Operativos migratorios en Texas: la Fiscalía federal presentó 255 nuevos casos y confirmó cargos contra traficantes

La persecución penal de los delitos migratorios sumó 255 nuevos casos en Texas durante una semana de octubre de 2026. La cifra la dio a conocer el fiscal federal Justin R. Simmons, quien detalló que las actuaciones incluyen acusaciones contra personas señaladas por facilitar el ingreso irregular de extranjeros y contra ciudadanos extranjeros que habrían regresado a Estados Unidos después de ser expulsados.

Los procedimientos forman parte de la estrategia del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) denominada “Operation Take Back America”, creada para concentrar recursos federales en el control migratorio y la investigación de organizaciones criminales transnacionales. La iniciativa también busca llevar ante la Justicia a personas con antecedentes penales que vuelven a ingresar al territorio estadounidense sin autorización.

Entre los expedientes difundidos por la fiscalía figuran un caso relacionado con el presunto ingreso de dos menores mediante documentos de identidad ajenos y varias detenciones de personas con condenas anteriores. Las autoridades señalaron que las investigaciones se desarrollaron en distintos puntos del distrito, que comprende 68 condados y aproximadamente 660 millas (1062 kilómetros) de frontera.

Uno de los casos destacados involucra a Hilary Freyre, ciudadana estadounidense acusada de intentar ingresar a dos menores indocumentados por el puerto de entrada Paso Del Norte. Según el DOJ, habría presentado actas de nacimiento e identificaciones correspondientes a sus propios hijos biológicos para hacer pasar a los menores como integrantes de su familia.

Las inconsistencias detectadas durante la inspección motivaron una revisión adicional. En el procedimiento se incautaron US$1123 y $5400 pesos mexicanos.

Otro expediente corresponde a Oscar David Hernandez-Gonzalez, también identificado como Juan Higera-Medrano. El ciudadano mexicano fue detenido después de saltar de un vagón durante una inspección ferroviaria en El Paso.

La fiscalía indicó que fue deportado siete veces y que registraba condenas anteriores por agresión sexual, prostitución y allanamiento de edificios.

También fueron informados los casos de Raul Azahel Zubia-Alvidrez y Ruben Salazar-Lopez. El primero fue detenido cerca del puerto de entrada de Fort Hancock y tiene antecedentes por robo agravado, asalto y agresión con agravantes.

Salazar-Lopez fue arrestado en las inmediaciones de Eagle Pass y, de acuerdo con la información oficial, acumula cuatro deportaciones y condenas previas por reingreso ilegal y agresión contra un familiar.

La lista de actuaciones incluye a Juan José Aguilar-Gonzalez, detenido en Balcones Heights durante una parada de tránsito. Según los registros mencionados por las autoridades, fue condenado anteriormente por reingreso irregular y tráfico de personas, con antecedentes que se remontan a 2006 y 2008, respectivamente.

En Manor, en el área metropolitana de Austin, fue arrestado Galdino Cortes-Cortes. El hombre fue deportado en 2021 después de una condena por tráfico de extranjeros. Además, contaba con antecedentes por agresión agravada con arma mortal y conducción bajo los efectos del alcohol.

Otro de los casos corresponde a Anacleto Silva-Herrera, detenido cerca de Del Rio. La fiscalía señaló que fue deportado en tres ocasiones y que en diciembre de 2023 recibió una condena por posesión de cocaína con intención de distribuirla. Por ese delito cumplió una pena de 37 meses de prisión.

En tanto, Fermin Gonzalez-Sanchez quedó bajo custodia federal después de ser localizado en el centro de detención de adultos del condado de Bexar. Tras cuatro deportaciones previas, enfrenta un quinto cargo formal por reingreso ilegal.

El DOJ estableció la Operation Take Back America el 6 de marzo de 2025 mediante un memorando de la Fiscalía General Adjunta. La iniciativa reorganiza recursos federales para aplicar las políticas de seguridad pública y control migratorio de la administración del presidente Donald Trump.

El programa articula las Fuerzas de Ataque contra el Crimen Organizado y las Drogas (Ocdetf, por sus siglas en inglés) con Project Safe Neighborhoods (PSN), una iniciativa orientada a la prevención y persecución de delitos. Entre sus objetivos figuran:

• Investigar redes de tráfico de personas y narcóticos
• Combatir pandillas y cárteles transnacionales
• Facilitar el procesamiento penal de extranjeros con antecedentes delictivos

Las directrices también instruyen a los fiscales a priorizar los cargos más graves que puedan probarse y a solicitar la detención preventiva cuando corresponda conforme a la legislación. La estrategia contempla, además, una mayor coordinación con las autoridades estatales y locales para identificar investigaciones que puedan tramitarse ante tribunales federales.

Las actuaciones en el Distrito Oeste de Texas contaron con la participación de distintas dependencias federales, entre ellas:

• La Patrulla Fronteriza
• El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)
• La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)
• El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés)
• Los U.S. Marshals
• La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés)

La cooperación con las fuerzas policiales locales busca facilitar la identificación de sospechosos, reunir pruebas y avanzar con las causas penales. La iniciativa nacional también contempla acciones contra organizaciones criminales transnacionales y el tráfico ilícito a través de la frontera.

La fiscalía aclaró que las querellas y acusaciones presentadas forman parte de procedimientos judiciales y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Por lo tanto, las personas imputadas conservan la presunción de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad penal ante un tribunal.