El ICE apuesta US$100 millones a un programa que analiza datos y vínculos personales de migrantes: la advertencia sobre sus riesgos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó la iniciativa ERO ONE con un presupuesto de 100 millones de dólares para contratar analistas de inteligencia. La medida provocó la reacción inmediata de las organizaciones de derechos civiles que lanzaron una advertencia por el uso masivo de datos privados.

El programa del ICE lleva la denominación oficial de Enforcement and Removal Operations Overwatch and National Security Enforcement (ERO ONE). La iniciativa prevé la incorporación de contratistas privados para investigar, evaluar e integrar información proveniente de fuentes autorizadas.

Los analistas de inteligencia contratados realizarán cruce de datos de redes, enlaces y relaciones personales dentro de la sociedad estadounidense. Asimismo, el personal especializado identificará tendencias, patrones, amenazas e interrupciones en la información para elaborar informes operativos.

Documentos de contratación federal revelaron la existencia de este proyecto durante el mes de septiembre de 2026. La estructura contempla la asignación de analistas en las distintas oficinas de campo de la agencia migratoria en todo el país.

La función principal de estos analistas consiste en examinar volúmenes masivos de datos para detectar personas no sospechosas de delitos. De igual modo, la agencia busca rastrear conexiones personales y grupales mediante el uso de tecnología avanzada e inteligencia artificial.

En un comunicado publicado este 19 de octubre, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) advirtió que la iniciativa opera como un organismo de policía secreta doméstica. La organización señaló que el programa redirige la vigilancia policial hacia el interior de la sociedad civil y los ciudadanos.

La ACLU afirmó que el análisis de redes sociales y vínculos personales implica una vigilancia masiva sin sospecha previa de delito. Según la entidad, esta metodología utiliza la culpa por asociación para ampliar el círculo de personas bajo investigación federal.

La organización enfatizó que la identificación de amenazas por algoritmos e inteligencia artificial generará falsas sospechas sobre ciudadanos inocentes. Además, la entidad expresó preocupación por el señalamiento a activistas, organizaciones sin fines de lucro y donantes de la sociedad civil.

En ese marco, la entidad subrayó que el uso de empresas privadas para estas tareas permite esquivar los límites constitucionales sobre la privacidad de los datos. La organización alertó sobre los riesgos de que las firmas comerciales accedan de forma directa a la información del gobierno.

Según la ACLU, el programa ERO ONE se suma a otras iniciativas de vigilancia masiva aplicadas por las agencias migratorias de EE.UU. La Patrulla Fronteriza recopila datos de lectores automáticos de matrículas para rastrear patrones de viaje de conductores en todo el territorio nacional.

De igual forma, el gobierno federal consolida bases de datos gubernamentales con información de ciudadanos y residentes legales. Estas herramientas informáticas cruzan registros públicos y privados en el marco de la campaña nacional de deportaciones.

Ante esta situación, la ACLU solicitó la intervención inmediata del Congreso federal para fiscalizar las operaciones del programa. La organización exigió definir los límites de la misión, el alcance de la inteligencia artificial y los controles sobre los datos personales.