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Análisis del fallo que bloquea la medida del Uscis, según los abogados de inmigración
El gobierno aún puede apelar o pedir una suspensión, por lo que la disputa podría continuar en tribunales superiores
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LA NACION
Una corte federal de Rhode Island invalidó este 5 de junio las políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) que suspendían decisiones sobre solicitudes de asilo, permisos de trabajo, green cards y naturalización para personas de 39 países. Según explicaron abogados de inmigración que analizaron la decisión, el fallo representa una importante victoria judicial para los inmigrantes afectados.
Qué decidió el juez sobre las pausas administrativas del Uscis
El juez federal John J. McConnell Jr. concluyó que las políticas implementadas por el Uscis eran ilegales y ordenó su anulación. Reuters informó que la agencia había suspendido la adjudicación de distintos beneficios migratorios para ciudadanos de 39 países después de una serie de medidas adoptadas por la administración Trump. La decisión judicial determinó que esas acciones carecían de respaldo legal suficiente y dejaron a miles de personas atrapadas en una situación de incertidumbre migratoria.
El abogado de inmigración John De La Vega y los especialistas Charles Kuck, Johnna Main Bailey, Jesse Bless y Zachary New analizaron el fallo. De La Vega destacó en sus redes sociales que beneficia especialmente a inmigrantes procedentes de países incluidos en las restricciones, entre ellos Venezuela, Cuba y Haití. También señaló que la corte consideró ilegal la suspensión de decisiones en solicitudes de asilo.
El alcance del fallo, más allá de los países afectados
Durante una transmisión en vivo realizada horas después de conocerse la decisión, los abogados Kuck, Bailey, Bless y New coincidieron en que la resolución podría tener implicancias más amplias que los casos de inmigrantes nacidos en los 39 países incluidos en las restricciones.
Uno de los puntos más relevantes, según explicaron, es que el juez anuló tanto las pausas administrativas como los criterios adicionales utilizados por el Uscis para evaluar determinados expedientes.
Los especialistas sostuvieron que la sentencia constituye una decisión sobre el fondo del litigio y no una medida temporal. Por ese motivo, consideraron que el fallo podría convertirse en una referencia importante para otros casos migratorios en trámite ante distintos tribunales federales, aunque el gobierno aún puede apelar o pedir una suspensión de la decisión.
Qué pasará con los expedientes que quedaron paralizados
La principal incógnita ahora es cómo el Uscis procesará los miles de casos que permanecieron detenidos durante meses. Durante el debate, los abogados señalaron que la eliminación de las pausas no implica automáticamente que los solicitantes recibirán decisiones inmediatas.
Jesse Bless planteó que una de las próximas discusiones será determinar en qué lugar de la fila deben ubicarse las personas afectadas por las suspensiones. Según comentó, muchos solicitantes permanecieron durante meses sin respuestas y el simple reinicio del sistema podría no compensar el tiempo perdido.
Qué puede hacer ahora el gobierno federal
La orden judicial obliga al Uscis a eliminar las políticas cuestionadas y reanudar el procesamiento de los casos afectados. Sin embargo, los expertos recordaron que el gobierno todavía conserva herramientas legales para intentar revertir la decisión.
Entre las alternativas mencionadas se encuentran la presentación de una apelación o la solicitud de una suspensión temporal de la sentencia mientras continúe el proceso judicial. De La Vega advirtió que, aunque la decisión representa una noticia positiva para la comunidad inmigrante, el litigio todavía no terminó y podrían producirse nuevas actuaciones en tribunales superiores.
El argumento central del fallo
Los especialistas dijeron que uno de los aspectos más relevantes del fallo es el cuestionamiento a la base legal utilizada por el Uscis para justificar el congelamiento de trámites.
Según la resolución citada por Reuters, los inmigrantes afectados habían cumplido con todos los procedimientos establecidos por la legislación migratoria y, aun así, quedaron sin respuestas por razones vinculadas a su país de nacimiento.
Para los letrados, ese razonamiento explica por qué el juez concluyó que la agencia actuó sin autoridad legal para suspender indefinidamente la adjudicación de beneficios migratorios.
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