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El DHS confirmó una nueva ofensiva por fraude electoral: 48 extranjeros enfrentan cargos y hay residentes con green card
Los expedientes corresponden a cinco estados y surgen a poco menos de una semana de los comicios generales
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LA NACION
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció cargos contra 48 extranjeros investigados por presuntos delitos electorales en California, Pensilvania, Florida, Nueva York y Nevada. Las acusaciones incluyen a migrantes con green cards y en la investigación participan varias agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Qué se sabe sobre las acusaciones de fraude electoral realizadas por el DOJ
Los casos comprenden hechos relacionados con las elecciones federales de 2022 y 2024. Según la información difundida por las autoridades, algunos de los imputados también habrían ocultado antecedentes de votación al responder bajo juramento durante sus trámites de naturalización.
La mayoría de las personas acusadas cuenta con la green card, aunque también figura un extranjero indocumentado. Las imputaciones se encuentran en distintas etapas judiciales.
“¡Falta una semana para el día de las elecciones! La ley es clara: solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones de Estados Unidos, y hacer cumplir esta ley es fundamental para nuestra democracia", publicó el DOJ en su cuenta de Facebook.
California concentra la mayor cantidad de acusaciones por voto ilegal
California reúne 28 de los 48 casos anunciados por el DOJ; la distribución incluye:
- 13 acusados en el distrito central
- Seis en el este
- Cinco en el norte
- Cuatro en el sur del estado
El resto de los estados señalan lo siguiente:
- Pensilvania registra nueve imputados: cinco en el distrito medio y cuatro en el este.
- Florida suma seis personas acusadas, todas en el distrito medio.
- Nueva York tiene cuatro casos, tres en el distrito este y uno en el norte.
- Nevada completa la lista con una acusación.
Entre las personas mencionadas en los expedientes se encuentran:
- Alfredo Santiesteban, de origen cubano y sin estatus migratorio regular, señalado por votar en 2024.
- Artur Kopacz, ciudadano polaco con residencia permanente, acusado de participar en las elecciones de 2022 y 2024.
- Omar Alexander Muñoz, ciudadano de Belice y residente permanente, a quien se atribuyen presuntas irregularidades en el registro electoral, varios votos y declaraciones relacionadas con su solicitud de naturalización.
Qué delitos electorales investigan el DOJ y el DHS
De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), las investigaciones bajo la ofensiva por fraude electoral incluyen presuntas infracciones vinculadas con la participación de personas que no son ciudadanas estadounidenses en comicios federales.
La legislación estadounidense reserva el voto a los ciudadanos, por lo que los residentes permanentes no están habilitados para sufragar. Entre las conductas investigadas por las agencias federales se encuentran:
- Registrarse como votante mediante información falsa.
- Declarar de manera fraudulenta la ciudadanía para emitir un voto.
- Presentar datos falsos bajo juramento.
- Corrupción por parte de funcionarios electorales (por ejemplo, autorizar conscientemente el voto de personas no calificadas).
Otras infracciones pueden corresponder exclusivamente a la legislación estatal, según las circunstancias.
“Protect the Vote” y el papel del DOJ en las elecciones 2026
Los procesos se enmarcan en una estrategia del gobierno de Donald Trump orientada a investigar posibles irregularidades electorales. Dentro de ese contexto, “Protect the Vote” funciona como una iniciativa política republicana dedicada a la supervisión y a la presentación de demandas relacionadas con las reglas de votación.
La estructura mencionada incluye equipos jurídicos y voluntarios que participan en tareas de observación y seguimiento de los comicios. Entre sus objetivos se encuentran promover requisitos de identificación, revisar los padrones y establecer condiciones para el voto por correo y la participación electoral.
El DOJ, por su parte, tiene la responsabilidad institucional de investigar y procesar delitos federales. En estas actuaciones trabaja con organismos como el DHS e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), mientras que las autoridades federales también pueden desplegar observadores para controlar el cumplimiento de las normas electorales.
El gobierno de Trump toma medidas por los casos de fraude electoral
El fiscal general Todd Blanche sostuvo que las investigaciones buscan garantizar que el voto en elecciones federales corresponda exclusivamente a ciudadanos habilitados y que cada persona sufra una sola vez.
“Esta es una prioridad del presidente Trump y de toda esta administración”, aseguró en una entrevista con Bloomberg. También afirmó que los procesamientos aumentaron durante el gobierno actual y mencionó cerca de 196 personas acusadas por voto ilegal, frente a 13 casos procesados durante los cuatro años del gobierno de Biden.
Según las declaraciones oficiales, existen miles de investigaciones en curso y se prevé la participación de alrededor de 1000 monitores electorales federales en distintas jurisdicciones. El gobierno federal también respalda mayores controles de identificación y supervisión del voto por correo.
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