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Confirmado por la CBP: Estados Unidos busca inmigrantes deportados para cobrar deudas
El gobierno federal advirtió que el no pago genera intereses y que puede tener consecuencias migratorias futuras
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LA NACION
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) busca localizar inmigrantes deportados para exigir el cobro de deudas acumuladas. La iniciativa pretende recuperar millones de dólares correspondientes a sanciones civiles y tarifas administrativas vinculadas a infracciones de las leyes de migración.
Montos de las multas que reclama la CBP a migrantes deportados
La agencia federal registra un monto pendiente de 423 millones de dólares en concepto de multas civiles y tarifas de detención hasta julio de 2026. Esta suma acumulada afecta a 66.387 migrantes que fueron deportados o aceptaron la salida voluntaria del país norteamericano.
De acuerdo con Bloomberg, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) fundamenta la medida en la Orden Ejecutiva 14159, que instruye la recaudación de penalizaciones a extranjeros con presencia irregular. Asimismo, la autoridad aplica la Notificación de Tarifas de Inmigración autorizada por la One Big Beautiful Bill para reclamar estos pagos.
Las leyes autorizan sanciones individuales que acumulan cobros cercanos a US$1000 por cada día transcurrido tras recibir una orden de deportación. La administración federal emitió multas globales por un valor superior a US$84.000 millones a más de 103.000 personas en todo EE.UU.
En tres países: cómo se realizan los cobros a los extranjeros de la CBP
Las empresas privadas asociadas con la CBP ejecutan servicios de rastreo e identificación para ubicar a los deudores en México, Honduras y Guatemala. Los agentes verifican la localización a través de fotografías del domicilio, recibos de servicios públicos, registros laborales o documentos judiciales.
En ese proceso, las firmas entregan un folleto impreso en idioma inglés y español a cada persona notificada para precisar los detalles del saldo pendiente. El instructivo indica el procedimiento para tramitar la cancelación del compromiso financiero ante el gobierno estadounidense.
La liquidación de la deuda requiere un pago electrónico directo a través de la plataforma web oficial de la agencia. La transacción digital exige el uso de una cuenta en una entidad bancaria con sede en Estados Unidos y la presentación del formulario con el número de rastreo.
Si no se logra un acuerdo de pago o la cancelación de la deuda, el contratista debe registrar el expediente como caso no resuelto y reportarlo periódicamente a los administradores del gobierno estadounidense
Qué pasa si los migrantes deportados no pagan la deuda
En caso de que, a pesar de haber recibido la notificación, los migrantes deportados decidan no pagar la deuda, podrían enfrentar varias consecuencias advertidas por el gobierno estadounidense. Entre ellas:
- Acumulación de intereses: los avisos de cobro advierten de forma explícita que las sumas pendientes tendrán intereses mientras permanezcan impagas.
- Impacto en futuros trámites migratorios: la falta de pago se tendrá en cuenta en posteriores procesos de inmigración en EE.UU.
Sin embargo, Bloomberg señaló que no está claro si EE.UU. puede obligar legalmente a los extranjeros a saldar la deuda. Según el medio, no existe un procedimiento detallado que explicite eso ni se contempla la participación de los gobiernos de México, Honduras o Guatemala para forzar la recaudación.
Las empresas contratadas por la CBP para cobrar las deudas
La autoridad fronteriza adjudicó contratos de servicio a cuatro empresas privadas a mediados de agosto de 2026. La contratación contempla un presupuesto máximo conjunto de hasta US$36 millones para el desarrollo de las tareas de cobro e investigación.
Las corporaciones seleccionadas para este programa son Global Recovery Group, The Baptiste Group, Caduceus Incorporated y Response AI Solutions. Cada uno de los cuatro convenios individuales contempla un tope financiero de US$9 millones para un periodo de dos años.
Los acuerdos establecen un plazo de ejecución que abarca desde el 1° de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2028. Las compañías asumen la responsabilidad de realizar la notificación directa al deudor e informar los resultados a la administración fronteriza.
Asimismo, los términos del contrato exigen la presentación de informes periódicos sobre el estado de cada cuenta asignada a las empresas. El gobierno de EE.UU. conserva la propiedad exclusiva de toda la información obtenida durante los procedimientos de localización.
