El fallo de la Corte Suprema por el TPS para venezolanos: “Sentencia anulada y caso remitido para su posterior consideración”

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó una nueva revisión del conflicto judicial relacionado con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos. La resolución fue emitida el 5 de octubre dentro del expediente 26-48, identificado como Mullin, Sec., DHS, et al. v. Nat. TPS Alliance, et al.

En su sitio web, el máximo tribunal publicó una nueva actualización para el expediente 26-48: “Sentencia anulada y caso remitido para su posterior consideración”. La Corte Suprema aceptó la petición de certiorari presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) al dejar sin efecto la sentencia que había dictado el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

El máximo tribunal aplicó el procedimiento conocido como “Grant, Vacate, Remand” (GVR) que puede traducirse como conceder, anular y remitir. Esta decisión no resolvió de manera definitiva si los venezolanos conservarán o perderán el TPS, sino que estableció que el tribunal inferior debe reconsiderar el caso y tener en cuenta el precedente establecido por la Corte Suprema.

La nueva revisión deberá incorporar lo establecido en Mullin v. Doe, 609 U.S. 324 (2026), fallo emitido el 25 de junio. El gobierno federal sostuvo que esa decisión modificó el marco jurídico que debe utilizarse para evaluar determinados límites de la revisión judicial sobre decisiones relacionadas con el TPS.

Con la orden del 5 de octubre, la resolución previa del Noveno Circuito deja de operar como decisión vigente dentro del expediente. Ese tribunal tendrá que analizar nuevamente la disputa y determinar qué consecuencias tiene el precedente de la Corte Suprema sobre los argumentos presentados por las partes.

Venezuela fue incluida en el programa de TPS en marzo de 2021. Posteriormente, la protección fue prorrogada en octubre de 2023 y nuevamente el 17 de enero de 2025, extensión que estableció para determinados documentos una vigencia hasta el 2 de octubre de 2026.

Más adelante, la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, decidió dejar sin efecto esa extensión que aplicaba bajo la designación de 2023 y avanzar hacia la finalización del programa para todos los venezolanos. La National TPS Alliance y otros beneficiarios cuestionaron la medida ante los tribunales.

El conflicto se centró en la facultad del DHS para revertir una extensión que ya se había aprobado. En septiembre de 2025, un tribunal de distrito falló a favor de los demandantes y en enero, el Noveno Circuito confirmó esa decisión y sostuvo que la secretaria del DHS no tenía autoridad legal para cancelar de manera retroactiva la prórroga.

Después del fallo del Noveno Circuito, el gobierno federal apeló y el caso llegó a la Corte Suprema. El 9 de julio, el procurador general John Sauer solicitó que el máximo tribunal utilizara el procedimiento GVR a partir del nuevo precedente establecido en Mullin v. Doe.

La administración federal argumentó que esa decisión debía ser considerada para determinar el alcance de la revisión judicial en el litigio sobre el TPS venezolano. La National TPS Alliance comunicó en agosto que no se oponía a la solicitud de GVR bajo ese nuevo escenario jurídico.

Los jueces analizaron el expediente durante una conferencia privada el 28 de septiembre, antes de emitir la orden publicada el lunes 5 de octubre. El alcance final de la decisión para los ciudadanos venezolanos dependerá de la nueva resolución del Noveno Circuito y de las medidas judiciales que puedan adoptarse posteriormente.