Cuarta Enmienda: la Corte Suprema falló contra el ICE por el rastreo de ubicación

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que redefine los límites del acceso del gobierno a la información de ubicación. La resolución concluyó que obtener este tipo de registros constituye un acto sujeto a las garantías de la Cuarta Enmienda, lo que significa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no puede acceder a esa información de manera arbitraria.

Con una mayoría de seis votos contra tres, el máximo tribunal sostuvo que las personas conservan una expectativa razonable de privacidad respecto de sus desplazamientos, incluso cuando esos datos se encuentran en poder de compañías como Google. En consecuencia, las autoridades deberán cumplir requisitos constitucionales antes de acceder a esa información.

“La Cuarta Enmienda debe, como siempre, proteger contra la intrusión injustificada del gobierno en la privacidad del individuo”, sostuvo la jueza Elena Kagan, redactora de la opinión mayoritaria, en la resolución dictada en el caso Chatrie v. United States.

Uno de los organismos alcanzados por este criterio es el ICE, que utiliza distintas tecnologías para ubicar migrantes dentro del territorio estadounidense. A partir de esta resolución, el uso de datos de geolocalización obtenidos mediante órdenes de geovalla queda sujeto a mayores restricciones.

El tribunal determinó que el acceso a estos registros constituye una búsqueda bajo la Cuarta Enmienda. Por eso, los jueces inferiores deberán analizar si cada orden de geovalla cumple con las exigencias constitucionales de causa probable y particularidad.

Las órdenes de geovalla permiten solicitar a una empresa tecnológica los registros de dispositivos que estuvieron presentes en una zona determinada durante un período específico. Esta herramienta había sido utilizada en investigaciones criminales para identificar posibles sospechosos cuando no existían pistas concretas.

La Corte entendió que ese mecanismo puede implicar la recopilación de información perteneciente a numerosas personas sin relación con un delito. Por ese motivo, concluyó que este tipo de búsquedas debe quedar sometido a los controles previstos por la Constitución.

Durante la opinión mayoritaria, la jueza Elena Kagan sostuvo que permitir un acceso amplio a estos registros otorgaría al gobierno la posibilidad de reconstruir aspectos cotidianos de la vida de los ciudadanos mediante un sistema de vigilancia permanente. Por esta razón consideró necesaria una supervisión judicial previa.

“Ese requisito (de una orden judicial) somete la evaluación de los funcionarios sobre la propiedad de un registro al ‘juicio deliberado e imparcial de un funcionario judicial’“, aseguró.

El caso de Okello Chatrie se originó a raíz de un robo a mano armada ocurrido el 20 de mayo de 2019 en una cooperativa de crédito en Midlothian, Virginia. El asaltante, que exigió US$100 mil y finalmente huyó con US$195 mil, fue visto en las cámaras de seguridad cerca del lugar desde una iglesia mientras aparentaba hablar por un teléfono celular.

Al no tener sospechosos, los investigadores solicitaron una “orden de geovalla” dirigida a Google el 14 de junio de 2019. Esto obligó a la empresa a entregar datos de los usuarios cuyos dispositivos estuvieron dentro de un radio de 150 metros alrededor del banco cerca del momento del crimen.

El proceso de búsqueda de las autoridades siguió un protocolo de tres pasos acordado con Google:

• Google proporcionó datos de ubicación anónimos de los 19 usuarios detectados en la zona entre las 16.20 y las 17.20 hs.
• La policía redujo la lista a 9 usuarios y obtuvo datos adicionales, también anónimos, sobre sus movimientos tanto dentro como fuera de la geovalla durante un período de dos horas.
• Los investigadores seleccionaron finalmente a tres usuarios, de los cuales Google entregó información de identidad completa (nombres y números de teléfono).

Los datos de ubicación de Chatrie mostraron que entró en el área unos diez minutos antes del robo y se dirigió hacia una zona residencial inmediatamente después de salir del banco. Basándose en esta información y trabajos policiales posteriores, fue acusado de robo y delitos relacionados con armas de fuego.

Aunque fue sentenciado a casi 12 años de prisión, Chatrie presentó una moción para suprimir la evidencia, tras argumentar que la policía había violado la Cuarta Enmienda al obtener sus datos sin una orden judicial basada en causa probable.

El litigio escaló desde un tribunal de distrito, que admitió la evidencia bajo una excepción de “buena fe”, hasta la Corte Suprema, que el 29 de junio resolvió que el acceso del gobierno a estos historiales de ubicación constituye una búsqueda protegida por la Cuarta Enmienda y devolvió el caso al tribunal de apelaciones para un nuevo análisis.