La nueva ley que desató una ola de solicitudes de prestaciones de la Seguridad Social en EE.UU.

El 5 de enero de 2025 se promulgó la Ley de Equidad en la Seguridad Social (Social Security Fairness Act), una normativa diseñada para corregir desigualdades en el sistema de beneficios del Seguro Social, especialmente para empleados públicos que también perciben pensiones de empleos no cubiertos por dicho sistema.

Históricamente, dos disposiciones—la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas (WEP, por sus siglas en inglés) y la Compensación de Pensiones del Gobierno (GPO, por sus siglas en inglés)—reducían los beneficios del Seguro Social para individuos que también percibían pensiones de empleos no sujetos a contribuciones al sistema.

La aprobación de esta ley hizo que aumentaran considerablemente las solicitudes de prestaciones y planteó desafíos administrativos para la Administración del Seguro Social (SSA por sus siglas en inglés), que debe ajustar pagos y procesos para garantizar que los beneficiarios reciban los montos correspondientes de manera adecuada y oportuna.

Estas medidas afectaban a más de 3,2 millones de personas, incluyendo maestros, bomberos y policías, quienes veían disminuidos sus beneficios debido a sus pensiones públicas. La nueva ley elimina estas disposiciones, permitiendo que los beneficiarios reciban el monto completo de sus prestaciones del Seguro Social.

Con la derogación del WEP y el GPO, se estima que los beneficiarios verán incrementos en sus pagos mensuales. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), para diciembre de 2025, los aumentos promedio serán los siguientes:

• Beneficiarios directos: incremento de aproximadamente US$360 mensuales.
• Cónyuges beneficiarios en vida: aumento promedio de US$700 mensuales.
• Cónyuges sobrevivientes: incremento promedio de US$1.190 mensuales.

Además, la legislación contempla pagos retroactivos correspondientes a los beneficios no percibidos durante 2024, lo que podría representar sumas considerables para algunos beneficiarios.

La SSA enfrenta múltiples retos para implementar eficazmente la nueva ley. Uno de los principales es la necesidad de ajustar los beneficios tanto retroactivos como futuros para millones de personas afectadas.

Un portavoz de la SSA señaló a USA Today que, hasta la fecha, se procesaron aproximadamente 30.000 nuevas solicitudes iniciales. Dependiendo de factores como la edad y la elegibilidad, algunos de estos nuevos beneficiarios ya están recibiendo pagos retroactivos. Sin embargo, esta cifra representa una fracción mínima del total de afectados, y la agencia continúa trabajando para acelerar el proceso.

Un obstáculo adicional es la falta de financiamiento específico para la implementación de la ley. La SSA indicó que no se le asignó un presupuesto adicional para manejar los cambios requeridos por la nueva legislación. Esta situación se complica debido a la escasez de personal, exacerbada por una congelación de contrataciones vigente desde noviembre de 2024.

Inicialmente, la SSA estimó que los beneficiarios afectados tendrían que esperar un año o más para recibir los pagos ajustados. Sin embargo, gracias a la automatización de procesos, la agencia ahora anticipa que los pagos retroactivos se depositarán en las cuentas bancarias registradas a finales de marzo de 2025. Los nuevos montos de beneficios mensuales comenzarán a reflejarse en abril, correspondientes al período de marzo.

Para facilitar el proceso y evitar retrasos, la SSA recomienda a los beneficiarios asegurarse de que su información de contacto y de depósito directo esté actualizada. Aquellos que presenten una nueva solicitud pueden verificar el estado de la misma a través de su cuenta personal en “my Social Security”. Los beneficiarios actuales cuyos pagos se veían reducidos por el WEP o el GPO deben revisar y, si es necesario, actualizar su dirección postal y la información de depósito directo en los registros de la SSA.

La forma más sencilla de realizar estas actualizaciones es en línea, mediante la cuenta personal de “my Social Security”. De esta manera, se evita la necesidad de llamar o visitar una oficina del Seguro Social, agilizando el proceso y reduciendo posibles demoras.