La Justicia británica aprobó la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks

LONDRES.- La justicia británica aprobó este miércoles la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir de 2010.

La orden contra el australiano fue autorizada por un juez del Tribunal de Magistrados de Westminster y pasará ahora a manos de la ministra del Interior, Priti Patel. La funcionaria, quien tiene la última palabra en cualquier extradición, podrá recibir hasta el 18 de mayo los alegatos de la defensa de Assange, que tiene la opción de apelar la decisión ante el Tribunal Superior.

La Justicia de Estados Unidos espera juzgar al fundador de WikiLeaks por la difusión de más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses, que en particular revelaron atrocidades en las guerras de Irak y Afganistán. Para la administración de Joe Biden, el hombre de 50 años no es un periodista sino un pirata informático que puso en riesgo la vida de numerosos informantes al publicar documentos completos sin editar.

De ser hallado culpable, Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años de cárcel, en un caso que organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un ataque a la libertad de prensa.

A la espera de una definición, el australiano permanece preso desde 2019 en la cárcel de Belmarsh, en la ciudad de Londres, donde a fines de marzo se casó con la abogada Stella Moris, su pareja desde 2015 y madre de dos de sus hijos.

Idas y vueltas

Assange se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmash desde su detención en abril de 2019 por la Policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase la protección que le había concedido su predecesor Rafael Correa.

Violando las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido, el fundador de WikiLeaks se había refugiado en la legación ecuatoriana en 2012 para evitar una extradición a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados. Negando dichos cargos, ya entonces afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.

La Justicia de ese país quiere juzgarlo por difundir mediante WikiLeaks a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán. Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.

Procesado en virtud de una legislación contra el espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un ataque a la libertad de prensa.

En el centro de una larga saga judicial, Assange fue condenado a un año de cárcel en Londres por violación de su libertad condicional en 2012 antes de emprender la batalla contra su extradición a Estados Unidos. En enero de 2021, la Justicia británica decidió a su favor: rechazó autorizar la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y psicológica, corría el riesgo de suicidarse si se encontraba en el sistema penitenciario estadounidense.

Pero en diciembre, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence (Colorado), donde están detenidos, en aislamiento casi total, miembros de la organización jihadista Al Qaeda.

La defensa de su pareja

Para sus defensores, encabezados por Stella Moris, la abogada sudafricana con la que tuvo dos hijos en secreto durante sus años en la embajada ecuatoriana y con la que se casó el mes pasado, estas garantías no son creíbles.

Subrayando que “el destino de Julian está ahora en manos de la ministra del Interior”, Moris insistió en marzo en que “este es un caso político y ella puede ponerle fin”. “Hace falta valor político, pero esto es lo que se necesita para preservar una sociedad abierta que proteja a los editores de la persecución extranjera”, afirmó.

Agencias AFP y AP

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