisioneros y que temía a muchos de los reclusos en la prisión conocida como CECOT antes de ser trasladado a otro reclusorio en Santa Ana, El Salvador.
El senador realizó una conferencia de prensa en el aeropuerto tras regresar al área metropolitana de Washington desde El Salvador. Estuvo junto a la esposa de Ábrego García, Jennifer, quien se secó las lágrimas mientras Van Hollen compartía algunos de los comentarios de su esposo sobre extrañar a su familia.
Sin embargo, el senador enfatizó repetidamente a los periodistas que el caso trasciende la cuestión del estatus migratorio de Ábrego García.
“Se trata de proteger los derechos constitucionales de todos los que residen en Estados Unidos”, dijo Van Hollen. “Está muy claro que el presidente, la administración de Trump están flagrantemente, descaradamente, discrepando con, desafiando la orden de la Corte Suprema”.
El caso se ha convertido en un punto de fricción en el debate migratorio en Estados Unidos. Los demócratas acusan al presidente Donald Trump de excederse en su autoridad, y los republicanos critican a los demócratas por defender a un hombre que Trump y funcionarios de la Casa Blanca afirman es miembro de la pandilla MS-13, a pesar de que no ha sido acusado de ningún delito relacionado con pandillas.
Más demócratas han dicho que volarán a El Salvador para propugnar por la liberación de Ábrego García, pero la presión partidista no ha dado resultados. Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se han empeñado en mantenerlo fuera de Estados Unidos, aun cuando varios funcionarios del gobierno republicano de Trump han calificado su deportación como un error y la Corte Suprema de Estados Unidos ha instado a la administración a facilitar su regreso.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dicho que Ábrego García “nunca volverá a vivir en Estados Unidos”.
Bukele publicó imágenes de la reunión de Van Hollen con Ábrego García el jueves y dijo que el prisionero “tiene el honor de permanecer bajo la custodia de El Salvador”. Van Hollen dijo que un funcionario del gobierno salvadoreño colocó otras bebidas en la mesa con sal o azúcar en el borde para que pareciera que estaban bebiendo margaritas. Van Hollen dijo que ni él ni Ábrego García bebieron de los vasos, que en la foto publicada por Bukele estaban adornados con cerezas.
La lucha por Ábrego García es el más reciente punto de conflicto partidista, ya que los demócratas han luchado por abrirse paso y contraatacar durante los primeros meses de la segunda presidencia de Trump. Un tribunal federal de apelaciones dijo el jueves que la afirmación del gobierno de Trump de que no puede hacer nada para liberar a Ábrego García de la prisión en El Salvador y devolverlo a Estados Unidos “debería ser indignante”.
Pero los republicanos parecen empeñarse en mantener a Ábrego García fuera del país. Criticaron duramente el viaje de Van Hollen y afirmaron que Ábrego García tiene vínculos con la pandilla MS-13. Sus abogados dicen que el gobierno no ha proporcionado evidencia de su participación en pandillas y que nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con tal actividad.
Los demócratas “una y otra vez han priorizado la política sobre la seguridad de los estadounidenses”, dijo el viernes en un comunicado el senador republicano de Texas, John Cornyn. “Esto está completamente desconectado de la realidad”.
Tras varios días de negar que sabía algo sobre Ábrego García, Trump dijo el viernes que sabía que el hombre era “increíblemente malo” y lo llamó “extranjero ilegal” y “terrorista extranjero”.
El presidente también respondió el viernes con una publicación en redes sociales donde afirmó que Van Hollen “parecía un tonto ayer en El Salvador pidiendo atención”.
Varios republicanos de la Cámara de Representantes han visitado la famosa prisión salvadoreña como muestra de apoyo a las políticas del gobierno de Trump. El representante republicano de Virginia Occidental Riley Moore publicó el martes por la noche que había visitado la prisión donde se encuentra Ábrego García. “Ahora me voy aún más decidido a apoyar los esfuerzos del presidente Trump para proteger nuestra patria”, escribió en redes sociales.
Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) reconocieron este mes en un documento judicial que la deportación de Ábrego García fue un “error administrativo”. El reconocimiento del gobierno provocó indignación inmediata por parte de los defensores de la inmigración, pero los funcionarios de la Casa Blanca se han mantenido firmes en la acusación de que es miembro de una pandilla.
La lucha también se ha desarrollado en los tribunales, donde el gobierno se ha negado repetidamente a decirle a un juez qué planea hacer, si es que planea hacer algo, para repatriarlo. Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 4to Circuito se negó unánimemente el jueves a suspender la decisión del juez de ordenar el testimonio jurado de funcionarios del gobierno de Trump, y dijo que el poder judicial se verá perjudicado por las “constantes insinuaciones de su ilegitimidad” mientras que el poder ejecutivo “perderá mucho por una percepción pública de su irrespeto a la ley”.
El juez J. Harvie Wilkinson III, nominado por el presidente republicano Ronald Reagan, escribió que él y sus dos colegas “se aferran a la esperanza de que no es ingenuo creer que nuestros buenos hermanos del poder ejecutivo perciben el Estado de derecho como vital para el espíritu estadounidense”.
Desde marzo, El Salvador ha recibido a más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos, a quienes los funcionarios del gobierno de Trump han acusado de participar en actividades de pandillas y cometer crímenes violentos, y los ha internado en la prisión de máxima seguridad para pandillas del país, en las afueras de San Salvador.
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Gómez Licón reportó desde Fort Lauderdale, Florida.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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