Avanza el ICE: un estudio revela cómo las deportaciones masivas han complicado la economía en EE.UU.

Las deportaciones masivas impulsadas por el gobierno de Donald Trump ya no aparecen solamente como una cuestión migratoria. Un nuevo informe de la organización America’s Voice sostiene que el aumento de las detenciones y expulsiones tiene efectos concretos sobre los precios, el empleo, la construcción, el cuidado de personas y la actividad de pequeños comercios en distintos puntos de Estados Unidos.

El documento define este impacto como el “impuesto del ICE” y reúne datos que apuntan a un mismo fenómeno: retirar trabajadores de sectores que dependen de la inmigración puede terminar en el encarecimiento de productos y servicios, al mismo tiempo que reduce la actividad económica.

Según el informe de America’s Voice, los aumentos de precios son especialmente pronunciados en productos y servicios que dependen de una elevada participación de trabajadores inmigrantes.

El análisis compara la evolución de distintas categorías durante los 12 meses terminados en junio de 2026 con la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía y avanzó 2,6%. La inflación general, medida por el índice de precios al consumidor, fue de 3,5% durante ese mismo período.

El informe señala que el 68% de los trabajadores agrícolas dedicados a cultivos son inmigrantes: 42% se encuentran en situación irregular y 26% cuentan con autorización. En ese contexto, varios productos producidos mayoritariamente dentro del país norteamericano registraron incrementos superiores a la inflación subyacente.

Los principales datos recopilados por America’s Voice son:

• La lechuga aumentó 32,1% en un año y aproximadamente el 85% se produce dentro de Estados Unidos
• Las manzanas subieron 7,1% y cerca del 90% de la producción es doméstica
• Los cítricos frescos aumentaron 6,3%, con alrededor del 75% producido en el país
• Las frutas enlatadas subieron 7,9%, mientras que las verduras enlatadas aumentaron 3,5%
• La leche entera fresca avanzó 9,0% y otros tipos de leche fresca, 5,5%
• Los servicios de atención médica domiciliaria aumentaron 10,7%
• Los servicios de jardinería y mantenimiento de áreas verdes subieron 10,8%

La construcción aparece como otro de los sectores donde el informe encuentra una relación entre las políticas antimigrantes y la actividad económica. Antes del actual aumento de los controles migratorios, los extranjeros representaban el 26% de la fuerza laboral en esa área y aproximadamente la mitad de ellos se encontraba en situación irregular, de acuerdo con America’s Voice.

Desde el comienzo de la ofensiva migratoria y hasta junio de 2026, los cinco estados con mayor proporción de inmigrantes dentro de su fuerza laboral —California, Florida, Nevada, Nueva Jersey y Nueva York— registraron una caída de 1,3% en el empleo de la construcción.

Entre marzo de 2025 y junio de 2026, los permisos para construir viviendas unifamiliares cayeron 23,5% en el noreste, 10,4% en el oeste, 9,3% en el sur y 1,6% en el medio oeste.

Además, entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, los precios de las viviendas nuevas aumentaron 15,4% en el noreste y 8,2% en el oeste, mientras que permanecieron prácticamente sin cambios en el sur y el medio oeste.

El cuidado de personas mayores y enfermas representa otro de los puntos centrales del informe. Según America’s Voice, el 39,8% de los trabajadores de atención médica domiciliaria son inmigrantes, más de 220 mil personas. Al mismo tiempo, los precios de estos servicios aumentaron 10,7% durante el último año.

La dependencia de trabajadores inmigrantes es especialmente marcada en algunos estados. En 2021, Nueva York tenía el mayor porcentaje de extranjeros entre sus asistentes de salud domiciliaria, con 74%, seguido por Florida, con 60%; Maryland, con 55%; y Nueva Jersey, con 54%.

En junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la administración pusiera fin al Estatus de Protección Temporal para aproximadamente 359 mil haitianos y sirios que vivían y trabajaban legalmente.

De acuerdo con el documento, la decisión podría terminar por afectar a 1,3 millones de inmigrantes de 17 países y , entre ellos, hay más de 18.000 trabajadores de atención médica domiciliaria, incluidos unos 10.000 haitianos.